Insolidaridad fiscal

Los debates sobre la reforma hacendaria proyectan con crudeza posiciones y corrientes de insolidaridad que reproducen la exclusión social. Las reacciones contra tentativas de acotar privilegios y promover que paguen más quienes más ganen, muestran las resistencias a  hacer del país una casa más  habitable. La política fiscal es como una especie de espejo que refleja hasta dónde el gobierno y grupos de interés están dispuestos a adherirse a causas mayores que la defensa de sus ventajas y tratos especiales.

La discusión ha sido prodiga en ejemplos de las energías que orientan nuestro comportamiento e impulsan a evitar un cambio en algo que,  si así se pudiera llamarse, atiende a la sique colectiva. Entre ellos, como botón de muestra, cabe  citarse el razonamiento de la cúpula empresarial acerca del efecto perverso,  para los pobres, de elevar impuestos a refrescos y comida chatarra.

Eso —defienden— es lo que puede comer y beber la mayoría de la población del país,  y por tanto, si se eleva el precio sería un atentado contra la ingesta calórica que requieren para trabajar. Siguiendo su razonamiento, en aras de la “alimentación de los pobres” habría que mantener el daño nutricional que ha convertido a la obesidad en un problema de salud pública; o como también se ha escuchado estos días, alentar el consumo de refrescos porque hay lugares que carecen de agua potable, en lugar de debatir sobre la forma de supervisar y vigilar el manejo de recursos para garantizar que los impuestos sirvan para que haya servicios públicos adecuados.

Aplicar IEPS a los refrescos a razón de un peso por litro e impuestas adicionales a la comida chatarra fue aprobado en la reforma que  votaron los diputados. La medida será sin embargo combatida por grupos de presión y cabilderos en el Senado, donde esperan poder  corregir las partes “más tóxicas” (en palabras del PAN) de la reforma fiscal. En la Cámara alta seguramente se repetirá la retórica sobre los peligros de redistribuir las cargas fiscales porque —en el fondo— de poco servirá para cambiar un país de por si injusto y, sobre todo, porque finalmente  afectaría a los que menos tienen.

La tónica en general del debate es la clásica reacción sobre el peligro del desempleo y menor inversión si se tocan las ganancias en bolsa o los dividendos de las empresas, se corrigen espacios que sirven a la evasión como el régimen de consolidación fiscal o los beneficios de las mineras.  Todo ello iría finalmente contra los pobres, al igual que el ISR progresivo contra las clases medias. De la discusión se abstrae, como si se hablara en un laboratorio fuera del país, que la discusión fiscal en México tendría que partir de explicar el lugar que ocupa entre los países con peor nivel de inclusión social en el índice del Consejo de las Américas, muy por debajo no sólo de Estados Unidos, sino de Uruguay, Costa Rica y Brasil; o porque el modelo de crecimiento no ha logrado en tres décadas ni las tasas que requiere el país y menos la cohesión social.

El gobierno insiste en que es una reforma para cerrar privilegios que permiten pagar más impuestos a los de más ingresos. Pero en el manejo del dinero público poco se ha hecho, comenzando por  generar una nueva relación con los contribuyentesl, así como con la transparencia y rendición de cuentas del gasto. Ahí el gobierno es el primero en mantener el “privilegio” de enarbolar la “bandera” de los pobres, aunque luego en los centros de salud se carezca de condiciones mínimas de salubridad o que las mujeres den a luz en el patio de uno de ellos; o que su retórica sobre las preocupaciones sociales se haga trizas con el cólera por la falta de servicios públicos y condiciones de insalubridad en las comunidades.

Tampoco ha resultado mejor el discurso de la oposición, que entre ella se reclama vender sus votos por dinero para los estados que gobierna. El PAN, además de asumir las claves de la retorica de la perversión, no encuentra el momento  de quitarse la responsabilidad que tanto criticó del PRI en los últimos dos gobiernos de fortalecer la hacienda pública por los costos electorales hacia los comicios de 2015.

Aún falta la discusión de egresos del paquete económico 2014 y podría ser oportunidad para recuperar debates como el combate a la desigualdad con la eficiencia del gasto, transparencia contra la corrupción. Así como la forma de convertir en realidad la promesa de política social que ofrece la reforma hacendaria como la pensión o el seguro de desempleo ¿con lo que hay se podrá o también esto pasará a formar parte de la retórica electoral?

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

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