Violencia y abusos acorralan a estudiantes
Protocolos “simulados”, homicidios de mujeres e impunidad administrativa hunden a la universidad en una inoperabilidad sin precedentes, acusan activistas
Una ola de violencia letal que cobró la vida de nueve alumnos entre 2025 y septiembre pasado, la simulación de filtros de acceso y botones de pánico que no se atienden, así como el blindaje institucional hacia profesores y trabajadores sindicalizados acusados de acoso sexual y extorsión de calificaciones, mantiene contra la pared a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y al gobierno estatal, mientras colectivas feministas exigen la aplicación real de los protocolos de protección, la reforma a la Ley Orgánica universitaria para dotar de autonomía a la Unidad de Género y la rescisión de contratos a docentes agresores.
La crisis en la máxima casa de estudios morelense se inserta en un escenario nacional en el que se registra un récord de al menos 31 eventos armados en el interior de planteles escolares de enero a octubre, sumados a ataques con armas blancas en secundarias de Coahuila y Michoacán, asaltos a mano armada, acoso y abuso sexual diario y extorsiones en los trayectos estudiantiles.
En Morelos, el saldo de violencia letal contra la comunidad académica abarca los feminicidios de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de la Facultad de Psicología ultimada en 2025; Kimberly Ramos; Karol Toledo Gómez, reportada como desaparecida el 2 de marzo en Mazatepec y hallada sin vida; Michelle Itzayana Fuentes Calderón, y Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de 21 años procedente de la Universidad de Granada, España, cuyo asesinato en septiembre pasado provocó protestas masivas en Cuernavaca.
Homicidios contra estudiantes
A esta estela de violencia se añaden homicidios dolosos en Cuernavaca y Cuautla, el asesinato de un estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM a inicios de septiembre, la desaparición del alumno Dorian Alí Olivos Rodríguez y ataques armados en carreteras contra familias en traslado a sus centros de estudio.
En entrevista con Excélsior, Zaira Hernández integrante del Centro Comandanta Ramona Soy, cuestionó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de los planteles y la falta de políticas de prevención efectivas.
“La universidad no cuenta con estas medidas de seguridad y el gobierno estatal tampoco; mandar patrullas o elementos militares a las esquinas no garantiza en lo absoluto la seguridad de los estudiantes ni afuera ni adentro de los planteles ni frena el acoso cotidiano, porque no se ha hecho un estudio serio del fenómeno feminicida para poder crear políticas públicas que de verdad garanticen la integridad de las mujeres morelenses y universitarias”, sentenció Hernández.
La activista reveló que entre enero y el 31 de julio de este año se registraron 102 asesinatos de mujeres en la entidad —un promedio de más de una víctima cada dos días—, de los cuales sólo 21 fueron clasificados como feminicidios, mientras que 48 se tipificaron como homicidios dolosos y 33 como culposos, omisión que busca reducir las estadísticas oficiales al no investigar las muertes con perspectiva de género.
“Nos enfrentamos a un aparato estatal que minimiza el dolor de las familias y que revictimiza a las compañeras cuando se atreven a alzar la voz, operando bajo la consigna de bajar los números y obstaculizar la recepción de denuncias bajo el argumento mezquino de no ser la instancia competente”, recriminó Hernández.
A esta falencia se suma la nula efectividad de los Centros Libres del gobierno estatal, que de 2025 a 2026 han atendido a apenas 8 mil 284 mujeres por violencia, lo que representa 0.8% de la población femenina de Morelos.
A la inseguridad exterior se añade el clima de impunidad dentro de las propias aulas y facultades. Yuki Millán, integrante del mismo colectivo, expuso que los protocolos existentes no se ejecutan y que el hostigamiento proviene del propio personal académico y sindicalizado respaldado por las estructuras de poder.
Operan bajo la impunidad
“No es sólo el hostigamiento sistemático de profesores intocables que usan su poder laboral y las lagunas del contrato colectivo para extorsionar calificaciones a cambio de favores sexuales o silencio, sino que hay casos graves donde la violencia escala hasta tentativas de feminicidio dentro del propio campus ante la complicidad abierta de las direcciones”, afirmó Millán. Entre los antecedentes documentados al interior de oficinas universitarias figura incluso el caso de un administrativo que intimidó con un arma de fuego a una estudiante.
Millán detalló que las supuestas acciones de protección de la rectoría constituyen una simulación inoperante.
“Las cámaras no sirven, las lámparas de los estacionamientos llevan meses sin funcionar y los supuestos botones de pánico están de adorno porque nadie los atiende; el filtro que escanea credenciales es una farsa absurda cuando los agresores son los mismos compañeros o personas externas que entran con total libertad”, enfatizó la activista al señalar que los 16 botones de pánico instalados en la UAEM carecen de señalización y seguimiento real.
Asimismo, las defensoras criticaron que la Unidad de Género —anteriormente Unidad de Atención a Víctimas— se encuentre atada de manos al depender directamente de la oficina del Abogado General de la universidad, cuya función prioritaria es defender los intereses institucionales y proteger las relaciones laborales y los contratos colectivos del personal docente y sindicalizado señalado.
A ello se suma que la Unidad de Género ni siquiera está contemplada ni reconocida en la Ley Orgánica de la UAEM, una omisión jurídica que la deja sin autonomía, sin presupuesto propio y sin personal especializado para aplicar los protocolos y atender a las víctimas.
Casos como el feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec —cuya familia logró la vinculación a proceso del responsable tras protestas y bloqueos en la capital del país— demuestran que la justicia en Morelos sólo se consigue mediante la presión social.
Ante este escenario, el Centro Comandanta Ramona Soy presentó un pliego petitorio que exige la destitución inmediata de funcionarios y docentes acusados de acoso y encubrimiento; la rescisión de contratos colectivos a profesores con antecedentes de violencia de género; la reforma a la Ley Orgánica de la UAEM para dotar a la Unidad de Género de autonomía presupuestal y jurídica fuera del control del Abogado General; la ejecución y aplicación estricta de protocolos de seguridad reales diseñados con la participación activa de las alumnas, y el cese de la simulación oficial que criminaliza la protesta estudiantil en Morelos.