¿Fue el Estado?

A reserva de que se dilucide si la PGR se equivocó, mintió o acertó en su conclusión de que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, hay una coincidencia importante entre el informe del GIEI de la CIDH y la investigación de la Procuraduría.

Ambas instancias centran la responsabilidad de los hechos en dos corporaciones policiacas –las de Iguala y de Cocula– que trabajaban al servicio de un cártel de la delincuencia organizada, los Guerreros Unidos, de la que formaba parte el propio alcalde de la primera localidad, José Luis Abarca.

Ninguna versión, judicial o periodística, niega ese hecho contundente.

Las interpretaciones varían sobre qué hacían los jóvenes en Iguala esa noche trágica y cuál fue la motivación del furioso ataque, en el que uno de los normalistas, muerto esa noche, incluso fue mutilado.

Una tesis, no probada, apunta a que uno de los autobuses tomados por los normalistas –el hoy ya famoso quinto autobús– transportaba una carga de goma de opio o heroína, droga que regularmente baja de la sierra de Filo Mayor y luego es llevada desde Iguala a Estados Unidos para satisfacer el apetito de los consumidores de ese país, al que les quitaron la facilidad de adquirir analgésicos opiáceos, que resultaron sumamente adictivos, y ahora los sustituyen con los derivados de la amapola.

No hay que casarse con esa tesis porque, insisto, no está probada. En lo que hay que concentrarse es en los hechos puros y duros: el ataque lo ejecutó una corporación policiaca municipal, la de Iguala, cuyo jefe, que es primo de Abarca, está prófugo, y que contó con el apoyo de su par de Cocula.

Eso nadie lo ha negado. Lo que hoy está en duda es qué hicieron esas dos policías municipales con los jóvenes después de detenerlos violentamente cuando intentaban salir de la ciudad.

La investigación de la PGR apunta a que fueron entregados a sicarios en una brecha del municipio de Cocula y, luego, llevados al basurero para ser interrogados respecto de su presencia en Iguala, y, después, asesinados. Según esa misma reconstrucción, algunos ya iban muertos por asfixia porque los habían apilado para trasladarlos.

Lo que el GIEI de la CIDH ha puesto en duda es que hayan sido calcinados como lo indican las declaraciones levantadas por la PGR entre el centenar de personas detenidas y por peritajes realizados por la misma corporación.

El lunes hablé en la radio con el experto peruano José Luis Torero, en cuyo peritaje se basa esa parte del informe del GIEI de la CIDH, y me explicó las razones de su conclusión: principalmente que ni en el follaje de la zona ni en el suelo del basurero se veían los efectos de un incendio como el que habría tenido que realizarse para quemar y desintegrar 43 cuerpos.

Personalmente me declaro incompetente para saber si el acierto es el de ese peritaje o de los que hizo la PGR, o de las opiniones profesionales de expertos que secundan las conclusiones de la PGR.

Pero he leído suficientemente las versiones del ataque de hace casi un año en Iguala –que, para mí, es uno de los peores episodios de violación a los derechos humanos en la historia– para saber que nadie ha podido desacreditar que los estudiantes estaban en Iguala sólo de paso y que el ataque ocurrió repentina y furiosamente por parte de policías municipales al servicio de criminales.

Desde que ocurrieron los hechos, el movimiento de protesta que exige, con razón, la aparición de los jóvenes ha centrado parte de su acción en decir que el responsable del crimen fue el Estado.

La frase “fue el Estado” tiene una fuerte carga ideológica que remonta a los tiempos de la lucha guerrillera de los años 70 en Guerrero, que siempre tuvo un pie en la normal rural de Ayotzinapa.

Afirmar que “fue el Estado” es inferir que el Estado mexicano cometió el crimen. Que fue un acto premeditado de represión del Estado, es decir, un crimen de Estado.

Yo, eso no lo veo por ningún lado. Tampoco lo dice el GIEI de la CIDH, de la que forma parte el experto Carlos Beristáin, quien el lunes me dijo en la radio que no se pueden establecer responsables genéricos de este horrendo crimen. Estoy de acuerdo.