Lo supimos siempre y ahora el propio gobierno federal, en voz del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la pomposamente llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Arturo Medina, lo ha confesado sin querer, chapucera, vergonzantemente.
La razón por la que no se han enviado los 114 restos óseos aptos para el análisis genético, rescatados del basurero de Cocula y el río San Juan, en Guerrero, al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, como lo recomendó la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la autónoma, es la peor razón imaginable.
Medina mintió al afirmar que la renuencia de la Fiscalía General de la República (FGR) al envío de esos restos se debe a que madres y padres de los estudiantes desaparecidos se oponen a ese envío porque eso vincula la investigación a la llamada verdad histórica, es decir, a la versión sobre los espantosos hechos de la noche de Iguala y Cocula ofrecida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Esa versión fue rechazada por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, porque le pareció que ese rechazo le convenía a su campaña. López Obrador se comprometió a descubrir la verdad de los hechos y a encontrar a los estudiantes desaparecidos. Ya presidente, formó una falsaria “comisión de la verdad” que no logró en todo el sexenio echar abajo aquella versión.
Para mostrar al país que estaba convencido de que Murillo había expuesto una versión falsa se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para armar una maniobra que permitiera encarcelar al exprocurador. La imputación contra Murillo no podía ser más absurda, incluso grotesca: ¡se le acusó de desaparición forzada, como si hubiese ordenado desaparecer a los estudiantes normalistas! Con esa acusación se mantuvo preso a Murillo durante más de dos años a pesar de que por su edad y su estado de salud tenía derecho a la prisión preventiva domiciliaria: una infamia.
El profesor Felipe de la Cruz, vocero de Por la verdad y la justicia de los 43, desmiente a Medina: niega que ese grupo haya pedido que no se remitieran los restos al laboratorio de Innsbruck. “Los padres y las madres somos los más interesados en saber la verdad”. De la Cruz acusó al gobierno y a la FGR de recurrir a falsedades para ocultar la falta de voluntad de llegar a la verdad.
Entonces, el motivo de la reticencia no es la desaprobación de los padres al envío, sino que el gobierno teme que se convalide la versión de Murillo, la cual no ha podido echar abajo en ocho años. La conclusión es inevitable: el gobierno está mintiendo. Su mentira obedece a que, de convalidarse la llamada verdad histórica, será evidente que el rechazo de López Obrador no tenía sustento y que el encarcelamiento de Murillo Karam no sólo fue ilegal, sino constituyó un proceder vesánico.
Pero aun si fuese cierto que algunos padres y madres se oponían al análisis genético, ésa no era, no es, una razón válida para que el análisis no se realice. Como lo ha explicado Carlos Marín en El asalto a la razón de Milenio, la FGR está obligada a realizar todas la acciones conducentes a descubrir la verdad de los hechos. No tenía por qué complacer a nadie que se opusiera al desahogo de una prueba necesaria para ese fin. La omisión de la FGR —advierte Marín— constituye delito por retención y ocultamiento de pruebas, ya que la ley confiere al Ministerio Público Federal la facultad exclusiva y obligatoria de procurar justicia de manera científica. La recomendación de la anterior CNDH de que se analicen en el laboratorio de Innsbruck los 114 restos óseos no es caprichosa. Los estudios de ese laboratorio son garantía de rigor científico, profesionalismo, calidad, transparencia y honestidad. Por razones de justicia y de elemental decencia esos restos deben remitirse a ese prestigiado laboratorio para su análisis genético.