Lanzan plan contra evasión; la iniciativa se turna a la Cámara de Diputados

Las senadoras Lucía Meza, de Morena, y Minerva Hernández, del PAN, ayer en la sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia. Foto: Elizabeth Velázquez

CIUDAD DE MÉXICO.

Por primera vez, en acciones coordinadas, los poderes Ejecutivo y Legislativo dieron los primeros pasos en contra de los evasores fiscales, que en los últimos años han provocado al erario nacional un daño superior a 2.5 billones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso establecer en la Constitución la prohibición de las condonaciones fiscales, para frenar una práctica legal que generó un daño patrimonial al país por 400 mil 902 millones de pesos en sólo 12 años.

Ayer, las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia del Senado avalaron la reforma a una serie de leyes para combatir a los llamados factureros y a empresas fantasma, que han dañado al erario nacional con al menos dos billones de pesos.

Así, la Presidencia y el Senado arrancaron la estrategia para fortalecer las finanzas públicas con el principio de que todos los contribuyentes deben cumplir sin trampas ni vericuetos su responsabilidad fiscal.

El Presidente explica en su propuesta, que fue turnada a la Cámara de Diputados, que “la condonación de impuestos ha favorecido a grandes potentados que, mediante el influyentismo y la corrupción, se han beneficiado con privilegios en perjuicio de la mayoría de los contribuyentes y de la hacienda pública. Por ejemplo, en los dos últimos sexenios se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a sólo 153 mil 500 contribuyentes”.

Propone añadir al artículo 28 constitucional el concepto “condonaciones de impuestos”, para que establezca que en México quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos”.

Senadores como Minerva Hernández, del PAN; Nuvia Mayorga, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, advirtieron a Morena que el contenido de la reforma cae en “terrorismo fiscal”, por considerar los daños al fisco como asunto de seguridad nacional. Morena avaló en el dictamen, porque consideró que no se trata de terrorismo fiscal y no afecta a empresarios o contribuyentes cumplidos, como expresaron Lucía Meza y Ernesto Pérez Astorga.

Morena ofreció instalar una mesa de trabajo para escuchar las propuestas de la oposición, para que la concrete el pleno en septiembre, y porque falta que la apruebe la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

El daño al fisco se considerará crimen organizado cuando estén implicados tres contribuyentes o más y el daño supere los 5.4 mdp.