Segob alerta que contratos mineros ponen en riesgo a pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de enero.- En los últimos 17 años, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado una extensión equivalente a la mitad del territorio del país en proyectos a mineras extranjeras, en perjuicio de las comunidades rurales, principalmente de los pueblos indígenas, sostiene el Estudio de la minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaria de Gobernación.

“Desde 1993 (año en que comenzaron las negociaciones para la apertura comercial del país) hasta finales del 2012 (última cifra publicada) se han otorgado 43 mil 675 concesiones mineras que representa una superficie territorial de 95 millones, 765 mil 800 hectáreas; lo que significa casi la mitad del país”, dice el estudio de la dependencia del gobierno federal.

No obstante, de dichas concesiones, sólo la tercera parte está vigente. Al mes de julio de 2013, se expidieron 644 títulos de concesiones mineras que amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas, refiere el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entregado el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión.

México acumula “un total de 26 mil 064 títulos de concesión minera vigentes en una superficie total de 30.68 millones de hectáreas”, lo que equivale a la sexta parte del territorio.

“En los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón se entregaron en concesiones mineras 96 millones de hectáreas, según los datos que aparecen en la Semarnat, contando año por año. Es decir se entrega casi la mitad del país”, insistió  Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

“Si comparas la propiedad social, los datos que he visto de la reforma agraria es que la propiedad social anda alrededor de 105 millones de hectáreas entre lo que se repartió a los ejidos y las propiedades comunales; entonces tenemos que en estos tres sexenios existe una regresión y una involución a todos gobiernos después de la Revolución, que hizo del reparto agrario una bandera, dado que fue una de las causas que motivaron la Revolución Mexicana”, agregó.

Presión en zonas indígenas

El estudio de Segob señala que la explotación minera en los territorios indígenas de México ha transformado la tensión social entre las comunidades, empresas y gobiernos de distintos órdenes.

Detalla que dos millones 137 mil 414 hectáreas de territorio donde viven 42 pueblos indígenas en México son explotadas por empresas mineras y ello se ha convertido en “la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social”.

Señala el estudio que la minería en territorio indígena se hace generalmente a cielo abierto y de manera masiva, lo que conlleva a que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, no sólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento para el funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra); además predomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación, que contamina grandes volúmenes de tierra y agua.

“Esto se ha venido realizando sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos, y a la consulta, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales en la materia”, puntualiza.

La Comisión para el Diálogo del gobierno federal hace hincapié en que las concesiones mineras otorgadas para la exploración y explotación en territorio indígena, atentan contra su existencia como pueblos.

“Según señala el investigador antropológico Eckard Boege Schmidt, algunos permisos para empresas mineras abarcan gran parte de la totalidad de los territorios de pueblos indígenas pequeños en población, como los cucapás, guarijíos, kikapoo, kiliwas, nahuas de Michoacán y Pimas; y los más afectados por el tamaño del territorio concesionado son los chatinos, coras, mixtecos tarahumaras, tepehuanes y zapotecos”.

Entrega de permisos

De acuerdo con el trabajo de la comisión, la mayor parte de las concesiones de exploración y explotación a la industria minera se entregaron en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El estudio señala que las concesiones mineras en México son otorgadas por la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50 años y no hay límite en el número de concesiones otorgadas a una empresa.

“Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100 por ciento de capital extranjero, teniendo además como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además los derechos sobre los minerales se pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas”, dice el estudio y agrega:

“La información oficial que existen referente al número de concesiones mineras actualmente otorgadas disfraza por mucho la realidad: según datos de la Secretaría de Economía en la actualidad existen 26 mil 007 concesiones mineras vigentes y éstas corresponden únicamente al 13.8 por ciento del territorio nacional.

“Sin embargo –sigue el estudio de la dependencia federal–, es importante considerar tres puntos: 1.- La tasa de crecimiento de concesiones mineras es más elástica y crece más aceleradamente en el sexenio de Zedillo dado que a partir de 1996 se empieza a experimentar la entrada de capitales extranjeros en la minería a raíz de la maduración de las reformas comerciales y de la Ley, 2.- En el periodo de Ernesto Zedillo se otorgaban por separado los permisos de exploración y explotación, pero a partir del 2006 es título único para cualquiera de las actividades y 3.- A pesar de que Felipe Calderón otorgó mayor número de títulos, durante el sexenio de Ernesto Zedillo se otorgaron mayor número de hectáreas; es decir, que el territorio nacional cedido a los extranjeros fue mayor en este último, consecuencia de la apertura comercial sin control hacendario”.

Peor que en la Colonia

Datos de la dependencia señalan que en casi tres siglos de la época de la Colonia, entre 1521 y 1810 se produjeron 190 toneladas de oro, pero que entre 2000 y 2010, se extrajeron de territorio mexicano 420 toneladas de oro, es decir que en diez años se sacó más de doble de ese metal, que en casi tres siglos.

En el desarrollo del Estudio de la minería en México se hace referencia a datos sobre las concesiones territoriales otorgadas a la industria y apunta: “Son de considerarse las argumentaciones existentes en torno a lo anterior; señalando que si cerca del 50 por ciento del territorio nacional forma parte de las áreas concesionadas al sector privado para la minería, esta industria debe constituir una oportunidad para la generación de empleos y una fuente para la obtención de recursos fiscales.

“Frente a esa postura, se sitúan quienes visualizan el hecho como un despojo a la soberanía nacional y una afrenta a la independencia económica de México. De acuerdo con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), sólo se ha explorado 30 por ciento del país, dejando el 70 por ciento apto para desarrollar proyectos de exploración y explotación de nuevos yacimientos, con la seguridad de ser México un territorio con diversos minerales de gran importancia.

“Leer esta cifra resulta contradictorio porque si bien se comprueba que se ha cedido casi 50 por ciento del país y de acuerdo con el FIFOMI sólo se ha explorado el 30 por ciento del país, surge una pregunta: ¿Dónde quedó el restante 20 por ciento que sí se concesionó y para que fines se concesionó? La respuesta sigue siendo un misterio.

“Lo que sí es claro –subraya la dependencia gubernamental–, es que el país no sólo ha experimentado una pérdida en su erario debido a la falta de imposición al sector, sino que también ha perdido su propio territorio y por ende su propia soberanía al hacer cedido sin el más mínimo control, casi el 50 por ciento de su territorio y por ende de sus recursos naturales, acrecentado en los últimos 20 años”.

Empeñado, 97% de su territorio

Algunas concesiones otorgadas por las autoridades federales y estatales a la industria minera abarcas casi la totalidad de algunos pueblos indígenas, lo que, de acuerdo con el etnólogo y antropólogo social Eckart Boege, representa “una afrenta a la sobrevivencia de las comunidades”.

Actualmente, el pueblo más amenazado por la industria extractiva es el paipái, ubicado al norte de Baja California, pues de las 68 mil 326 hectáreas que comprende su territorio, 66 mil 360 están concesionadas, lo que representa 97.1 por ciento de su suelo. Las empresas con más proyectos en la entidad son la estadunidense Cotton & Western Mining y la candiense Continental Gold.

“Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuri (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes.

“Juntos suman más de un millón de hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios y representan la mitad de todas las concesiones en territorios indígenas”, señala Boege, cuyos estudios sirvieron de base a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaria de Gobernación, para realizar su estudio sobre los riesgos que implica la industria minera.

 Otro caso crítico es el de la etnia kiliwa, también en Baja California, pues 85.2 por ciento de sus 27 mil 557 hectáreas están arrendadas a empresas norteamericanas.

Situación similar vive la comunidad kikapoo, de Chihuahua y Coahuila, cuyo territorio es de siete mil hectáreas y cuatro mil 598 están concesionadas.

Por extensión territorial, el pueblo indígena más afectado por los proyectos mineros es el mixteco, de Oaxaca, pues 92 mil 538 hectáreas de su territorio están arrendadas, sobre todo a las empresas canadienses Minaurum Gold, Almaden Minerals y Arco Resources, y a las estadunidenses Gold Resources y Golden Minerals.

Panorama de la resistencia

En los meses recientes se han activado conflictos sociales asociados a la actividad minera:

Wirikuta, SLP

La Secretaría de Economía otorgó en meses recientes 22 concesiones a mineras de la multinacional canadiense First Majestic Silver, para la explotación de plata en la tierra de origen del pueblo wixárica (huicholes), un territorio sagrado ubicado cerca de Real de Catorce, San Luis Potosí.

En 1999, Wirikuta fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos.

Organizaciones sociales han alertado que el proyecto minero tendrá consecuencias devastadoras para el pueblo wixárika y el medio ambiente; pues los permisos otorgados devendrán en contaminación de ríos, la tierra y el aire.

Tetela de Ocampo, Puebla

Habitantes de la zona serrana exigieron que las autoridades federales suspendan las obras de la minera de la empresa Frisco y que paren la fase de exploración. La organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena sostiene que Frisco ocasionará afectaciones a los productores de café ya que contaminarán los mantos acuíferos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la empresa Minera Frisco, a través de su filial Espejeras, que realice trabajos de exploración en busca de oro y plata en el cerro ubicado en la comunidad de La Cañada en Tetela de Ocampo.

Ixtacamaxtitlán, puebla

En noviembre pasado, pobladores de diferentes comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán se manifestaron contra las licencias otorgadas por el gobierno eststal a la empresa minera canadiense Almaden Minerals para instalarse con la finalidad de abrir un yacimiento de oro a cielo abierto.

Malinaltepec, Guerrero

En noviembre pasado, autoridades agrarias de la comunidad indígena me’phaa de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, interpusieron una demanda para ampararse contra el otorgamiento de concesiones mineras a la empresa Hochschild Mining, de capital británico.

Los pobladores de San Miguel el Progreso se oponen a que se entregue su territorio a empresas mineras, debido a que “contravienen la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por México”, relativos a la protección de las culturas originarias y al ambiente.

Ley minera

El 24 de noviembre pasado se realizó en el DF la Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera. En el acto participaron  la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur; Lavida de Veracruz; Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras; Tetela hacia el Futuro, de Puebla y Pro San Luis Ecológico (Frente Amplio Opositor a la New Gold Minera San Xavier FAO) de San Luis Potosí.

Chanquiahuitl, Jalisco

Habitantes de la comunidad indígena de Chanquiahuitl, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco,  han protestado por los frecuentes bloqueos carreteros que se han generado desde enero, a partir del inicio de la extracción del mineral de los predios Piedra Imán y Cañada Verde.

 La explotación minera en esta zona se reanudó en agosto pasado, luego de una suspensión temporal por las protestas de los ejidatarios.

Como consecuencia de la actividad minera, los caminos se encuentran destrozados, la tubería de agua potable inservible, los acuíferos de la región se contaminan más cada día y también, como consecuencia del polvo, aumentan las enfermedades de las vías respiratorias.