El nearshoring y el plan C

Por: Juan Carlos Machorro

Mucho se ha escrito al respecto. La coyuntura actual de la relocalización de cadenas de suministro presenta oportunidades indudables para nuestro país.

Recientemente, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) planteó a Claudia Sheinbaum una serie de propuestas para aprovechar el tema del nearshoring con el propósito de impulsar el comercio exterior y la inversión en el periodo de 2024 a 2030 en el documento titulado 24 para 2024: Ideas y propuestas para que las y los mexicanos aprovechemos las fortalezas de México como líder global.

Las propuestas incluyen, entre otras, impulsar una estrategia de fortalecimiento de la relación entre México y Norteamérica a través del T-MEC, impulsando el desarrollo regional conjunto y estrechando la coordinación de los tres países ampliando así la integración de cadenas de valor productivas, crear una estrategia global centrada en la liberalización del comercio que facilite la disponibilidad de insumos de calidad a precios competitivos y el aseguramiento de energía suficiente, competitiva y limpia para las empresas.

Cabe recordar que tan pronto como 2026, los gobiernos de los tres países parte del T-MEC enfrentarán la primera revisión al tratado con el propósito de analizar avances y retrocesos en la relación comercial tripartita, incluyendo el comportamiento en sectores diversos y los procesos de consulta abiertos, destacadamente en nuestro caso, en el sector de las energías.

Otras recomendaciones consisten en la creación de una estrategia integral para atraer inversiones al país, ofrecer garantías de certeza jurídica preservando el Estado de derecho para generar confianza con los inversionistas y la promoción de proyectos de la mano de la iniciativa privada operados por firmas especialistas.

Es indudable que Sheinbaum y su equipo de trabajo enfrentarán esta coyuntura con una indiscutible legitimidad y contarán con capacidad de sobra para asumir los retos en la materia y con un apoyo decidido del sector privado.

Pero existe un reto adicional, de carácter endógeno, de transitar inteligente y estratégicamente la revisión y discusión de algunas de las 18 reformas constitucionales planteadas por el Presidente a inicios de febrero. Algunas, se ha visto con claridad recientemente, no serían bien recibidas por los mercados, por posibles inversionistas y, hay que decirlo, por los socios comerciales de nuestro país.

De especial relevancia dentro de las reformas constitucionales planteadas preocupa la reforma planteada al Poder Judicial si como parece del texto original de la iniciativa se restringe su autonomía, lo cual es percibido por los mercados aquí y alrededor del mundo como un riesgo cualitativo mayúsculo al momento de tomar decisiones de inversión.

No es posible negar que el sistema judicial requiere de una profunda revisión y de una reforma integral, aunque idealmente como lo ha anunciado Sheinbaum a partir de un ejercicio de análisis abierto. En nuestra opinión el objetivo debe trazarse hacia el fortalecimiento (y no el sometimiento) del Poder Judicial, mejorando su especialización, su eficiencia y eficacia a todos los niveles, pero destacadamente a nivel local donde el ciudadano de a pie es quien padece la ausencia de una administración de justicia eficiente.

Otra de las reformas que podría levantar ámpula se refiere a las áreas estratégicas y prioritarias del Estado que busca modificar la naturaleza de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) introduciendo entre otros temas cuotas de mercado en el sector eléctrico a favor de CFE. Esto podría encender focos rojos en el contexto del proceso de consultas bajo el T-MEC y no abonaría al cumplimiento de los objetivos en materia de descarbonización, que están en la mira de la próxima Presidenta.

No menos preocupante es la reforma consistente en modificar la configuración de la administración pública federal que pretende desaparecer órganos autónomos bajo el argumento de simplificar la estructura de la administración. Esto no abonaría a un clima de certeza jurídica y pesos y contrapesos, al desaparecer organismos cuya existencia y operación se justifica en las democracias liberales a partir de la técnica y la especialización, de la necesaria independencia del poder central y la protección del cumplimiento de reglas en temas tan relevantes como la competencia económica, la privacidad de las personas, el acceso a la información y la regulación técnica de sectores altamente regulados y especializados como la energía y las telecomunicaciones.

Confiemos en la capacidad de diálogo entre los distintos actores para aprovechar las oportunidades que presenta la coyuntura actual con plena consciencia de que las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto implacable en el futuro del país.