A dos siglos del Poder Legislativo
La Cámara de Diputados federal y los Congresos locales son los de menor confianza ciudadana.
No a Putin, sí a la paz
“¿Juráis defender y conservar la religión católica apostólica romana sin admitir otra en el imperio?” Es el primer juramento que realizaban los diputados constituyentes el 24 de febrero de 1822, en la instalación del primer Congreso de México como nación libre y soberana. De dos en dos subían al presbiterio y ponían la mano derecha sobre los santos evangelios para prestar semejante juramento. Además de reconocer a la religión católica como única, aprobaron que el gobierno de la nación mexicana adoptaba el modelo de monarquía moderada constitucional, y se comprometieron a garantizar la separación absoluta del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial
A pesar de la solemnidad con la que juraron los 102 constituyentes, según consta en el Acta de Instalación del Primer Congreso Constituyente Mexicano, la sesión se tensó cuando el Serenísimo Generalísimo Almirante, don Agustín de Iturbide, decidió ocupar el lugar que correspondía al presidente del Congreso con el argumento de que lo hacía por el privilegio que la Junta provisional, ejerciendo su soberanía, le concedió. Los constituyentes inconformes tuvieron que aguantarse porque Iturbide no sólo se mantuvo en ese asiento, sino que, al poco tiempo, disolvió el Congreso.
A doscientos años de este primer intento de Congreso constituyente es inimaginable que los diputados juren sobre la Biblia y mucho menos que los mexicanos no gocen de libertad de culto. Pero, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha intentado sentarse en el lugar del presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, su presencia se impone en las votaciones que realizan los legisladores. No sólo para votar el presupuesto sin moverle una coma (como en los tiempos del viejo régimen político), sino para reformar la Constitución y las leyes secundarias para tener las herramientas necesarias para concretar venganzas personales del titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la reforma para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar las cuentas bancarias sin orden judicial.
Lamentablemente, este sometimiento de la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados no ha servido para mejorar su imagen. Mientras que el Presidente sigue gozando de una alta popularidad (pese a los escándalos de la Casa gris y los videos de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo). La Cámara de Diputados federal y los Congresos locales son los de menor confianza ciudadana (Inegi, 2020).
Esta desconfianza ciudadana en los legisladores puede tener su origen en la falta de rendición de cuentas del trabajo legislativo y la falta de claridad en el papel que desempeña el Poder Legislativo. En primer lugar, porque la mayoría de los ciudadanos los ven como gestores. Y tienen razón. A nivel local tal vez esa sea una función primordial dado los problemas de seguridad, falta de empleo y pobreza en la mayoría de los Estados, pero, a nivel federal, la función primordial de los legisladores debería ser legislativa y, por ende, una función de control hacia los otros Poderes. Causa confusión para los ciudadanos entender cuál es el verdadero papel de los legisladores cuando sólo los ven debatir o hacer declaraciones a favor o en contra de las iniciativas del Presidente.
En segundo lugar, la presencia paritaria de legisladoras no ha generado un cambio inmediato en la vida de las mujeres, aunque representan más del 50% de la población y hay mucha expectativa por la presencia femenina en el órgano legislativo. Si bien es cierto, las diputadas y senadoras han impulsado varios cambios legislativos, algunos están sin concluir el proceso de aprobación y, los que ya se promulgaron en lo federal no han sido armonizados a nivel local, pues enfrentan importantes resistencias. Esto, a pesar de que también los Congresos estatales están conformados, en su mayoría, de forma paritaria.
En tercer lugar, el ruido que causa la confrontación del Presidente de la República con diversos actores impide que los legisladores impongan su agenda sobre problemáticas que son urgentes de atender para los ciudadanos, por ejemplo, los feminicidios y los asesinatos a periodistas que se siguen acumulando cada semana.
