YAKARTA.— Cuando la transición energética en un país debe desarrollarse en un contexto económico difícil, dar respuesta a la distribución desigual de sus efectos se vuelve un desafío más complejo e imperioso. En Indonesia (de su economía se dice que es una “bomba de relojería”), la extracción de carbón ha sido por mucho tiempo el principal motor del PIB en algunas regencias y provincias. La transición energética en esos lugares implica una cuestión política delicada: cómo sostener allí la diversificación económica e impulsar el crecimiento económico sin dejar de combatir el cambio climático.
La respuesta parece obvia, reducir la vulnerabilidad económica exige diversificar las fuentes de ingresos. Pero decirlo es más fácil que hacerlo. Una transición energética justa exige una transformación más amplia, crear oportunidades de empleo reales, reducir las deficiencias de capital humano y aliviar la pobreza. Sobre todo, estos esfuerzos deben estar en sintonía con el contexto local, reconocer las fortalezas exclusivas de cada zona y responder a las necesidades específicas de cada comunidad.
Pulau Panggung, una aldea de Muara Enim —una de las regencias más dependientes del
carbón—, en la provincia de Sumatra del Sur, ilustra esa vulnerabilidad. Según un estudio de WALHI Sumatera Selatan (Amigos de la Tierra de Sumatra del Sur) y el Centro Indonesio de Derecho Ambiental, 56.7% de sus habitantes trabaja en la minería, permanente u ocasionalmente. Cuando la extracción comenzó, a principios de la década de 1990, la comunidad local abandonó en gran medida la agricultura, que hasta entonces era el principal motor económico de la aldea. Ahora que a las empresas mineras se les vencen los contratos y comienzan a implementar medidas de eficiencia, los medios de vida de los aldeanos están en riesgo. Esta vez no hay una actividad que la sustituya.
La economía posextractiva podría recuperar la agricultura y sumar el turismo de naturaleza. Pero la transición hacia esos sectores demanda un ecosistema saludable. Para ello, es esencial obligar a las empresas a cumplir sus obligaciones en materia de restauración de los terrenos explotados. Después de décadas de abandono del campo, los habitantes también necesitarán capacitación en agricultura sostenible y oportunidades para adquirir otras habilidades económicas, como la comercialización en línea.
Algunos obstáculos para crear nuevas bases económicas en Pulau Panggung son estructurales. Entre ellos está la ambigüedad jurídica sobre la propiedad de la tierra, un problema histórico en el país. Pero el desafío más importante, aquí y en otros lugares, es la falta de canales formales para desarrollar iniciativas locales eficaces. Las fortalezas comunitarias deberían orientar la transformación económica. La centralización de las normas y de las decisiones públicas en Indonesia —particularmente visible en el sector energético— impide aprovecharlas.
El gobierno indonesio orienta la planificación de la transición mediante directrices generales, que en teoría deberían traducirse en planes provinciales y de las regencias acordes con las características de cada territorio. Sin embargo, el plan de desarrollo regional de mediano plazo de Sumatra del Sur para 2025-2029 no define cómo impulsar la transformación económica y sólo reconoce que los esfuerzos para reducir la dependencia del carbón son insuficientes. Reconoce la importancia de los recursos naturales, pero no explica cómo aprovecharlos según las necesidades de cada aldea y sin dañar los ecosistemas.
Indonesia no es un caso aislado. Muchos gobiernos tienen deficiencias similares. La respuesta exige un enfoque descentralizado, con dos objetivos.
El primero es garantizar el involucramiento directo de las comunidades afectadas. Confiar la planificación a los gobiernos locales y garantizar la participación efectiva de los habitantes permitiría diseñar medidas locales y ampliar las oportunidades laborales para quienes corren el riesgo de perder su empleo.
El primer paso para integrar las iniciativas comunitarias en las políticas públicas debe ser evaluar las condiciones locales. Antes de aprobar cualquier plan, las autoridades deben estudiar los medios de vida, la tenencia de la tierra, las capacidades laborales y las fortalezas de cada zona. En Pulau Panggung, ese diagnóstico revelaría el potencial agrícola y turístico de la aldea. También permitiría definir inversiones y apoyos para que esas actividades generen ingresos estables para la comunidad.
El segundo objetivo es crear fondos regionales que destinen ingresos de la minería y los combustibles fósiles a financiar transiciones comunitarias. Un buen referente es el Fondo Permanente de Alaska, mediante el cual el gobierno de ese estado invierte parte de los ingresos petroleros y mineros en programas que benefician a largo plazo a todos sus habitantes, actuales y futuros.
Administrado por una entidad estatal, este fondo financia servicios como educación, salud e infraestructura básica. Otros gobiernos podrían adoptar instrumentos similares, con transparencia y participación comunitaria en el destino de los recursos.
El tiempo para crear fondos regionales se agota. Indonesia y otros países deben actuar antes de que disminuyan los ingresos de la minería y de los combustibles fósiles. El primer paso podría ser implementar en las regiones afectadas (por ejemplo, Muara Enim) proyectos piloto para poner a prueba las posibilidades. Cualquier demora innecesaria conlleva riesgo de dejar a las comunidades provistas de planes y sin fondos para ejecutarlos.
*Estratega sénior en el Centro Indonesio de Derecho Ambiental
www.project-syndicate.org