EU paga a narcos con ‘green cards’: residencia legal a cambio de testimonios

Benefició a quienes acusaron a Arturo Gallegos por el homicidio de una empleada de EU en Juárez, en 2010

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15/02/2014 06:21 Luis Chaparro/Especial El Diario de El Paso, con información de Martha Elba Figueroa, El Diario y Notimex
Arturo Gallegos Castrellón fue detenido en México en noviembre de 2010. Foto: AP/Archivo

El PASO, Texas, 15 de febrero.— Estados Unidos otorgó más de 20 documentos de residencia permanente, conocidos como green cards, a familiares de narcotraficantes —además de una carta de naturalización—, quienes declararon contra Arturo Gallegos Castrellón, El Farmero, encontrado culpable por el homicidio de una empleada del consulado de ese país en Ciudad Juárez y dos personas más, en 2010.

A través de declaraciones juramentadas, y en documentos obtenidos en exclusiva por El Diario de El Paso, también se revela que el gobierno estadunidense dio al menos 220 mil dólares y pactó tres reducciones de condenas para quienes inculparon  a El Farmero.

Entre los beneficiados está Jesús Ernesto Chávez, El Camello, cuya confesión de 800 asesinatos dio a conocer Excélsior. La Fiscalía dijo que los ofrecimientos se hicieron por “ayuda humanitaria”.

EU da green cards a sicarios testigos

La Fiscalía Federal de EU ofreció beneficios “extraordinarios”, a la gran mayoría de sus testigos, incluyendo sicarios, que comparecen durante el juicio en contra de Arturo Gallegos Castrellón, acusado del homicidio de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Juárez.

De acuerdo con declaraciones juramentadas realizadas durante las dos semanas del juicio contra Gallegos, y a documentos obtenidos en exclusiva por El Diario de El Paso, el gobierno federal ha otorgado más de 20 documentos de residencia permanente , green card,  a familiares de los testigos y hasta una naturalización.

Asimismo, ha desembolsado alrededor de 220 mil dólares libres de impuestos y ha pactado tres reducciones de condenas mayores para quienes han dado su testimonio inculpando a El Farmero, conocido también con los alias de El Benny y El 51.

Mientras que una de cada cuatro solicitudes de visa son negadas a mexicanos por Estados Unidos y el índice de rechazo de peticiones de asilo político a esa misma nacionalidad se ha elevado a un 98 por ciento, un estatus migratorio permanente aparece como un señuelo utilizado por fiscales federales.

Entre los beneficiarios se encuentran multihomicidas, incluyendo a Jesús Ernesto Chávez, alias El Camello, quien confesó haber asesinado a más de 800 personas en Ciudad Juárez.

El listado incluye a miembros del grupo delictivo Barrio Azteca, copartícipes de los eventos donde estalló un coche-bomba y el homicidio de la empleada consular Leslie Ann Enríquez, su esposo Arthur Redelfs y José Alberto Salcido, marido de otra trabajadora de la sede diplomática, en hechos ocurridos el 13 de marzo de 2013.

Documentos mostrados a El Diario de El Paso por una fuente federal, exhiben que Jesús Ernesto Chávez, arrestado en julio de 2010, y quien confesó el homicidio de al menos 800 personas en Ciudad Juárez, incluyendo el multihomicidio de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, obtuvo a cambio de su declaración la residencia permanente estadunidense para tres de sus familiares y para él mismo.

Además, su familia recibió 92 mil dólares en cinco pagos libres de impuestos por parte de una agencia federal estadunidense.

Chávez se encuentra actualmente detenido en El Paso, Texas, acusado de su participación en los atentados que terminaron con la vida de los Redelfs y Salcido. A cambio de su testimonio, además, espera una reducción en su sentencia que será dictada en los próximos días.

Uno de los testigos más beneficiados es el hombre identificado como E.Q., ingeniero en telecomunicaciones y quien fue responsable de instalar la red de radiocomunicaciones para el Barrio Azteca y La Línea —operadores del Cártel de Juárez— en la vecina ciudad.

De acuerdo con su testimonio y con documentos federales, E.Q. recibió de la Agencia Antidrogas (DEA) más de 125 mil dólares libres de impuestos a cambio de su cooperación para aprehender a los acusados en el caso, al tiempo que recibía más de 500 dólares mensuales por continuar trabajando con el Barrio Azteca.

Miguel Nevárez, El Lentes, también resultó beneficiado por las autoridades federales de EU. Nevárez fue durante 2010 el encargado del Valle de Juárez para el Barrio Azteca y confesó haber asesinado al menos a 23 personas, además de su participación en el atentado en contra de las tres personas relacionadas al Consulado.

“Ayuda humanitaria”

Durante los argumentos finales en el último día del juicio en contra de Arturo Gallegos Castrellón, El Farmero, acusado de ordenar el asesinato de tres personas relacionadas al Consulado estadunidense en Ciudad Juárez, la Fiscalía federal de Estados Unidos argumentó al jurado que los beneficios ofrecidos a los testigos comparecientes “fueron una ayuda humanitaria”.

El abogado defensor contratado por la Corte, Randy Ortega, recordó al jurado que “muchos de los testigos presentados por la Fiscalía forman parte del gobierno, son agencias federales. Y el resto recibieron pagos de hasta 125 mil dólares y papeles de residencia para sus familias”.

El fiscal John Michael Gibson dijo al jurado que “en relación con los beneficios que  ofrecimos a los testigos, esos fuimos nosotros siendo humanos.

“Los beneficios no fueron pagos, sino un gesto humanitario con los testigos que están dando testimonio en contra de un líder del Barrio Azteca”, dijo Gibson.

Jurado de EU declara culpable a El Farmero

Un jurado federal declaró a Arturo Gallegos Castrellón, presunto miembro de la pandilla Barrio Azteca, de ordenar el homicidio de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez en marzo de 2010.

Después de 11 días de testimonios, el jurado deliberó para declarar a Gallegos Castrellón culpable de tres cargos de homicidio por la muerte a tiros de la empleada del consulado estadunidense Leslie Ann Enríquez Catton, y de su esposo Arthur Redfels.

También fue declarado culpable del homicidio de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, quien estaba casado con otra empleada del consulado. Los tres murieron en dos ataques separados registrados el 13 de marzo de 2010.

El jurado también declaró a Gallegos culpable de ocho cargos más, incluidos lavado de dinero, crimen organizado y conspiración para distribuir sustancias controladas.

En el juicio, los fiscales federales reconocieron que Castrellón no fue quien jaló el gatillo, pero sí es responsable de planear y ordenar las ejecuciones.

Durante el juicio, los fiscales presentaron testimonios de varios miembros de la pandilla Barrio Azteca, que dijeron que Gallegos dio la orden de disparar contra Enríquez, Redfels y Salcido.

Los expandilleros que testificaron dijeron que el asesinato fue un error cometido por gatilleros que pensaban que tenían como objetivo los miembros de pandillas rivales.

Durante los argumentos finales, la defensa se centró en atacar la credibilidad de los testigos, argumentando que se les habían ofrecido reducciones de condena o beneficios de estatus migratorio a sus familiares.

El abogado defensor Randy Ortega dijo al jurado que la fiscalía había pagado a todos sus testigos, lo que desacreditaba su testimonio.

Los fiscales reconocieron el hecho, pero aseguraron que ése es el precio de tratar con una organización criminal como Barrio Azteca.

Gallegos podría ser sentenciado a cadena perpetua por cada cargo de homicidio y a 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Su sentencia fue programada para el próximo 24 de abril.

Recomiendan a PGR iniciar investigación

Ante la posibilidad de que decenas de crímenes cometidos en  Ciudad Juárez queden impunes por el acuerdo que ofreció Estados Unidos a testigo en el juicio a  Arturo Gallegos Castrellón, el criminalista Gabriel Regino aseguró que los ofendidos tienen la posibilidad de iniciar un juicio en México para exigir a las autoridades de ese país extraditar a este personaje y se siga un juicio por los mismos.

 “Las víctimas del delito pueden acudir a sus instancias locales o a la representación de la Procuraduría General de la República en el estado de  Chihuahua, para pedir que se inicien las investigaciones respectivas.”

 

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