El debate de la política de drogas

Aunque la mariguana es la droga ilegal que más se menciona, hay otras que deben motivar una política pública de Estado para ser reguladas o para enfrentar las consecuencias de su uso.

El consumo de drogas es uno de los problemas más complejos en cualquier país del mundo, tanto en los efectos que inciden en la salud pública como en lo que se refiere al impacto de la violencia. En México, la política de combate al narcotráfico ha generado un alto costo de vidas humanas, de recursos económicos, así como un alto impacto negativo en la  imagen de algunas instituciones, como en el caso del Ejército y la Marina.

Las consecuencias del tráfico de drogas han tenido su máxima expresión, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en los aberrantes hechos de Iguala, pero también en lo que, desafortunadamente, continúa sucediendo en otros municipios del país, como en Acapulco. Hay otras entidades que se encuentran vulnerables, aunque, hasta ahora, no han enfrentado crisis semejantes a la de Guerrero.

Aunque consumir drogas es una decisión personal,  lo cierto es que muchos usuarios se convierten en dependientes potenciales. De ahí que sea necesario que se discuta, en el ámbito de la salud pública, sobre la prevención, la detección temprana, la atención, y la rehabilitación. En el caso de la procuración de justicia, la línea tiene que partir desde la no criminalización de los usuarios, hasta el de la  reinserción social (recordemos que, en muchos casos, los infractores de diversos delitos están bajo los efectos de alguna droga). Esta es la política que intenta impulsarse desde la perspectiva gubernamental. Sin embargo, la problemática no puede analizarse teniendo en cuenta únicamente los efectos que produce en quienes las utilizan, sino, también, desde una perspectiva que tenga en cuenta la producción y tráfico, que han sido generadores de violencia.

Si bien es cierto que en México tenemos mucho que discutir, de igual forma, debemos analizar la política de la región, máxime cuando algunos estados del vecino país del norte consideran viable el consumo de mariguana para usos recreativos, tal y como lo expone en su tesis el ministro Zaldívar. Incluso, algunos países como Uruguay han tomado decisiones más radicales. Por supuesto, no podemos compararnos con ninguno de los dos países en cómo enfrentar esta problemática, ya que nuestras circunstancias poblacionales, culturales y de  infraestructura en cuanto a salud y justicia son diferentes. Pero tampoco podemos cerrarnos a un análisis exhaustivo de los hechos. En ese contexto, que  se antoja muy interesante, lo que sucederá en Perú a mediados de noviembre, cuando los países miembros de la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) se reunan previamente a la reunión de UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas) en Nueva York, en abril del 2016.

Seguramente, la posición de México causará mucha expectación entre los países miembros. Sobre todo porque fue el expresidente Felipe Calderón quien pidió que se adelantara esta reunión, que estaba programada para 2018 y porque algunos personajes de alto impacto público ya han vertido su opinión al respecto. Los temas tratarán sobre la demanda, la oferta, las  medidas de control y la cooperación internacional. Dentro de estos temas, llama la atención uno en especial: antilavado de activos y decomiso. Sin lugar a dudas, será interesante escuchar las diversas experiencias de otros países al respecto y, así, poder traducirlas dentro de posibles líneas de acción e implementación en nuestro país.

Cabe mencionar que en dicha reunión, el análisis de drogas no sólo cubrirá las de producción ilícita, sino también las denominadas “lícitas”, que  incluyen las derivadas de sustancias químicas, como el alcohol y el tabaco. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, la prevalencia 2013 de consumo de drogas ilícitas (246 millones de personas) se ha incrementado en términos absolutos, aunque en términos relativos se mantenga “estable”, ya que se compara con el  porcentaje de crecimiento de la población. En México podemos medir la magnitud del problema revisando los datos que arrojan  cinco encuestas de carácter nacional sobre adicciones y otras de nivel local. Pero, sin lugar a dudas, lo que es más importante para  un debate a fondo sobre política de drogas, son las encuestas que evidencian los daños en la convivencia social y familiar: encuestas Nacionales de Salud y Nutrición y la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.