Oposición teme "predialazo" con ley catastral
PAN y PRI advierten que, al actualizar los valores catastrales, los recibos llegarán más altos; Morena, PVEM y PT lo niegan y aseguran que buscan evitar los despojos, corrupción y dobles escrituras
Considerada por la oposición como “un silencioso ataque a la propiedad privada”, la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral que esta semana aprobaron los diputados busca actualizar, homologar y ordenar la información del patrimonio inmobiliario de todo el país.
El proyecto de decreto que ahora deberá analizar y avalar el Senado de la República se sustenta en un diagnóstico que describe la actual situación con problemas de despojo, corrupción, dobles registros, dobles escrituraciones y abusos en las oficinas de servicios públicos.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja (PT), destaca que la ley dará paso a la creación de “una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble”.
Legisladores del PAN, PRI y MC cuestionan que este futuro ordenamiento convertirá a los municipios en “una oficialía de partes del gobierno federal”, violando el Artículo 115 de la Constitución que deja a los gobiernos locales la atribución para determinar sus respectivas leyes de ingresos prediales, las cuales son aprobadas por sus congresos. Es un puntal, dicen, del federalismo.
En palabras de panistas y priistas, la aplicación de esta ley se traducirá en “un predialazo”, en referencia a que los recibos correspondientes llegarán más altos a los propietarios, una vez que los datos locales queden en manos de autoridades federales.
Advierte además la oposición de que los gobiernos locales deberán poner al día los catastros sin recibir presupuesto adicional y que el control centralizado implica un problema de seguridad y de vulneración de datos patrimoniales personales.
Omisión legislativa
Lo cierto es que el Congreso mexicano se encuentra en falta desde 2013, cuando se le facultó para establecer una ley general en la materia, la cual este año fue presentada por la presidenta de la República, a fin de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia Nacional de Transformación Digital impulsen la modernización y el ordenamiento de los catastros del país.
Para Mejía Berdeja esta omisión legislativa tiene como trasfondo “el cúmulo de intereses que giran en la órbita de la propiedad, de los inmuebles, de los registros públicos, de los catastros”.
El diputado Gibran Ramírez Reyes de MC considera que el proyecto presidencial contradice la previsión que hace 13 años quedó inscrita en el decreto de la reforma constitucional en la materia, aclarando que “antes de expedir esta ley general debía solicitarse, obligatoriamente, la opinión de las entidades federativas”. Eso, remarca, no sucedió. Tampoco hubo un parlamento abierto para escuchar a los especialistas en el tema y a los interesados, es decir, las autoridades locales.
Durante el debate en San Lázaro, la diputada Iraís Reyes planteó que, si una sola agencia federal diseña, controla y supervisa todo, no se tratará de un modelo de coordinación, sino de una centralización tecnológica que, dijo, “contradice el espíritu del artículo 115 constitucional y la propia reforma de 2013”.
Y es que se enfatizó entonces que la homologación descrita en la fracción XXIX del artículo 73 nunca podría implicar una centralización. “Ahí están los diarios de debates del 27 de diciembre de 2013, donde Mario Delgado, Manuel Bartlett y Layda Sansores dijeron que esta facultad podría vulnerar el federalismo”, citó la emecista.
También se hizo referencia a lo sucedido, en 2017, en el Senado durante la discusión de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos, Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. Entonces, la oposición —conformado por varios que ahora gobiernan— advirtió que ningún ordenamiento en la materia debía incurrir en riesgos como centralización e indefinición técnica.
Déficit de 47.5%
Aun cuando los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT defendieron la propuesta rechazando que ésta sea para aumentar el impuesto predial o quitarle esa atribución al municipio, sus representantes documentaron como un problema la baja recaudación que al respecto se tiene.
Celia Fonseca Galicia (PVEM) afirmó que persisten márgenes importantes para fortalecer los recursos de las gestiones locales. “Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcación Territoriales de la Ciudad de México, en 2024 los municipios programaron 92 mil 817 millones de pesos por concepto de impuesto predial, pero recaudaron 48 mil 703 millones, equivalente a 52.5 % de lo previsto”, cuestionó.
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) sostuvo que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y del Inegi, “en México existen más de 24 millones de inmuebles en situación de informalidad patrimonial, y una de cada cuatro viviendas carece de escrituras públicas”.
Precisó que en entidades del sur del país esta realidad es aún más alarmante, pues la falta de regulación jurídica se presenta en cerca del 45% de los hogares.
Frente a estos señalamientos, la diputada Rocío González Alonso (PAN) dijo no tener duda de que “esta iniciativa es un silencioso ataque a la propiedad privada, van contra los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio”.
Aumento obligado
El diputado Mejía Berdeja detalla que mientras el catastro describe dónde está un inmueble, cuánto mide y cuáles son las características, el registro público de la propiedad da publicidad a los actos y derechos inscritos sobre ese inmueble, sobre esa propiedad.
El PRI considera que justamente esa tarea se va a traducir en un cobro al alza del predial. El diputado Arturo Yáñez Cuéllar explica: “No se requiere tener técnica ni ser economista. Si el predial se calcula como referencia del valor catastral de tu propiedad, y si antes calculabas el predial por 100 pesos y mañana te lo van a calcular por 150 pesos, pues, aunque mantengas el mismo porcentaje, el contribuyente va a pagar más. Una cosa es que el gobierno actualice cuánto vale tu casa y otra cosa muy diferente es que, cuando lo actualice, descubra cuánto más te puede cobrar”.