Acusan a jefa del CENDI de San Lázaro por acoso y violencia laboral
Una asistente educativa presentó una queja ante la CNDH y una denuncia ante la Contraloría Interna
La Cámara de Diputados analiza el caso de Adriana Espinoza Carbajal, Jefa de su CENDI “Antonia Nava de Catalán”, porque junto con al menos tres funcionarios más fue acusada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la asistente educativa Ana Karen Rocha Juárez, ante las constantes prácticas de acoso laboral y tratos degradantes en su contra.
De acuerdo con la queja presentada ante la CNDH, a pesar de la condición médica de Rocha Juárez, que tiene placa y seis tornillos en la extremidad pélvica izquierda, que es la parte que une la pierna con la cadera, y por la cual no debe cargar, la Jefa del CENDI de la Cámara de Diputados le asignó al área de maternal y cuando la asistente educativa cargó a un menor de edad se torció el pie izquierdo y eso generó que se le lastimara la zona pélvica, donde tiene los tornillos.
A pesar que la doctora Paulina Yael Villalba Alvarado, quien estaba de guardia en el Servicio Médico de la institución, aseguró que no había mayor problema de salud y sólo recetó un gel, días después Ana Karen Rocha Juárez tuvo que ser operada en un hospital particular para retirarle “el material y reparación tendinosa”.
El caso escaló al grado en que la Jefa del CENDI ordenó que se le impidiera el paso a Rocha Juárez al lugar de trabajo, luego que ella presentó una queja ante la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados; frente a la actitud de la Jefa del CENDI, la trabajadora presentó la queja ante la CNDH.
En el documento presentado ante la Comisión Nacional, detalla como “hostigamiento y violencia laboral sistemática que a partir de marzo del 2026, la C. Adriana Carbajal inició de manera sistemática actos de acoso laboral, maltrato verbal, asignaciones desproporcionadas de cargas de trabajo y descalificación profesional en mi contra. Ante dichos actos presenté denuncias formales ante la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, hecho que detonó un patrón de represalias institucionales en mi perjuicio”.
Relata el accidente ocurrido el 9 de septiembre y las omisiones en que incurrieron diversas autoridades administrativas, que la llevaron a operarse en un hospital privado.
“En reunión formal celebrada el 25 de septiembre de 2026, los funcionarios Lic. Joaquín Moctezuma, Mtra. Carmen Castela y C. Wendy (de Relaciones Laborales) reconocieron de manera explícita que la inacción de los mandos inmediatos y la falta de envío del oficio formal en el plazo legal de tres días provocará, con un 100% de probabilidad, que la Subdelegación del ISSSTE determine la improcedencia del formato RT-02, por extemporaneidad.
“La representación patronal pretende de forma dolosa e ilegal transferir las consecuencias jurídicas de su propia omisión administrativa a mi persona”, sostiene.
Añade que Adriana Espinoza Carbajal ordenó negarle la entrada para no recibir la documentación correspondiente para acreditar el riesgo de trabajo y en esa ocasión “la Mtra. Carmen Castela y la Lic. Karina Sánchez condicionaron la recepción de los documentos e intentaron coaccionar a mi representación para retirar los escritos de queja, donde se asienta la negativa oficial, exigiendo el desestimiento de denuncias como condición para dar trámite a mis derechos de seguridad social”.