Militares dan paso libre al narco en Perú

MAZAMARI.

Ocurre alrededor de cuatro veces por día, frente a los ojos de los militares: pequeñas avionetas aterrizan en pistas en la principal zona productora de cocaína del mundo, entregan bolsas de dinero, cargan más de 300 kilos de la droga y parten rumbo a Bolivia.

Alrededor de la mitad de las exportaciones de cocaína de Perú han salido del país hacia el este, a través de ese “puente aéreo”, según la policía, desde que esa nación andina pasó a ser la principal productora mundial de la droga en 2012.

Fiscales, policías antinarcóticos, exoficiales de las Fuerzas Armadas y agentes antidrogas de Estados Unidos activos y en retiro dicen que, si bien abunda la corrupción en Perú, la plaga de narcovuelos es posible por la

desidia de los militares, ya que controlan la remota región selvática del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocida como VRAEM.

Wilson Barrantes, general retirado del ejército que denuncia desde hace tiempo la corrupción de los militares generada por el narcotráfico, dijo que “darle a esas fuerzas el control del valle es como poner a cuatro perros callejeros a cuidar un plato de bisteces”.

El viceministro de Defensa Iván Vega, que dirige las operaciones de contrainsurgencia en la región, expresó que no tiene conocimiento de ningún oficial militar que sea investigado por ese caso.

La corrupción existe, pero nosotros estamos siempre pendientes”, expresó. “Si sabemos de alguien, pues le vamos a caer con todo”.

Una investigación de The Associated Press detalla cómo las “narcoavionetas” son cargadas con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases militares, en el remoto valle, donde casi no hay caminos y del que salen unos dos tercios de la cocaína peruana.

Agentes de unidades antinarcóticos especiales de la policía captaron en video las escenas desde colinas cercanas, pero no pudieron intervenir porque no tenían suficiente apoyo, según dos agentes que suministraron las grabaciones a la agencia, pero declinaron ser citados por temor a perder su trabajo. La cocaína parte en avionetas Cessna 206, con cargamentos valuados en al menos 7.2 millones de dólares en el exterior.

Son operaciones que toman diez minutos, llevadas a cabo por lo general al amanecer y rigurosamente planificadas. Una docena de “mochileros” se presenta en la pista cuando se acerca la avioneta, mientras hombres armados con fusiles custodian el lugar y se baja el dinero, se carga la droga en la cabina, el motor vuelve a rugir y el avión parte otra vez.

Un piloto acusado de narcotráfico afirmó que los comandantes militares locales cobran diez mil dólares por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste.

La preocupación por los narcovuelos impulsó al Congreso a aprobar una ley en agosto que autoriza abrir fuego contra las avionetas. Pero hay quienes dicen que el gobierno no tiene voluntad política de combatir a los narcos porque desistió inexplicablemente de comprar e instalar radares modernos.

Cuando el presidente Ollanta Humala llegó al poder en 2011 dijo que la lucha contra el narcotráfico sería una de sus prioridades. Su gobierno ha destruido cantidades récord de hoja de coca, ha gastado en erradicación más de 60 millones de dólares y es apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea.

Presume control

En un discurso del día de la independencia, el 28 de julio, cuatro años después de haber asumido el cargo, este exteniente coronel aseguró que el narcotráfico en el valle había sido contenido.

Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el VRAEM”, sostuvo Humala.

Sus detractores, sin embargo, afirman que lo único que se hizo fue permitir que la mayor parte de la producción de cocaína se traslade al valle, donde no hay campañas de erradicación y la vigilancia de las autoridades es escasa.

Humala también destaca más de 550 misiones para generar enormes agujeros en pistas clandestinas como si fuera un triunfo, pero el director de la policía, general Vicente Romero, asegura que los traficantes llenan en pocos días los cráteres que dejan las voladuras.

La procuradora antidrogas Sonia Medina dijo en una entrevista que el narcotráfico va “de mal en peor” bajo el mandato de Humala al corromper a políticos, al sistema legal, la policía y los militares.

No hay una política coherente”, expresó. “¿Qué estamos haciendo con la lucha antidrogas? (Es) algo completamente distorsionado, incoherente, inerte”, aseveró.

Los esfuerzos de Perú para combatir el narcotráfico palidecen comparados con los de Colombia, el segundo mayor exportador de cocaína.

Perú confiscó un promedio de 28 toneladas de cocaína o pasta de coca al año entre 2011 y 2014, comparado con las 170 toneladas que incautó Colombia o socios con base en la inteligencia colombiana. Para Perú eso representa menos de 10% de su producción potencial. Para Colombia es más de la mitad, según estimaciones de Estados Unidos.

Mientras que Colombia ha estado arrestando sistemáticamente a los principales narcotraficantes en la última década, y extraditando a muchos a Estados Unidos, donde reciben prolongadas sentencias, Perú no ha detenido ni enjuiciado a un solo capo del narcotráfico desde 2005.

La policía antinarcóticos peruana opera con un presupuesto anual de 12 millones de dólares y no cuenta con aviones ni helicópteros. La colombiana, por su parte, dispone de 45 millones de dólares y de unos 50 aviones y 70 helicópteros, incluidos Blackhawks.

En Perú se formó una comisión legislativa especial para investigar la infiltración del narcotráfico en la política después de las elecciones regionales y municipales en octubre pasado, en las que Medina contó unos 700 candidatos que estaban siendo investigados o habían sido hallados culpables de colaborar con el narcotráfico. Su presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo que el gobierno de Perú corre peligro de caer en manos de los narcos.

Jugosa mordida

En el valle de la cocaína rige un estado de emergencia desde hace nueve años por la continua presencia de rebeldes de Sendero Luminoso que trafican drogas, quienes han matado a más de 30 policías y soldados durante la gestión de Humala.

La policía dice que Sendero es sólo uno de los 15 grupos narcotraficantes que operan en el valle y ha sido reducido a 60 combatientes.

Sin embargo, el gobierno afirma que si destruye cocales en el valle provocaría una reacción armada.

Sería muy estúpido de nuestra parte que vayamos a querer erradicar. Más bien lo que vamos a fomentar es la captación de personal para Sendero”, dijo Vega, el viceministro de Defensa.

Hay unos seis mil soldados distribuidos a lo largo de más de 30 bases, supuestamente para combatir “el narcoterrorismo”.

Por ley, las operaciones antinarcóticos son llevadas a cabo por menos de mil policías en el valle. Pero los agentes antinarcóticos dependen de los militares para el transporte aéreo y muchos se quejan de tener que hacer misiones conjuntas con los soldados.

En documentos y testimonios, la policía y los fiscales antidrogas cuestionaron la confiabilidad de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos recuerda haber preguntado por las pistas clandestinas en 2013, en un encuentro con oficiales de las fuerzas armadas.

Les explicamos que queríamos entrar a esas pistas”, rememora la fuente, que habló bajo anonimato.

Se sospecha también que se estaban filtrando datos de inteligencia a los traficantes.

Cuatro fiscales antidrogas denunciaron esas filtraciones en una carta escrita en mayo de 2014 a su jefe.

Tres veces compartieron información con los militares acerca de cuándo y dónde aterrizarían los vuelos con drogas, señalaron. En todos los casos, los aviones jamás aparecieron. Una cuarta vez se guardaron la información y actuaron con apoyo de la policía.

Capturaron al piloto y el copiloto murió en un tiroteo. Incautaron 357 kilos de cocaína y cinco mil 500 dólares en efectivo. La operación de marzo de 2014 fue

la única de los últimos dos años en la que se capturó al piloto, las drogas, el dinero y la avioneta.

En ese periodo fueron “capturadas” más de dos docenas de avionetas con drogas. La mayoría eran aeronaves que sufrieron

desperfectos y tuvieron que hacer aterrizajes forzosos. En todos los casos, con excepción de cinco, los pilotos escaparon.

Ningún avión viene sin medio millón de dólares por lo menos para pagar la droga, para pagar las pistas y para corromper a las autoridades”, comentó el piloto acusado de narcotráfico, que dijo que los oficiales cobraban diez mil dólares por vuelo para no intervenir.

La AP no pudo confirmar la afirmación en forma independiente, aunque un investigador policial de Lima, que habló a condición de no ser identificado, afirmó que la corrupción de los militares del valle es endémica.

Es todo negociado invisible”, sostuvo el investigador independiente Jaime Antezana.

Antes del auge de narcovuelos, los militares enviaban gente al valle como castigo por alguna transgresión, indicó Víctor Andrés García Belaúnde, legislador opositor y sobrino del finado presidente Fernando Belaúnde.

Pero finalmente ha resultado ser rentable estar en el VRAEM y hoy en día hay oficiales que piden ir al VRAEM”, señaló.

Radares, una opción de combate

El uso de radares modernos combinado con la persecución por aire y la detención en tierra pueden reducir significativamente los narcovuelos sin necesidad de abatir avionetas, según han demostrado las experiencias de Colombia y Brasil, destacan autoridades.

La red de radares peruanos de la frontera quedó desatendida después de que un caza peruano abatió por error una avioneta y mató a una misionera estadunidense y su hija en 2001, lo que puso fin a un programa para combatir el puente aéreo manejado por la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA).

Patrick Hardwick, piloto de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), integraba el equipo estadunidense que salió de Perú después de esa debacle.

De vuelta a Lima, seis años después, observó con desazón desde su King Air 350 que los narcovuelos eran una verdadera epidemia. Anotó los números de las avionetas durante misiones de inteligencia aunque con escaso resultado.

Fue muy vergonzoso pasar la información y ver que mis superiores no hacían nada”, expresó Hardwick.

El portavoz de la DEA en Washington, Joseph Moses, comentó que si la inteligencia que reunió Hardwick hubiera sido buena, sus supervisores la habrían compartido con la policía peruana.

Obviamente queremos que se aproveche esta inteligencia y, dado que no somos la policía de esos países, la pasamos a nuestra contraparte en el país afectado”, manifestó.

El gobierno estadunidense dice que los esfuerzos de Perú por combatir el narcotráfico están mejorando. En un informe de mediados de septiembre, la Casa Blanca afirmó que Lima había demostrado “un liderazgo muy eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y el crimen transnacional”.

Estados Unidos destina más de 50 millones de dólares al año a actividades antidrogas enPerú. Financia escuelas policiales, ayuda en la investigación del lavado de dinero, entrena unidades de la policía y las Fuerzas Armadas y apoya programas de erradicación y de cultivos alternativos.

El principal comandante militar estadunidense para América Latina, general John Kelly de la Infantería de Marina, dijo a la AP en junio que las rutas del narcotráfico peruano no eran una prioridad porque la mayor parte de la cocaína peruana es exportada a Brasil, Argentina y Europa.

La droga que va a Estados Unidos, en mi opinión, es la más importante para rastrear”, declaró.

El millonario puente aéreo

Un puente aéreo que usa viejas avionetas para transportar cocaína de Perú a Bolivia y de ahí a Europa y África Occidental vía Brasil y Argentina fue recientemente expuesto por un grupo de reporteros independientes y la revista peruana Caretas.

La actividad no es nueva, pero pone de relieve el creciente impacto del tráfico de cocaína desde los países productores hasta consumidores fuera del continente americano, una que lleva a alianzas que incluyen del Cártel de Sinaloa mexicano a la Ndrangheta genovesa o de los clanes de la droga de Colombia a pandillas traficantes en Marruecos o la mafia rusa.

Después de todo, es un mercado que en 2009 alcanzaba los 26 mil millones de dólares, según Naciones Unidas. Y es probable que haya crecido 20% en estos seis años.

Las ya no tan nuevas rutas de la cocaína

sudamericana a partes del mundo que no son América del Norte se inician a veces en Perú, de donde el puente aéreo va a Bolivia.

El tráfico de cocaína inicia a través de la región amazónica desde los departamentos fronterizos de Perú con Brasil y Bolivia hasta los puertos como Belem, Manaos, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo, frecuentemente al cuidado de grupos locales como el “Primer Comando da Capital” o del “Comando Vermelho”.

De ahí, sean los puertos argentinos o brasileños, pasan a África Occidental, a veces por avión, sea en barcos cargueros o en ocasiones en lanchas pesqueras, sobre todo al aprovechar la relativa cercanía entre las costas brasileñas y naciones como Cabo Verde, Senegal, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Angola y Sudáfrica. Otra ruta va a España, Italia y Francia.

En ambos casos, la droga es concentrada y redistribuida a otras naciones europeas.

Una ruta alterna va de Colombia hacia Venezuela y de ahí a Europa, aunque también se usa el Mar Caribe.

-Por José Carreño Figueras

Alegan falta de presupuesto para vigilancia

La capacidad de intercepción aérea de vuelos con drogas dependerá sobre todo de la instalación de radares. El Congreso peruano no ha autorizado esos fondos.

En noviembre, el entonces ministro de Defensa Pedro Cateriano anunció planes para adquirir cuatro modernos radares por 71 millones de dólares. Presionado por periodistas, su sucesor Jakke Valakivi confirmó que ese dinero había sido retirado del presupuesto de este año.

En vez de eso, el gobierno optó por reparar dos viejos radares fabricados en Estados Unidos y adquiridos en 1995.

-AP