Somos Veracruz denuncia ante el TEPJF a exfuncionarios y cuatro alcaldes
El partido Somos Veracruz recurrió al OPLE y a la Sala Regional Xalapa del TEPJF para denunciar presuntos actos anticipados de campaña.
La contienda política en Veracruz escaló al plano legal luego de que la dirigencia estatal del partido Somos Veracruz presentó una serie de denuncias ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra exfuncionarios estatales y ediles en funciones por presuntos actos anticipados de campaña.
Las acciones jurídicas señalan directamente a Eduardo “Tato” Vega, exsubsecretario de Desarrollo Económico, y a Delia González Cobos, extitular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por una presunta intervención política indebida mediante el aprovechamiento de estructuras e influencia institucional previas.
Ambos son actualmente aspirantes de Morena a una candidatura para la diputación local.
Según la representación legal del partido, encabezada por Celso David Pulido Santiago, los señalados han participado de manera reiterada en actos proselitistas durante días y horas hábiles. La denuncia sostiene que estas conductas vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, consagrados en el artículo 134 de la Constitución.
El recurso legal alcanza también a cuatro autoridades municipales en funciones: Claudia Liliana Castillo Pimentel, alcaldesa de Ayahualulco; Daniela Villegas Olmos, alcaldesa de Teocelo; Eduardo Pozos Pérez, alcalde de Xico, y Ubaldo Pérez Vallejo, de Totutla.
La estrategia jurídica busca fijar un precedente sobre la responsabilidad de actores políticos que operan electoralmente tras dejar la función pública, así como de funcionarios en activo que presuntamente consienten o facilitan el uso de recursos e imagen pública en favor de estructuras partidistas.
Tras la admisión de los juicios en la Sala Regional Xalapa del TEPJF, las autoridades electorales iniciaron el análisis de las pruebas para determinar si existieron violaciones a la normativa electoral. De acreditarse las faltas, el tribunal podría imponer desde sanciones administrativas y medidas de reparación hasta procedimientos formales de responsabilidad.