La PGR va tras delito electoral: Arely Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo.- Con la nueva ley electoral que fue aprobada por el Senado de la república, la Procuraduría General de la República (PGR) podrá perseguir aquellos delitos que se pudieran presentar el próximo 7 de junio, ya sea a través de una denuncia o de oficio, aseguró la titular de esa dependencia, Arely Gómez.

En entrevista para Excélsior Televisión con Pascal Beltrán del Río, la funcionaria  federal exhortó a aquellos ciudadanos o agrupaciones que han manifestado su intención de impedir los comicios en estados como Guerrero y Oaxaca a desistirse de realizar tal acción.

El Instituto Nacional Electoral tendrá que tomar las medidas para poder lograr que existan las condiciones necesarias para la instalación de todas las casillas, enfatizó la procuradora, y dijo que la PGR ya trabaja en este tema con la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales en la capacitación de los agentes del Ministerio Público y en el despliegue ministerial que se deberá efectuar ese día.

“Estaremos preparados para ese gran reto con el apoyo de la nueva legislación electoral con la que cuenta actualmente la Fiscalía para poder desarrollar su trabajo”, señaló.

Puntualizó que la dependencia supervisará de manera permanente el trabajo de los agentes del Ministerio Público a fin de evitar que por malas integraciones de las averiguaciones previas, personas inocentes sean culpabilizadas de delitos o, por el contrario, que delincuentes sean liberados por esta causa.

“No es posible que porque un agente del Ministerio Público, uno, dos o varios estén haciendo mala integración de las averiguaciones previas no tengamos los resultados que deseamos y exista esta gran impunidad, pero un agente no puede arrastrar a toda una Procuraduría”.

Por ello, subrayó, una de las primeras acciones que emprenderá será que la Visitaduría General de la PGR revise de manera minuciosa el desempeño de los ministerios públicos, a fin de establecer quiénes están haciendo su trabajo de manera correcta y que sean recompensados y estimulados, mientras que aquellos malos servidores públicos reciban sanciones.

“Al día de hoy tenemos autorizadas seis mil 425 plazas de ministerios públicos de distintos rangos y todos estos deberán ser supervisados; hay un gran número de expedientes de casos muy importantes que ya están muchos de ellos integrados, ya están presentados ante el juez, pero también será parte del trabajo de la Procuraduría General de la República el que se le dé el seguimiento adecuado en todo el proceso hasta que se emita la sentencia definitiva”, comentó.

Reconoció que la dependencia a su cargo deberá trabajar de manera intensa en el tema de las desapariciones forzadas en México y para ello cuenta con una lista elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, la cual, dijo, está integrada por información que envían las procuradurías de Justicia de todos los estados del país.

En este sentido, Gómez González explicó que la dependencia a su cargo actualmente ya se encuentra presentando el protocolo para la desaparición forzada, el cual, consideró, será de gran ayuda para atender y perseguir este delito y se prevé que sea aprobado en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Procuradores, a celebrarse en mayo próximo.

Dijo que este protocolo ya ha sido analizado por zonas en las reuniones que han tenido los procuradores estatales, a fin de que hagan llegar a la PGR sus observaciones.

“Este protocolo será creado por un acuerdo y será vinculatorio para todos los integrantes, y ahí mismo ya vendrá cómo realizar esta lista con una mayor profundidad.”

Mencionó que como senadora de la República estaba trabajando en una ley general de desaparición forzada que prevé la creación de un zar encargado de perseguir este delito. No obstante, reconoció desconocer los avances que se han dado al respecto.

“Sé que el senador Roberto Gil (Zuarth) acaba de presentar una iniciativa al respecto, y también he escuchado que en la Comisión de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros manifestó lo relacionado con la creación de este zar.”

Afirmó que hasta el momento la PGR no ha recibido la instrucción para investigar lo relacionado a las propiedades que poseen funcionarios federales, pues esa tarea le fue encomendada por el Ejecutivo federal a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

No obstante, aseguró que el Senado de la República se apresta a nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción, el cual dependerá de la PGR y entre sus funciones estará la de atender este tipo de asuntos.

Asimismo, destacó que la creación de la Fiscalía General de la República —que se prevé sustituya a la PGR— es un tema pendiente en el Senado y, aunque ya hay una minuta, primero deberá dictaminarse en la Comisión de Justicia y posteriormente someterse a votación ante el pleno.

Respecto a la figura de los testigos protegidos, la procuradora aseguró que estará atenta de que no se le dé un uso inadecuado ni que sea tomado como el único elemento de prueba para acusar a alguien.

“Esto será únicamente un elemento que ayudará para la integración y la resolución, pero siempre tendrán que vincularse con otros medios de prueba, no se puede utilizar única y exclusivamente a un testigo protegido”.

Afirmó que como senadora de la República —la anterior posición que desempeñó— siempre impulsó una adecuada legislación en esa materia, al igual que con la figura jurídica del arraigo, el cual, subrayó, únicamente deberá utilizarse en temas excepcionales.

“No debe ser una figura recurrente sino únicamente de manera excepcional”, manifestó.

Indicó que actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay algunas resoluciones pendientes de resolver sobre el tema, por lo cual la Procuraduría estará atenta a la resolución de los magistrados.

Mencionó que la semana pasada la defensa de Omar Treviño Morales, apodado El Z-42, tramitó un amparo en el que solicita que sea retirado su nombre y todo lo relacionado con su detención de internet, asunto que, dijo, será resuelto hoy en una audiencia incidental por un juez.

Indicó que el máximo líder de Los Zetas alega violación a sus derechos humanos y de manera particular de su presunción de inocencia y, en ese sentido, consideró que habrá que esperar la valoración del juez “porque yo siempre seré respetuosa de las decisiones judiciales y de la defensa de los derechos humanos”.

Subrayó que en breve pondrá a consideración del presidente Enrique Peña Nieto los nombramientos en las distintas áreas de la PGR —que actualmente están encabezadas por encargados de despacho—, una vez que concluya la evaluación de cada una de las unidades administrativas de la dependencia, a fin de identificar sus fortalezas, áreas de oportunidad y desempeño de cada uno de los encargados.

Arely Gómez agregó como titular de la PGR encauzará su trabajo en cuatro ejes fundamentales: transparencia y rendición de cuentas; una procuración de justicia eficaz; protección a los derechos humanos, así como lograr una adecuada implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que deberá estar en marcha a mediados del próximo año.