Programas sociales: Encinas denuncia desvíos en Sedesol
El senador presentó ante la PGR, la ASF, la SFP y la CNDH evidencias de presunto mal uso de recursos públicos con fines electorales

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril.- Respaldado con videos, listados, cheques y un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el senador Alejandro Encinas denunció posibles desvíos de recursos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como Jornaleros Agrícolas y 3x1 para Migrantes, y otros incorporados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, para fines electorales.
En conferencia de prensa, el senador informó que el pasado 16 de abril llegó a su oficina una información de fuente anónima que contiene 623 archivos y videos de testimonios donde se asegura que en el actual proceso electoral se realizan desvíos de recursos de programas sociales de al menos 500 millones de pesos, y que ya entregó a la Sedesol, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), a la ASF, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Alejandro Encinas informó que este posible desvío de recursos de la Sedesol para fines electorales en el estado de Veracruz es adicional a lo ocurrido ya con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que utilizó 96 millones de pesos para comprar tortilleros de color impreso y 79 millones de pesos para paliacates, en 2013.
Ahora, dijo el senador, se trata de un desvío de recursos en este año del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, que debió destinar ocho millones de pesos y sólo se entregaron dos millones a los beneficiarios; el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias de los programas sociales, cada una de mil 512 pesos, y que implica un total de 302 mil 400 pesos.
Además, el registro de 100 obras públicas cobradas y reportadas, pero que no se realizaron, dentro del Programa Empleo Temporal y del Programa 3x1 para Migrantes; falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, por montos cercanos a los 500 millones de pesos, de acuerdo a la evidencia que le fue entregada.
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