Riesgos de la impotencia civil

Dicen los que saben que es muy fácil sacar al Ejército de sus cuarteles, pero que lo difícil es regresarlo. Para hacerle frente a una emergencia nacional, a falta de políticas adecuadas, queda siempre el recurso de usar a las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población afectada por fenómenos naturales, para salvar a las autoridades que por ineptitud generan una amplia oposición popular o, como ha sido el caso desde 2006, para hacer a aquello que las muchas policías mexicanas no han podido hacer: combatir con eficacia al crimen organizado.

El hecho es que Vicente Fox, se presume que a petición del entonces presidente electo, Felipe Calderón, le ordenó a las Fuerza Armadas salir a las calles a cumplir funciones que constitucionalmente corresponden a la policía. La medida tuvo varios motivos: uno, que la corrupción e ineficiencia de las corporaciones policiacas, lejos de llevar a una disminución de la delincuencia, la hizo crecer de manera geométrica y por lo visto imparable.

Otra causa, tal vez la principal, fue que habiendo salido Calderón de un sucio proceso electoral, plagado de anomalías y de una actuación infame del Instituto Federal Electoral, optó, con fines de legitimación, por emplear al Ejército y la Marina en funciones meramente policiacas, lo que por supuesto no resolvió el problema, pero tuvo saldos que han resultado nefastos para México y cuyos efectos se resentirán durante varios sexenios.

Poner a nuestros militares a cumplir tareas para las que no están preparados ocasionó que, en su afán de combatir a los criminales, tomaran medidas que afectaron la vida normal de los ciudadanos, con retenes, detenciones arbitrarias y agresiones armadas que han costado la vida de gente pacífica. Hasta ahora no se ha dicho con precisión cuántos son los muertos y heridos que han tenido las Fuerzas Armadas en esta guerra contra un ejército por momentos invisible, que por su naturaleza, está intensamente entrelazado en el tejido social, hecho que con frecuencia lo hace irreconocible o motiva la agresión de los uniformados contra quienes nada tienen qué ver con las actividades ilegales.

Por otra parte, se estima que los desertores suman una cantidad igual e incluso superior a la suma de efectivos de las Fuerzas Armadas; desertores que, en muchos casos, van a parar directamente a la delincuencia, cuya política de empleo valora altamente a las personas capacitadas en el manejo de armas y la disciplina.

Pero lo peor es que al poner a los militares en las calles, se les expone a los mecanismos corruptores del crimen organizado o, más frecuentemente, a la tentación de abusar de las circunstancias y apoderarse de mujeres y bienes ajenos. Esos son los resultados más graves y visibles de la triste, terrible decisión de poner a los soldados de la patria en función de gendarmes.

Pero ya están ahí y ahora el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, se manifestó a favor de dotar a sus hombres de facultades para investigar. Ya bastante riesgoso es que las Fuerzas Armadas de México tengan una relación tan estrecha con las de Estados Unidos, pero convertir al Ejército en Ministerio Público es ir más lejos en una política absurda para los poderes civiles, que delegan en nuestros uniformados tareas que corresponden a las autoridades civiles. Si éstas no están capacitadas para gobernar, lo lógico es que más temprano que tarde sean desplazadas y sustituidas por esas fuerzas a las que cada día se impone más trabajo y se dan más facultades. ¿Hacia allá vamos?

                *Periodista y autor de Milenios de México

                hum_mus@hotmail.com