Marcha atrás a suspensión de evaluaciones, exige Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo.- El gobierno federal de ninguna manera debe ceder ante los chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y debe dar marcha atrás a la decisión “unilateral e ilegal que lesiona el corazón de la reforma educativa” de suspender en forma indefinida los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia en educación básica, media y superior.

Pero si la SEP pretende mantener esta determinación “absurda, irracional y llena de oprobio” que afecta a los niños “basados en la figura de interés jurídico que lesiona su derecho a tener una mejor educación, nos amparemos, buscaremos defender esos derechos”, advirtió el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González.

El responsable de este organismo civil que impulsa la educación de calidad en el país sostuvo que “esta imposición habla de la debilidad gubernamental ante la CNTE y la vamos a atacar por todos los medios legales y confió en que vamos a ganar. Nos vamos a amparar en contra de esta decisión, definitivamente”, insistió.

A la par, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, calificó como inaceptable que la formación de la niñez y la juventud mexicanas “sean rehenes de las presiones de grupos a los que, en la práctica, poco importa la educación y obedecen a intereses políticos que pretenden desestabilizar la buena marcha y el desarrollo del país”.

González Guajardo dejo en claro que las autoridades federales están poniendo lo político electoral, nuevamente, por encima de los derechos de los niños. Se trata, dijo, de “un gobierno federal que se comporta a la altura del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, al ceder ante estos grupúsculos de la delincuencia organizada ante este chantaje burdo”.

Por ello, prosiguió el presidente de Mexicanos Primero, “exigimos al Ejecutivo que dé marcha atrás a esta decisión que es contraria a la reforma del Artículo Tercero constitucional así como a los derechos de miles de maestros y millones de educandos en México”.

Al preguntarle si era inválida la lógica oficial en el sentido de no querer incendiar el país en tiempos electorales con este tema ríspido en algunas plazas –como Guerrero, Michoacán o Chiapas-, Claudio X. González ripostó de inmediato:

Nos parece que la ley no está para cuando le convenga al gobierno: la obligación de un funcionario es cumplir y hacer cumplir la ley y tú no puedes hacer a un lado la ley porque hay elecciones de por medio o porque te chantajean un grupo que ellos a lo largo de los últimos meses y años no han sabido manejar ni controlar, han sido débiles, muy poco firmes en la conducción y en la aplicación de la ley y ahora que se les viene encima, hacen a un lado la ley. No se puede dar ese lujo ningún gobierno y menos en una cosa tan clave como es la evaluación de los maestros porque es el corazón de la reforma educativa”, indicó.

Aunado a ello, sentenció, la educación nacional vuelve a quedar en condición de rehén, por el cálculo político y por la ineptitud de las autoridades para asegurar el orden público y la implementación de la ley. “Es una nueva escena de ataque a la reforma, la más grave hasta el momento, pues en este caso es la misma autoridad la que sabotea el proceso”, recalcó González.

Y Romero Hicks sostuvo por su lado que medidas como estas evidencian la falta de oficio del gobierno federal para hacer valer las reformas que con tanto esfuerzo y contra todas las presiones se lograron aprobar por el Congreso de la Unión y de las que la nación espera su implementación efectiva.

No podemos confundir sensatez con flaqueza, ni prudencia con debilidad. Una decisión así va contra la mayoría de los profesores que sí apoyan la reforma educativa y que todos los días la ponen en práctica”, dijo el legislador panista.

González Guajardo remato: “no hay motivo técnico alguno para esta suspensión y se desenmascara así como una peligrosa e ilegal cesión de soberanía ante el chantaje de la CNTE. Provoca una grave falla de credibilidad en el gobierno, y los ciudadanos rechazamos de manera categórica una incongruencia de esta magnitud”.

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