Hermético Graco sobre supuestos nexos con Guerreros Unidos

CUERNAVACA, 2 de febrero.- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se negó a fijar una postura, respecto a las acusaciones que formuló en su contra el Consejero Estatal del PRD, Ignacio Suárez Huape, respecto a la presunta protección que el gobierno estatal brinda  a la organización criminal Guerreros Unidos.

En su habitual mensaje de los días lunes, se presentó con diversos funcionarios de su gabinete a quienes removió de sus cargos, para nombrar a nuevos colaboradores, acciones que comenzó a realizar desde el pasado mes de noviembre cuando se dieron los primeros cambios en su gabinete.

Desde hace año y medio, el gobernador no acepta preguntas de los representantes de los medios de comunicación, luego de las manifestaciones ciudadanas en su contra con el objetivo de removerlo de su cargo, ante el incumplimiento de su promesa de acabar con la delincuencia en 18 meses.

A partir de ese momento, la oficina de Comunicación Social encabezada por Jorge López Flores, impidió a los reporteros de la fuente local y a los corresponsales nacionales, realizar preguntas al mandatario que leía un mensaje sin interrupciones, pero tampoco se le podían dirigir preguntas sobre el tema.

Ante la seriedad de las acusaciones, formuladas por Suárez Huape, se pidió al gobernador que fijará una postura en torno a este tema, que no mereció el interés del mandatario, pese a que la propia Universidad de Morelos ha demostrado a través del estudio Atlas de la Violencia en Morelos, la existencia de un corredor de la violencia entre Iguala y Cuernavaca.

Suárez Huape, entregó una carta el pasado 13 enero en la oficina del gobernador Graco Ramírez, donde solicitaba al mandatario que pasara del discurso a la acción y decomisara las seis casas que fueron encontradas a Abarca en Morelos, con el fin de deslindar a su gobierno de este grupo criminal, pero hasta la fecha la petición tampoco mereció el interés del mandatario, quien no ha dado respuesta a dicha petición.

Debido a la presión internacional y las organizaciones que en todo el país apoyan la causa de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Ramírez Abreu, trató de salir al paso este domingo, al solicitar a la PGR en su discurso del segundo informe, que llegue a la verdad histórica y la legal, que deje satisfecho a la sociedad sobre lo que ocurrió a los normalistas la noche del 26 de septiembre en la Ciudad de Iguala.

Visiblemente molesto, el Gobernador abandonó el salón Morelos del Palacio de Gobierno y se dirigió a su oficina, luego de realizar cambios en la Secretaría del Trabajo, removió de su cargo a José de Jesús Pérez y designó a Gabriela Gómez Orihuela.

También tomó protesta a Rafael Cal y Mayor y Franco, como director general del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM). Y designó al exdirector de este organismo, Armando Sanders de Mendoza, como Tesorero General de la Secretaría de Hacienda.

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