El covid-19 entorpece logros de 4T; alcances y reformas no se han materializado

CIUDAD DE MÉXICO.

Apoyado por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación de las reformas en salud, educación, bienestar y seguridad, que a dos años de gobierno no se han materializado del todo, debido en gran medida a la falta de personal, inversión y a la pandemia del covid-19, coinciden diputados de Morena y de oposición. Las reformas del Ejecutivo federal enfrentan el reto sin precedentes de la pandemia del covid-19.

Al elevar a rango constitucional los programas sociales insignia de la Cuarta Transformación se atendió una deuda histórica que el Estado mexicano tenía con la población mexicana, aseguró la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz.

La diputada morenista sostuvo que las pasadas administraciones se basaron en un Estado que delegó el apoyo a empresas particulares, para no hacerse cargo de la salud, la educación, el bienestar, y contrarrestar estas desigualdades, que se tenían como mandato desde origen en la Constitución mexicana.

Afirmó que la incorporación de los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación, como derechos constitucionales en el artículo 4, fue una manera de “enderezar esta forma de ver las responsabilidades del Estado mexicano”.

“Elevar a rango constitucional los programas sociales es de enorme envergadura, porque nuevamente responsabilizamos al Estado de que se haga cargo”,  defendió.

La diputada enfatizó que el gobierno asumió que debe prestar servicios de salud, habilitar la educación en todos los niveles escolares.

Explicó que en el caso del bienestar se trató de abordar los temas que hagan que las personas tengan un bienestar en su vida cotidiana: tiempo de esparcimiento, de formación, de preparación, todo lo que implica una vida digna.

En cuanto a los cuestionamientos de la oposición sobre la intención desde el gobierno federal de garantizar la continuidad de Morena en el electorado a través de sus programas de becas para adultos mayores, madres solteras, niñas y niños con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, la diputada federal rechazó que se les dé un mal manejo a los recursos con fines electorales, pues previamente se legisló para endurecer las penas e incrementar las listas de los delitos electorales.

“Ya está como delito grave con pena de prisión preventiva oficiosa el hacer uso electoral de los programas sociales, y primero hicimos ese blindaje porque estamos en la lógica de que esto no es para beneficiar a un partido, es para hacer valer una demanda histórica de la población y de que ya no estemos lucrando con la pobreza, la necesidad en cada etapa electoral”, afirmó.

La diputada federal declaró que el Insabi se creó con muchas buenas expectativas, al ser un proyecto de medicina hacia la comunidad, con un enfoque de primer nivel de atención y de medicina preventiva; sin embargo, aún no ha alcanzado la cobertura universal con la que se visualizó, e incluso hubo un retraso significativo para que se dieran a conocer sus reglas de operación.

“Yo todavía no veo cristalizado el proyecto que quedó en la Ley. Todavía falta. Sigo pensando que en el momento en que este proyecto llegue a la gente de forma específica, bien planteado, a toda la gente, hasta el último lugar del país, hasta ese momento nos vamos a dar cuenta lo bueno que es el proyecto del Insabi para este país”, expresó la legisladora federal.

La presidenta de la Comisión de Salud señaló que con el aumento de plazas para médicos residentes para el próximo año mejorará la calidad y cantidad de atención, debido a que la pandemia del coronavirus evidenció que en el país no hay la cantidad suficiente de médicos.

Expresó que el presupuesto de salud debió tener el doble de aumento para el próximo año.

“En cuanto al presupuesto para salud, sigo pensando que es insuficiente. A pesar de haber tomado del Fondo de Salud para el Bienestar, los 33 mil millones de pesos, para poder hacer frente inmediato a la pandemia y las necesidades que existen de infraestructura, de personal, de medicamentos, de insumos ese dinero es insuficiente”, expresó.

La morenista confió que ante una posible crisis el gobierno federal haga uso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y los extintos fideicomisos, para garantizar en el 2021 el gasto en salud.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el panista Éctor Jaime Rodríguez, cuestionó que el Insabi pueda cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación al no garantizar los servicios médicos en primer y segundo nivel.

El diputado de oposición señaló que la reforma no garantiza ni un servicio tan básico, como es el de anestesia. Tampoco quedan claras las normas para los gastos catastróficos, a un año de distancia que se aprobó.

Con el anuncio del aumento de plazas para médicos residentes, señaló que se duplicará el número de especialidades sin haber el número de médicos suficientes para formarlos.

La falta de coordinación entre las policías municipales-estatales, el paso lento para alcanzar los 160 mil elementos, su formación, capacitación, equipamiento y cuarteles, han repercutido en que la Guardia Nacional aún no tenga los resultados prometidos.

El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval Flores, defensor de esta reforma, aseguró que no ha sido fácil estructurar esta institución que busca ser una policía nacional, pero la Guardia Nacional está pensada desde su origen para que no ocurra la deserción de elementos que formen células criminales como ocurrió con los Zetas.

La Guardia Nacional, que surgió como una estrategia del Ejecutivo federal para combatir la delincuencia organizada, no ha alcanzado los 160 mil elementos; en dos años son 95 mil efectivos y no se han logrado cubrir los 266 espacios geográficos.

“Aún no se termina de armar, porque es muy difícil de componer y estructurar el tamaño de lo que significa la Guardia Nacional. El tema de la formación y capacitación y el equipamiento también va despacio, se necesitan muchos espacios físicos, y también en el tema de cuarteles patrullas y armas”, declaró.

Sandoval Flores aceptó que el despliegue de elementos en la frontera sur “fue una necesidad adicional” para la Guardia Nacional, para que México no enfrentará una crisis económica por la advertencia de Estados Unidos de aumentar los aranceles.

“Digamos que fue una necesidad adicional, y que para muchos fue equivocada porque empezó a hacer funciones que no le correspondía y parecía que estábamos haciendo la tarea al gobierno norteamericano”, argumentó.

El legislador sostuvo que los movimientos migratorios eran alentados para que tuviera efectos en el tema de la política, sobre todo la estadunidense.

Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, expresó que la reforma sobre la Guardia Nacional “cumplió muy parcialmente su objetivo”.

Señaló que, aunque sí hay más presencia de efectivos de seguridad en el país, y esto ha generado una contribución en algunos lugares de mayor seguridad, el problema de fondo no está resuelto, porque no se han fortalecido las policías municipales, ni las policías de las entidades federativas. Agregó que los grupos criminales continúan operando.

Bravo Padilla manifestó su preocupación por el mando que tienen las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, y la falta de bases para que al terminar su permanencia (temporalidad de 5 años) haya un verdadero control de la seguridad por parte de las autoridades civiles.

“El crimen organizado sigue actuando en el país y el problema de inseguridad continúa. La Guardia Nacional que hoy tenemos está bajo la ejecución de 5 años de participación de las Fuerzas Armadas y eso hace que no se estén sentando las bases para que cuando se acabe ese plazo pueda pasar al mando civil”, expuso.