Legisladoras sin poder de decisión política

Un régimen político no es  bueno si se sigue

matando impunemente a los periodistas.

El objetivo principal de la actividad política es lograr espacios de poder para hacer el bien común. No hay ningún actor político de izquierda, centro o derecha que compita electoralmente, que no se comprometa a buscar solucionar algún problema que aqueje a la sociedad. Por ejemplo, acabar con la inseguridad, la violencia, la corrupción o la pobreza. Pero, son pocos los que logran cumplir.

Es el caso de las mujeres que han logrado ser parte del Poder Legislativo desde el 2018. Se luchó mucho para lograr esta presencia legislativa paritaria, pero el impacto para mejorar las condiciones sociales y económicas de las mujeres ha sido mínimo (a pesar de la gran cantidad de iniciativas que presentan las diputadas). Incluso hay retrocesos, como el del anexo especial de presupuesto para impulsar la transversalización de la perspectiva de género que se logró etiquetar desde el 2008 hasta el 2018. Comenzó con 7 mil millones de pesos y creció hasta  26 mil millones. Se ejercía a nivel federal a través de más de 20 instituciones, incluidas las de las Fuerzas Armadas y los órganos autónomos. Pero, desde el 2019, se incluyeron los “programas estrella” del gobierno federal, por ejemplo, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Con ello se tendió una cortina de humo, porque, al mismo tiempo, se recortaron recursos para programas especiales que impactaban en la mejoría de las condiciones de vida de las mujeres más pobres del país, por ejemplo, recursos para las mujeres de comunidades indígenas o de apoyos para la pequeña y mediana empresa encabezadas por mujeres.

Se recortaron recursos para los refugios de mujeres que padecen violencia de género, se desaparecieron las estancias infantiles y ahora, para colmo, en el preámbulo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que desaparece el programa de Escuelas de Tiempo Completo por falta de presupuesto. Ante ello, diversos actores de la sociedad civil, como Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta A.C., ha señalado que la falta de estos espacios vuelve vulnerables a los niños que tendrán que quedarse solos mientras sus padres regresan de trabajar a sus hogares.

No obstante, la importancia del tema, las que no han alzado la voz ni han defendido la permanencia del programa son las legisladoras que conforman la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados. Tal vez porque la responsabilidad de etiquetar los recursos necesarios para estos programas, que son indispensables para lograr una mayor igualdad de las mujeres en el ámbito económico, es de las diputadas que estuvieron de acuerdo en no cambiar una sola “coma” del presupuesto que votaron en diciembre, tal y como lo expresó el Presidente de la República.

Tampoco han querido discutir los temas de la agenda que sí les importan a las mujeres jóvenes de nuestro país: la despenalización del aborto, por ejemplo; mucho menos han querido impulsar normas que obliguen a los gobiernos de diferentes niveles a implementar programas de reactivación económica para que las mujeres puedan tener trabajos dignos, formales y con prestaciones de seguridad social que les permita gozar de autonomía económica.

Lamentablemente, poco podemos esperar de una mayoría legislativa que no le ha permitido a las diputadas y senadoras tomar decisiones. Si bien es cierto, conforman la legislatura de la paridad, no lo son de la igualdad ni para ellas mismas.

Son cuatro las reformas constitucionales que han logrado impulsar. Una de ellas es la de paridad total, pero, no se han reformado las leyes secundarias para garantizar esta reforma. Entre las reformas importantes a leyes secundarias  se encuentra la de tipificar la violencia política. Es en ese contexto que surge la pregunta: Las mujeres que logren ser nombradas en los espacios de primer nivel a partir del mandato constitucional de paridad total ¿podrán participar de la toma de decisiones o tendrán que seguir denunciando violencia política, como pasó con la exsecretaria de Gobernación y actual senadora, Olga Sánchez Cordero?