Piden consulta adecuada para ley general de derechos de los pueblos indígenas
Trabajadores del INAH piden que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para integrar la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos
Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitaron al Congreso de la Unión y a las autoridades culturales de la federación pausar el proceso legislativo de la propuesta de ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos “en tanto no se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
Así lo expresaron en un posicionamiento difundido en redes sociales en el que coincidieron en que los derechos colectivos constituyen una demanda histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, “consideramos que la iniciativa presenta problemas de fondo y forma, que exigen una discusión más amplia y respetuosa de los tiempos y sistemas normativos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
De acuerdo con los trabajadores, adscritos al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD-INAH), el proceso no cumple con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y orientada a alcanzar su consentimiento. Sin embargo, “la iniciativa ya fue presentada como un documento prácticamente concluido, sometido a discusión en plazos extraordinariamente breves y mediante mecanismos que no permitieron a las comunidades deliberar conforme a sus propios tiempos, procedimientos y formas de representación”.
Cuestionamientos a la consulta y falta de diálogo genuino
Además, señalaron que la convocatoria de consulta realizada estuvo restringida a los pueblos registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, así como a las autoridades acreditadas por el Estado, por tanto, “la realización de las Asambleas Regionales impidió una participación efectiva de la diversidad de pueblos, comunidades y autoridades indígenas y afromexicanas existentes en el país”.
También cuestionaron que la participación de los pueblos se limitó a emitir opiniones sobre una propuesta ya elaborada, “en lugar de propiciar la construcción conjunta de un instrumento jurídico. De esta manera, se desaprovecha una oportunidad histórica para establecer un diálogo genuino entre el Estado y los Pueblos indígenas y afromexicanos, reproduciendo una relación vertical y tutelar incompatible con el reconocimiento constitucional de los pueblos como sujetos de derecho público”, expusieron.
Por otra parte, los investigadores consideraron que la propuesta de ley “menoscaba el propio derecho a la autonomía y a la libre determinación que afirma reconocer, al incurrir en una insostenible contradicción entre su discurso principista y su operatividad burocrática.
Burocracia y patrimonialización de la cultura
Esto, debido a que, al cabo de un complejo y desgastante proceso administrativo, es la propia institución estatal la que conserva el poder de decidir si reconoce la autonomía y bajo qué términos”.
También cuestionaron la manera en que la iniciativa articula las nociones de patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva. “La propuesta equipara amplios ámbitos de la vida social, los conocimientos tradicionales, los territorios, las expresiones culturales y los bienes bioculturales con formas de patrimonio susceptibles de registro, catalogación, administración y aprovechamiento económico.
(Sin embargo), desde una perspectiva antropológica, el patrimonio cultural no es equivalente a la cultura ni a los mundos de vida de los pueblos. La propuesta de iniciativa se orienta a un proceso de patrimonialización, el cual implica mecanismos de selección, clasificación y valoración que transforman prácticas vivas, relaciones sociales, saberes y bienes comunes en objetos jurídicamente delimitados”.
Por estas razones, concluyeron, “exigimos que el proceso de consulta se realice conforme a derecho, entablando un diálogo amplio, participativo y respetuoso de la diversidad de pueblos indígenas y afromexicanos del país”.
El pasado 12 de octubre, durante la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el periodo de consulta entre los pueblos originarios del país para la elaboración de dicha ley se ampliará hasta que las propuestas de todas las comunidades sean recopiladas e integradas en la propuesta final que se entregará al Congreso de la Unión.