Reglas, reglitas y reglotas
Nuestro país sufre una propensión casi enfermiza por cambiar las reglas básicas del juego. La eficiencia de la clase política no se mide por resultados basados en el cumplimiento de la norma presente, sino por la capacidad de invención de lo que deben ser las reglas ...
Nuestro país sufre una propensión casi enfermiza por cambiar las reglas básicas del juego. La eficiencia de la clase política no se mide por resultados basados en el cumplimiento de la norma presente, sino por la capacidad de invención de lo que deben ser las reglas idóneas, mismas que al poco tiempo volverán a ser insuficientes e imperfectas.
La insatisfacción perene radica en un diagnóstico errado que busca la explicación de la frustración institucional en los efectos y no en las causas.
Ejemplo de ello es la nueva reforma política que, 17 años después de la gran transformación al sistema electoral mexicano que dio vida al Instituto Federal Electoral y a la ley en la materia (el Cofipe), hoy nos parece todo inservible y, por lo tanto, se genera una fiebre de urgencia por transformar de un plumazo todo lo hasta ahora avanzado.
Se trata, ni más y ni menos, que de nuestras instituciones democráticas —refiriéndome a las federales—, las cuales, con todo y sus imperfecciones, han demostrado en su corta vida estar a prueba de las peores crisis democráticas y de sus depredadores (como lo ocurrido en la elección del año 2006).
Esa muestra de inmadurez parlamentaria habla de que seguimos siendo una nación poco seria e ilusa, desde el punto de vista de las instituciones públicas. La falta de seriedad radica en la incapacidad de entender que los países verdaderamente democráticos, como, por ejemplo, Francia o Estados Unidos, llevan más de 200 años haciendo de sus instituciones democráticas una tradición cívica. La parte ilusa es caer constantemente en la fantasía de pensar que, al cambiarlo todo, en automático habrá un mejor desempeño de las instituciones, y olvidándose de que las personas que las conducen seguirán siendo en esencia las mismas.
Esa adolescencia política —en el sentido semántico de quien le duele algo— se refleja en que no es casual que México sea el país de América Latina que más reformas constitucionales ha experimentado en los 96 años de vida de la Constitución vigente. El promedio indica que se han dado casi seis cambios constitucionales por año, lo cual indica que desde 1917 se ha sufrido aproximadamente 550 reformas.
Lo paradójico de esta cifras es que se han hecho a un texto legal que contiene escasos 136 artículos. Es decir, los cambios a nuestra Carta Magna han sido cuatro veces más que el número total de reglas ahí contenidas.
Durante el mismo periodo, otros países como Brasil, Ecuador o Nicaragua, llevan en promedio siete constituciones nuevas. Ni lo uno ni lo otro es algo positivo en una vida constitucional y democrática, pues refleja poca estabilidad institucional. En otras palabras, la reformitis es el mal de no entender que la Constitución es un grupo de normas básicas de donde emanan los derechos y principios de una nación, y sirven principalmente para establecer los parámetros de interpretación legal que requiere la actividad legislativa y judicial.
No es casual que en la historia constitucional de Estados Unidos solamente se hayan hecho 27 reformas al texto original, aprobado en la convención de Filadelfia celebrada en 1787. Esa sanidad constitucional del vecino país es lo que a su vez permite contar con las reglas básicas del juego democrático.
Igualmente es lo que evita esa falta de pudor y estética mínima, para que quienes hoy tienen en sus manos la reelección legislativa no se conviertan en los primeros beneficiarios. De ahí que no es casualidad que los legisladores federales recurran periódicamente a esa práctica de inventar reglas, reglitas y reglotas, sin importar la estabilidad y seriedad que imprimen a las reglas democráticas y a las instituciones del Estado.
*Abogado y ex titular de la FEPADE