Centroamérica, puerto de salida para las drogas

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio.- De acuerdo con un reporte del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE.ES), que depende del Ministerio de Defensa de ese país, los traficantes latinoamericanos usan ahora puertos centroamericanos y del Mar Caribe para enviar su mercancía a Europa y Asia a través de rutas por la región subsahariana de África.

El estudio destaca que desde que los traficantes latinoamericanos usan esas rutas, logran vender el kilo de cocaína a 60 mil dólares en Europa y hasta en 171 mil dólares en Arabia Saudita. El auge del negocio ha dado lugar al término “coca-dólares”.

Según IEEE.ES, para el tráfico de la cocaína, el África subsahariana ocupa una situación “ideal” entre los productores de América Latina y los consumidores europeos, aunque en materia de opiáceos sirve de escala entre Asia y América. De un modo algo similar al papel que juega Centroamérica como escala entre los productores de cocaína de América del Sur.

La posición estratégica de Centroamérica es como una llave de acceso a Las Antillas, como un corredor natural de acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, la llamada “Llave del Mundo” que codiciaron los navegantes portugueses y españoles.

60 mil dólares vale un kilogramo de cocaína en Europa

Pero es también un “puente natural” entre Norte y Centroamérica, gracias a una combinación de rutas marinas y terrestres que aprovechan la relativa debilidad de los gobiernos de las naciones por las que atraviesan y en las que aprovechan de la fuerza de los grupos delincuenciales asentados en ellos, especialmente las llamadas Maras, la M-13 y la M-18.

“Para transportar la cocaína, los cárteles colombianos usan “el eje de las Antillas” para alcanzar Europa, directamente y sin escalas, a través de veleros o traineras. El final de su escapada es generalmente España, hacia donde se dirigen grandes cantidades de droga”, dice el IEEE.ES.

Y agrega que para desviar la atención de las autoridades, los colombianos reemplazaron las vías marítimas tradicionales que antes usaba la cocaína, por otra vía más al sur, a través de África occidental.

Se trata primero de zarpar desde América Latina, donde la cocaína es producida, tomando por lo general las rutas marítimas y después hacer escala en el África subsahariana para alcanzar Europa por la vía marítima. Con lo que estos traficantes pasan cada vez más por vías menos vigiladas y aprovechan las extensas costas africanas que son poco supervisadas”, dice el estudio.

El problema, en el ámbito de la violencia que sacude a América Latina y en particular a Centroamérica, según advirtieron hace tres años el geógrafo y autor francés Yves Lacoste y Alain Labrousse, ex director del Observatorio Político de Drogas, es que la pobreza y creciente desertificación del llamado “Corredor del Sahel”, entre el desierto del Sahara y la sabana sudanesa, una zona donde abundan operativos de lo que queda de Al-Qaeda pero también de sus sucesores.

“Para empezar es conveniente constatar que el mercado de la cocaína, en particular, es de gran envergadura. Porque no se trata de un simple tráfico paralelo a la actividad económica legal. Para tener una idea precisa, un kilo del estupefaciente es entregado a este mercado al mayoreo a un precio de 60 mil dólares el kilo en Europa y a 171 mil dólares en Arabia Saudita”, informa IEEE.ES.

A esto, agrega, hay que tomar en consideración que el precio al menudeo se duplica una vez que ha llegado a su destino.

“Semejante suma de dinero habla por sí misma del poder desestabilizador que tiene ese mercado ilícito, sobre todo cuando esta droga transita por países cuyos aparatos de seguridad son débiles y sin la capacidad financiera para enfrentarlo”, agrega el documento del centro de estudios de España.

Y pone como ejemplo el caso de Guinea Bissau, una de esas puertas de entrada del “polvo blanco latinoamericano” donde no es detenido debido a que los cárteles de la droga en ese país manipulan cientos de millones de dólares, cuando el tamaño de la economía de ese pequeño país de África occidental es de 912 millones de dólares, equivalente a unas cuantas toneladas de cocaína.

Al mayoreo, por ejemplo, la tonelada de cocaína latinoamericana en Europa cuesta 60 millones de dólares y en Arabia Saudita 171 millones. Situación que desde 2011 previó el general salvadoreño David Munguía Payés, quien entonces ocupaba el cargo de ministro de Defensa y que desde el pasado 14 de julio volvió a ocupar en sustitución de José Atilio Benítez.

El impacto de los recursos de los narcotraficantes y la vulnerabilidad de los Estados llevó a que en ese mismo año Centroamérica se convirtiera en la región más violenta del planeta: Honduras tenía una tasa  de 91.61 “homicidios dolosos” por cada 100 mil habitantes, y El Salvador que tenía 70.19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA. México, por ejemplo, tenía una tasa ligeramente superior a 22 por cien mil.

El tamaño del problema llevó a medidas extraordinarias y contra todo pronóstico, El Salvador y Honduras abatieron la criminalidad de manera “sorprendente”, según analistas de la publicación especializada InSight Crime de Washington. Los niveles de violencia pasaron de 14 a cinco asesinatos por día.

Para enfrentar el problema, El Salvador inició el 9 de marzo de 2012 un proceso de negociaciones para desactivar el odio y la rivalidad entre las pandillas Mara Salvatrucha 13 y la Mara del Barrio 18; ambas nacieron en Los Ángeles, California, como grupos de autodefensa de jóvenes adolescentes contra la violencia prevaleciente en los barrios excluidos y de ahí fueron “exportadas” a Centroamérica en los 90 por la política de deportaciones

del gobierno estadunidense.

El éxito salvadoreño llevó a una iniciativa hondureña en sentido similar.

Las mediaciones con los líderes de ambas pandillas, quienes operan desde prisión, corrieron a cargo de la Iglesia católoca latinoamericana. Por el lado salvadoreño, el obispo Fabio Colindres, además capellán de las fuerzas armadas salvadoreñas, y por el lado hondureño el arzobispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, con los líderes de las hasta entonces enemigas MS-13 y Barrio 18.

Pero el nuevo reto para evitar que se rompa la tregua, y con ella la caída notable en el número de asesinatos, es la agitación que imponen las próximas elecciones generales de noviembre en Honduras y de marzo de 2014 en El Salvador.

Parte del problema, según InsightCrime, es que las maras siguen involucradas en el tráfico de drogas, aliadas o asociadas indistintamente con Los Zetas y la Federación de Sinaloa o con cárteles locales. Las maras tienen además un papel importante en el tráfico de personas de Centroamérica a Estados Unidos, pasando por México, en secuestros y extorsiones, indistintamente.

Para las estructuras políticas salvadoreña y hondureña, sin embargo, la reducción de la violencia alcanzó un papel de primera urgencia, y en ese marco hizo necesaria la intervención de la Iglesia católica.

Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, dijo a Excélsior  que en Honduras la mediación del arzobispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, fue posible porque los políticos lo necesitan para sus estrategias electorales.

“Necesitan al arzobispo para que negocie con los maras como parte de la estrategia electoral, para no tener que usar la mano dura. Aunque la derecha hondureña es un poco una construcción del siglo XIX con gente que vive al margen del planeta, no quiere volver a situaciones como la matanza en la que se quemaron vivos a 200 o 250 maras, porque ese tipo de soluciones escalofriantes causaron una gran conmoción social”, dijo.

En el caso de El Salvador, la mediación a cargo del obispo castrense Fabio Colindres permitió abatir la violencia intra-pandillas.

“Es el primer caso, donde se puede ver una relación muy clara con el estado salvadoreño porque no hay que olvidar que el obispo castrense Colindres tiene un grado militar. La negociación fue muy exitosa porque los familiares y amigos de los presos representan un sector importante de la población salvadoreña que algunos

calculan en unas 500 mil personas. Estamos hablando de 8.2 por ciento de la población total de 6 millones 100 mil habitantes”, dijo Masferrer.

A pesar de eso, destacó que la Conferencia Episcopal Salvadoreña se opuso a los métodos del obispo Colindres argumentando que “no se debe negociar con criminales”.

Consultado sobre la posición de El Vaticano frente a la tensión interna de la Iglesia católica desencadenada por la mediación de Colindres y Emiliani con los líderes de las maras rivales, MS-13 y Barrio 18, Masferrer dijo que el Obispado de Roma, y concretamente el papa Francisco tienen que navegar en muchas aguas y “jugar en muchos tableros de ajedrez” al mismo tiempo.

“El Papa dice que es muy horizontal y siempre se refiere a sus pares pero no hay que olvidar que el Vaticano es una estructura autoritaria y va a tomar medidas”, opinó Masferrer.

Delincuencia común, el flagelo en Dominicana

La delincuencia es el primer tema de preocupación para los ciudadanos, pero de ninguna forma amenaza la gobernanza en República Dominicana, sostuvo Roberto Álvarez, coordinador del grupo cívico Participacion Ciudadana.

De acuerdo con Álvarez, en República Dominicana hay dos tipos de violencia: la que proviene de la delincuencia común y la que deriva del narcotráfico.

En señalamientos vía correo electrónico desde Santo Domingo, Álvarez anotó que a diferencia de Mexico o Colombia, “en Dominicana no hay cárteles... hay grupos que operan con la protección/participación de diversos sectores militares; no creo que siquiera se les pueda llamar crimen organizado propiamente hablando”.

En opinión del activista, en su país “no se mueve una hoja (por lo menos, no por mucho tiempo) sin que algún cuerpo de seguridad lo sepa”. La razón es simple: “el territorio es muy pequeño y todo el mundo se conoce. Por tanto, el narco como tal no amenaza la hegemonía del Estado”.

Precisó en ese sentido que la República Dominicana tiene unos 64 mil 500 efectivos en sus fuerzas armadas y 33 mil 500 mas en su Policía Nacional.

A cambio, opinó, la delincuencia cotidiana ha ido en aumento y es la que más alarma a la población.

Consideró de hecho que su país “se encuentra entre los primeros países en la región en cuanto a robos, asaltos, atracos, hurtos, etc., y es esta criminalidad la que más afecta a la población en general, tanto en cuanto a realidad como percepción”.

Precisó ademas que si bien la tasa de homicidios es alta (alrededor de 22 o 23 por cada 100 mil habitantes) en República Dominicana, “no llega ni de lejos a las de Centroamérica, Venezuela, Jamaica o Colombia, ni tenemos los asesinatos espectaculares/espeluznantes que se han dado en México”.

En consecuencia, debido a la violencia cotidiana, la inseguridad ciudadana pasó a ser el primer tema de preocupación para la ciudadanía, “pero ni remotamente amenaza la gobernanza”.

Sin embargo, concluyó, la situación afecta a la vida nacional de múltiples maneras” por su cascada de influencia negativa sobre, por ejemplo, la salud y la inversión extranjera.