'Conspiración del pollo' en la Corte
La SCJN estudia una sanción impuesta a seis empresas por prácticas monopólicas
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto.- Fue hace casi seis años cuando un grupo de empresarios avícolas se reunió para manipular y fijar los precios de la carne de pollo en la Ciudad de México. Tras una investigación, la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) descubrió la conspiración y concluyó que cinco de las empresas más importantes del rubro incurrieron en prácticas monopólicas absolutas.
El organismo impuso multas que suman los 130.4 millones de pesos a Industrias Bachoco, Pilgrim´s Pride, Tyson, Pollo de Querétaro y San Antonio, así como a la Unión Nacional de Avicultores.
Los empresarios se inconformaron por la millonaria sanción y llevaron el caso hasta los tribunales. Su asunto será analizado hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, de acuerdo al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, les será confirmada la multa.
El documento, cuya copia posee Excélsior, plantea negar el amparo a uno de los ejecutivos multados, por considerar infundados sus argumentos en contra de la resolución que declaró a los sancionados responsables de conspirar para manipular y acordar los precios de la carne de pollo en perjuicio de los consumidores.
Las conductas investigadas se referían a probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre diversas empresas avícolas productoras y comercializadoras de pollo, agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto y efecto fue intercambiar información para fijar, concertar y manipular el precio de venta de diversos productos como la pechuga de pollo y pierna con muslo, mediante la publicación de supuestas ofertas en medios de comunicación.
El órgano regulador determinó que la publicación de los desplegados la realizó la Unión Nacional de Avicultores, integrada por asociaciones de avicultores que participaban en el mercado de la producción y comercialización de pollo en territorio nacional, quienes eran competidores entre sí, con el objetivo de fijar y manipular un precio y publicitarlo como una supuesta oferta a fin de promover el consumo de pollo, lo cual disminuyó, dañó o impidió la competencia y la libre concurrencia en el mercado de la distribución y comercialización del producto.
El proyecto de Pérez Dayán que presentará a la Segunda Sala de la Corte, indica: “el precepto combatido sanciona los acuerdos que fijen precios ya sea a la alza o a la baja, ya sea en beneficio o en perjuicio del consumidor y no sólo eso, sino que además, sanciona el simple efecto que pueda tener ese acuerdo aunque el objeto no haya sido el de cometer alguna de las conductas sancionadas por la Ley”.
El referido artículo establece que son prácticas monopólicas, los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los que se enumeran en sus cuatro fracciones.