Suman años de búsqueda de personas desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México existe un registro de dos mil 586 casos de personas desaparecidas desde hace al menos una década, de acuerdo con cifras reveladas por Mariana Morales Guerra, encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital del país, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, expuso que una de las principales causas de desaparición de personas en la ciudad tiene que ver con grupos delictivos, así como violencia directa contra las mujeres.

“Cuando hablamos de desapariciones muchas veces tiene que ver con aspectos delictivos, que son los que operan las desapariciones, en otros casos las víctimas son mujeres”, señaló en entrevista la ombudsperson.

En diversas ocasiones, la CDHCM ha realizado observaciones al respecto, por ello emitió el año pasado la recomendación 02/2020, donde señala que algunas de las prácticas de las autoridades encargadas de investigar la desaparición de personas y de llevar a cabo su búsqueda deben modificarse y robustecerse.

También ha señalado que no se activan de manera inmediata las alertas tempranas como protocolo.

“Lo cual es una gran omisión; está demostrado que en los procesos de desaparición, las primeras 72 horas son fundamentales. Si activas los procesos de búsqueda temprana, lo que haces es comenzar a controlar y tener mejores resultados, de entrada, de encontrar a las personas, esa es una de las partes de mayor preocupación.

“Hay que diferenciar entre personas desaparecidas (objeto de un delito) y las no localizadas (como las sustracciones de menores por un familiar) y, con base en eso, deberás desarrollar distintas estrategias y los tipos de búsqueda y los mecanismos de activación son diferentes”, señaló Ramírez.

El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México estima que la cifra de desapariciones en los últimos 14 años podría llegar a ocho mil, dado que cada año el Instituto de Ciencias Forense (Incifo), envía a la fosa común un promedio de 600 cuerpos que no son identificados y que pudieron ser víctimas de algún delito.

Además, la identificación de esos cuerpos se dificulta debido a que las muestras que se les toman se mantienen vigentes por no más de 15 años.

“Las muestras biológicas que se les toman a los cadáveres no se procesan porque es caro, solamente se les toma la muestra de tejido biológico –ya sea sangre, ya sea tejido– y se ponen en unos papeles especiales que tienen una caducidad no mayor a 15 años”, señaló en entrevista Valentina Peralta, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la ciudad.

“Lo importante es que se destine recurso y se procese pericialmente el perfil genético, porque tienen un promedio de 600 personas que se van a las fosas  y solamente se queda el Incifo con un cuadernillo”.

El pasado 14 de diciembre se cumplieron 16 años de la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, quien tenía 21 años cuando fue vista por última vez. Sus padres siguen buscándola.

Ese martes de 2004, alrededor de las 11:00 horas, Mónica salió de su casa en Ecatepec con rumbo a la FES Iztacala, donde estudiaba el último semestre de la licenciatura en sicología.

Iría por unas calificaciones y a dejar un trabajo que habían hecho en equipo.

A las 18:00 horas, Adela, mamá de Mónica, recibió una llamada de una compañera de su hija, quien la esperaba.

Esa noche la buscaron en el trayecto que la joven hacía a la escuela y fueron a hospitales.

En la capital fue donde las autoridades reportaron que fue vista por última vez.

El sábado 18 de diciembre del celular de Mónica llegó un mensaje: presuntos secuestradores pedían dinero en efectivo por regresar con vida a la chica.

La familia recibió dos mensajes más y luego cesó toda comunicación.

Intervino la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la familia realizó sus propias investigaciones siguiendo diversas pistas en la capital del país, pero no lograron encontrar a Mónica.

Al conseguir información sobre el celular de su hija se percataron que Jesús Martín Contreras Hernández, un compañero de Mónica en la escuela, era quien mandaba los mensajes. El sujeto y su novia, amiga de Mónica, estaban involucrados.

Jesús fue detenido y procesado, junto con un presunto cómplice, Marlon Gaona, pero Mónica sigue sin aparecer.