La ley no se negocia
“La ley no (…) está sujeta a negociación”. Son las palabras del presidente Peña Nieto la semana pasada en conferencia de prensa en Quebec. En ese mismo momento su secretario de Gobernación estaba reunido con los líderes de la CNTE para negociar… la ley. El gobierno de Peña Nieto no es el único al que le gusta hacer grandes declaraciones. La semana pasada el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que el Partido Comunista Chino regresaría a sus raíces marxistas. En ese país, todos los días, hay innumerables transacciones propias de un país capitalista, y por ello han logrado salir de la pobreza en la que los hundió el marxismo.
En México la ley se negocia todos los días y por eso no logramos salir del pantano en el que nos encontramos.
La negociación de la ley empieza con la discrecionalidad de ejercer o no la acción penal. Mientras líderes del SNTE, incluido el diputado del Panal José Bernardo Quezada Salas, quien compró 11 departamentos de lujo en un condominio de Miami en un solo día, disfrutan la gran vida gracias a las comisiones que cobraron por permitir a instituciones financieras darles crédito a sus agremiados, Rubén Núñez, el líder de la CNTE, está siendo procesado por eso mismo, bajo el cargo de que hubo lavado de dinero al embolsarse esas comisiones.
La autoridad es muy competente para encontrar ese delito, cuando quiere. Lo hizo con Elba Esther Gordillo. No lo ha logrado hacer con ninguno de los gobernadores de los que hay más que suficiente evidencia sobre el mal uso de recursos públicos. La discrecionalidad resta legitimidad a los esfuerzos de hacer cumplir la ley.
Después de que falló estrepitosamente el esfuerzo de hacer cumplir la ley en Nochixtlán, con un saldo de ocho muertos y más de 100 lesionados, incluidos algunos policías heridos por bala, el gobierno se quedó pasmado viendo cómo el sureste quedaba aislado del resto del país. El desalojo exhibió que la inteligencia del gobierno no anticipa ni lo básico, desde la fuga de El Chapo hasta el día de mercado en Nochixtlán. La incompetencia abona a la erosión de la legitimidad.
El viernes pasado, el secretario de Gobernación súbitamente recordó que en México, según su jefe, no se negocia la ley. En sus palabras: “Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben terminar. Por ello, en breve se estarán tomando las decisiones necesarias, para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades”. No encuentro en la Constitución dónde está definido cuál es el tiempo legal para agotar el tiempo y actuar.
No entiendo la lógica de la amenaza de Osorio Chong. No creo que pensara que iba a hacer cumplir la ley con las fuerzas del orden en Oaxaca y Chiapas. Ya se deben haber dado cuenta cuán lejos están de tener la capacidad para hacerlo. Pero creí que, por lo menos, tendrían ya amarrada una negociación.
La palabra del secretario se ha ido devaluando aún más que el peso. No es la primera vez que dice una cosa y sucede otra. En noviembre pasado afirmó que no había un repunte en el número de homicidios. Éstos no han hecho más que subir. Ya alcanzamos una tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes similar a la que tenía México cuando inició la administración de Peña Nieto.
A la ilegalidad de los bloqueos hay que agregar otro frente abierto que tiene el gobierno en materia de defensa del Estado de derecho: la frenética actividad de algunos gobernadores salientes para asegurar que su sucesor quede bien amarrado y no pueda hacer cumplir la ley. ¿Ahora resulta que la reforma constitucional que crea la fiscalía autónoma, diseñada para que el poder político no maneje la procuración de justicia, es el vehículo para que el sucesor tenga que sufrir un fiscal autónomo controlado por un compadre del gobernador saliente?
Las purgas de Stalin contra sus supuestos enemigos seguían escrupulosamente la ley. Siempre había una confesión. Nadie preguntaba cómo se había logrado. La condena era legal, pero eso no es tener un Estado de derecho. Éste presupone que se respetan los principios que legitiman la ley. A los gobernadores salientes de Veracruz y Quintana Roo sólo les importa salir impunes de todos los abusos que cometieron en sus seis años de gobierno. No importa qué principios violen. Sólo el gobierno federal puede actuar para evitar esos atropellos.
Las pérdidas para las economías de Oaxaca y Chiapas son multimillonarias, pero no serán compensadas. Salvo que los afectados bloqueen alguna carretera importante. En paralelo repartiendo dinero y cambiando la forma en la que se aplica la Reforma Educativa en estos estados, seguramente se irán levantando los bloqueos de la CNTE, aunque antes harán su tour por la Ciudad de México, a la que están sitiando para mostrar su fuerza.
La ley se habrá negociado una vez más. Triste. Más de uno sabrá que estamos en un momento muy redituable para presionar con algún plantón o bloqueo y sacar algún beneficio.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carlos elizondom