Legalizar y regular el dinero privado en las campañas electorales

En materia de financiamiento de campañas electorales, en México estamos en el peor de los mundos. Por un lado, les damos a los partidos miles de millones de pesos de dinero de los contribuyentes para que los agentes privados no puedan “comprar” gobernantes y, por el otro, entran carretadas de recursos privados de manera ilegal a las campañas. Ante el evidente fracaso de las autoridades para fiscalizar y castigar, llegó la hora de legalizar y regular el dinero privado a las campañas.

De acuerdo a Luis Carlos Ugalde, ocho de cada diez pesos que se gastan en una campaña en México se realizan por fuera del sistema. Es dinero ilegal que proviene de dos fuentes. La primera es de recursos de gobiernos que se desvían a operaciones de aliados políticos por debajo de la mesa. La segunda es de privados. Dejo a un lado el desvío de recursos gubernamentales para concentrarme en el dinero de los privados, dejando constancia de que estoy a favor de prohibir y castigar la canalización ilegal del dinero público a las campañas.

Concentrémonos, pues, en el dinero privado. En primer lugar, hay que decir que los ciudadanos debemos tener el derecho de donarles recursos a los candidatos que más nos convenzan. Es falsa la idea de que todo el dinero privado tiene un interés. También entran recursos por compatibilidad ideológica. Empresarios que quieren financiar a partidos que apoyen el libre mercado o sindicatos a los que tienen una plataforma de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Gente convencida con agendas como la protección del medio ambiente debe poder donar a candidatos que estén a favor de esta postura. ¿Por qué limitar este derecho?

Porque muchos piensan que todo el dinero privado que entra a una campaña es sucio. Que todo se trata de aviesos intereses. Que hay muchos cochinos capitalistas que sólo quieren invertir dinero con la idea de luego recuperarlo con creces a través de favores que recibirán de los futuros gobernantes. No niego, por supuesto, que existen los que donan con un interés de ganancia personal. Pero también están los que lo hacen por compatibilidad ideológica. Ni los minimicemos ni les quitemos su derecho a donar.

La pregunta es qué hacer con los que tratan de sacar un provecho particular en detrimento del interés público. Me llama la atención los que proponen una solución que suena bien fácil: prohibir las donaciones privadas. Ayer, por ejemplo, en El Universal, Ricardo Raphael citó varios casos de dinero ilegal que llegó a campañas: de Los Zetas a la de Fidel Herrera, candidato a gobernador de Veracruz; la de Abarca a la de Ángel Aguirre en Guerrero y la suya a presidente municipal de Iguala; la de Rodolfo David Dávila, presunto operador del Cártel de Juárez, a la campaña presidencial del PRI de 2012; el que llegó a la del candidato panista al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya; la de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, y de los hermanos Maccise al hoy presidente Peña; la que recibió Eva Cadena para financiar a Morena; todo el dinero que repartió Carlos Ahumada al PRD. Montones de evidencia. Y la conclusión de mi colega es “clausurar de manera definitiva la vía privada de financiamiento porque es una amenaza creciente para nuestras instituciones”. A la lista de Raphael podrían agregarse más casos. Ahí está, por ejemplo, Odebrecht, que presuntamente le dio cuatro millones de dólares a Emilio Lozoya cuando era encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña. Ricardo propone, entonces, prohibir los recursos privados, pero resulta que todo ese dinero que menciona llegó de manera ilegal, es decir, ¡ya estaba prohibido! La solución, querido Ricardo, no es prohibir, porque este tipo de donaciones… ya están prohibidas.

El asunto me recuerda al de las drogas. Muchos piden prohibirlas ante la evidencia de que su consumo no disminuye. Oiga, pero si ya estaban prohibidas. Increíble: en lugar de aceptar que la prohibición no funciona, proponen… más prohibición. No. Aceptemos la realidad y actuemos en consecuencia.

Hoy, en México, como en todas las democracias, hay mucha gente que quiere donar dinero a las campañas. Los más perversos lo van a seguir haciendo aunque esté prohibido. Desde luego hay que prohibir el dinero del crimen organizado. Pero no prohibirse al estilo mexicano, es decir, que esté en la ley, pero no se aplique. La nueva fiscalía autónoma, con su brazo electoral, debe darle prioridad a estos casos que sí pervierten, y mucho, a nuestra democracia. Pero el otro dinero, el de empresas lícitas, debe legalizarse y regularse. Yo prefiero saber de manera transparente quién le donó dinero a quién a enterarme después que lo hicieron por debajo de la mesa y recibieron, a cambio, favores gubernamentales. O peor aún, no enterarme nunca.

                Twitter: @leozuckermann