López Obrador, el olvido y el perdón

“Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”, dice el poeta Jorge Luis Borges. Parece sencillo, pero el olvido, como venganza y perdón, es uno de los mayores desafíos que cualquiera de nosotros puede tener: asumir, imponernos el olvido es un sentimiento mucho más difícil, más arduo internamente, que inclinarnos hacia la venganza o incluso el perdón.

No está equivocado, en términos generales, el presidente electo López Obrador al insistir en el perdón. Es verdad que el Presidente de la República, como se llame, no tiene atribuciones para juzgar a nadie, pero todos sabemos cómo la decisión presidencial puede inclinar el plato de la justicia. Pero es verdad lo que dice sobre cómo en ocasiones “desestabiliza juzgar a los corruptos”, sobre todo cuando se considera que el fenómeno ha sido tan extendido que ha llegado a muchos ámbitos políticos, económicos y sociales.

Me imagino que él o alguno de sus cercanos debe estar pensando en lo que sucedió en Brasil, donde la persecución de la corrupción terminó convertida en una lucha partidaria que acabó con una presidenta destituida, el expresidente más popular del país preso, decenas de políticos y empresarios detenidos, más de la mitad del Congreso procesado en un país en crisis que convirtió esa lucha anticorrupción en “el gobierno de los jueces”, en el cual los magistrados actuaban como representantes de partidos acusando a los dirigentes o funcionarios rivales. El resultado de todo eso fue Lula en la cárcel y Bolsonaro a punto de llegar al poder.

También se ha hablado de que lo propuesto por López Obrador sería una suerte de ley de Punto Final como la que suscribió Raúl Alfonsín tres años después de concluida la dictadura argentina, en 1986. La ley de Punto Final estableció la prescripción de la acción penal contra los imputados como autores de delitos como la desaparición forzada de personas, detenciones ilegales, torturas y asesinatos de opositores políticos que tuvieron lugar durante la dictadura militar de 1976-1983.

No es lo mismo. Primero, antes de la ley de Punto Final, Alfonsín había hecho elaborar un detalladísimo informe, que coordinó Ernesto Sábato, sobre lo sucedido en la dictadura con su secuela de miles de muertos y desaparecidos que retrató con toda su crudeza el terrorismo de Estado.

El informe, titulado Nunca más, es uno de los relatos más estremecedores que se pueden encontrar sobre cómo un Estado represivo aniquila todo tipo de oposición. Alfonsín terminó promulgando esa ley porque estaba convencido de que sin ella terminaría ocurriendo un nuevo golpe de Estado. Había sufrido asonadas militares, la oposición lo atosigaba y pensó que el punto final podría traer estabilidad.

Con los años, el olvido del que hablaba Borges nunca se impuso como perdón y venganza y lo que tenía que suceder, con una democracia más sólida, sucedió: la ley fue derogada en 2003 y la inmensa mayoría de los sátrapas que gobernaron Argentina en aquellos años terminaron juzgados y en prisión.

López Obrador no es Alfonsín, el suyo no es un gobierno débil que está saliendo de una dictadura militar, sino un presidente fuerte, con poder, que tiene amplias mayorías legislativas en una democracia que es mucho más sólida de lo que creemos. No necesita fortalecerse ensañándose con sus predecesores.

El gesto del miércoles, invitando a comer a su casa a Enrique Peña Nieto, habla bien de él porque para gobernar necesita estabilidad y un ambiente de confianza.

Eso no implica que cuando haya delitos no se castiguen con justicia y transparencia. Pero no podemos olvidar que nuestra política está llena de prejuicios, de mitos, de acusaciones en ocasiones fundadas, pero muchas otras no. Sin ir tan lejos como Argentina o Brasil ya vimos el costo político y social que tuvo un periodo político de persecución como el que se gestó en el sexenio de Ernesto Zedillo con el tristemente célebre fiscal Pablo Chapa Bezanilla, quien definía los culpables antes de siquiera investigarlos. El costo para la estabilidad, para el sistema político y, sobre todo, para la justicia, fue altísimo. López Obrador tiene todo (tendrá hasta un fiscal políticamente cercano) para transitar esa muy delgada línea que delimita al perdón de la venganza sin que, necesariamente, se tenga que recurrir al olvido.

LA LEY TAIBO

No sé si Paco Taibo II es el mejor prospecto para dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero que se le niegue esa posibilidad por un anacronismo, que siga haciendo una diferenciación legal entre los mexicanos por nacimiento y los mexicanos por naturalización, debería ser inaceptable. Son los anacronismos, los prejuicios que impidieron, por ejemplo, que en el pasado figuras tan notables como Jesús Reyes Heroles o, incluso, Carlos Hank González, como muchos otros, vieran truncadas sus aspiraciones políticas porque uno de sus padres no era nacido en México. Esa norma se desechó, pero la diferencia entre mexicanos por nacimiento y por adopción persiste. El Congreso mostró su pequeñez votando una ley para que Taibo II pueda ser director del FCE y dejando para todos los demás una norma legal sin sentido y discriminatoria.