Militares serán interrogados por caso Ayotzinapa, sólo por un MP: Campa

WASHINGTON, Estados Unidos. 

La posibilidad de que elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, sean entrevistados por representantes de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), generó un debate entre integrantes del mismo, peticionarios y funcionarios mexicanos en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la sesión, realizada en Washington DC, Estados Unidos, y que se transmitió por internet, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, indicó que esa posibilidad se podría dar, pero el personal militar declarará sólo ante el Ministerio Público Federal.

La posibilidad de estos interrogatorios son a través del Ministerio Público, ahora con la nueva investigación habrá todas las condiciones como comenzamos a hacerlo ya de hecho, en algunas de las últimas conversaciones, para revisar y analizar cuál puede ser contenido y el formato de una diligencia con esas características”, explicó Campa Cifrián.

Durante la audiencia pública se anunció que el lunes se firmó un nuevo acuerdo de colaboración y participación en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre familiares, representantes, integrantes del GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR).

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, reclamó a los funcionarios representantes del Estado mexicano, debido a que argumentó que en el nuevo acuerdo está clara la petición de entrevistar a los militares.

Lo que no entendemos como grupo es porqué en el caso concretó del batallón siempre hay una respuesta evasiva, frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones.

El tema de la declaración no es un juicio de responsabilidad por parte del grupo, es la necesidad de verificar una serie de información que nosotros le pusimos de presente a la PGR estando en la investigación de la averiguación y que nunca había sido verificada por la PGR”, dijo Bitrago.

Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos y quien participó como peticionario, reclamó que a pesar del nuevo acuerdo existe un convenio marco de colaboración en el que el gobierno mexicano ofreció su apoyo.

Más allá de los puntos que refiere el subsecretario Campa, hay un acuerdo marco y en ese contexto, sin duda alguna, el grupo de expertos tendría facultades para entrevistar a elementos del Ejército mexicano.

Como ha tenido elementos para entrevistar a elementos de otras corporaciones y lo cual ha sucedido”, dijo Patrón.

El primer presidente de la CIDH, James Cavallaro, reclamó que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció toda la colaboración al GIEI, pero el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, afirmó que no permitiría que se interrogue a los soldados.

Cuál es la posición del Estado, jefe de la Sedena, el secretario, puede decidir quién sí o no va a colaborar con la investigación que cuenta con el apoyo del presidente”, cuestionó Cavallaro.

En este punto, Campa Cifrián únicamente respondió que, como lo establece la ley, el Presidente en México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Piden no revelar más hipótesis

El subsecretario de Campa Cifrián estuvo acompañado de Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

También estuvieron Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el embajador permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OED), Emilio Rabasa.

Buitrago y Cavallaro solicitaron a los integrantes de la delegación del Estado mexicano en audiencia pública del Caso Ayotzinapa, a que no se den a conocer de manera pública nuevas hipótesis en las investigaciones.

También solicitaron que se acelere el proceso para integrar todas las investigaciones en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y que se reinicien las tareas de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por su parte, Campa Cifrián urgió a la CIDH a que resuelvan la autorización para que el GIEI prolongue su estancia en México por seis meses más, debido a que el gobierno presentó la solicitud formal el pasado 15 de septiembre y no ha obtenido respuesta.

Bfm