La Ley de Seguridad Interior y el fracaso de la política

No porque, como algunos sostienen, ellas quieran permanecer en las tareas de seguridad pública que desde un inicio les fueron impuestas por el Ejecutivo en un intento fallido por contener la violencia y por la ineficacia de los gobiernos estatales en procurar seguridad a sus gobernados.

Dos. Lo es porque no sabemos siquiera si el marco jurídico recién aprobado es el que querían o necesitaban las FFAA. No es claro qué es exactamente lo que querían o necesitaban, pero según los expertos tal y como está formulada no contribuye a dar la certidumbre buscada en la participación de las FFAA para contener la violencia y la inseguridad.

Tres. Lo es porque no viene acompañada de un programa de fortalecimiento de las instituciones civiles que son las encargadas de brindar seguridad y justicia. Porque debió haber sido parte, como han insistido Pedro Salazar y Sergio López Ayllón, de un paquete de reformas para atender de manera sistémica el problema de la inseguridad y la injusticia. Paquete que está delineado en el Informe del IIJ-CIDE-INACIPE en materia de procuración de justicia (www.construyamosjusticia.mx) y que incluye desde la atención a las víctimas y derechos humanos hasta un modelo de gobierno y organización en las instituciones de procuración de justicia, así como el establecimiento de una política criminal de Estado.

Cuatro. Lo es porque pospone la necesidad de cambiar la estrategia en contra del crimen organizado. No porque, como algunos han dicho, perpetúa la militarización de las tareas de seguridad pública —no lo hace—, pero sí porque da pie para perpetuar la ineficacia del modelo adoptado en esta y en la pasada administración. Un modelo que ha dado como resultado el aumento en los homicidios dolosos y en el resto de los delitos de alto impacto.

Cinco. Lo es porque incentiva a los gobernadores a seguir en la irresponsabilidad de atender el problema de la violencia en los territorios que dicen gobernar. La intervención de las FFAA en los estados les resulta muy cómoda: les ahorra recursos, pero, sobre todo, les ahorra el desgaste que produce la ineficacia en la disminución de los delitos. Si la violencia no se contiene y si se violan los derechos humanos el culpable es el gobierno federal.

Seis. Lo es porque el rechazo a esta ley es generalizado y ha sido fundamentado por los organismos internacionales (ONU-DH y CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buena parte de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y varias asociaciones empresariales. Todos coinciden como lo expresa el comunicado de la CNDH que la LSI presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos, no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación, genera confusión entre las nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados. Un tema tan polémico como el de la LSI debió haber recorrido un proceso legislativo que involucrara en la discusión a todos estos sectores.

Siete. Lo es porque el gobierno no supo comunicar qué se buscaba y qué se lograba con esta ley. A sabiendas de que la violencia es la mayor preocupación de los ciudadanos, no tuvo el tino de explicar por qué las FFAA han tenido que asumir las tareas para las cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno han resultado insuficientes, por qué hacía falta esta Ley y qué problemas resolvería. Al no hacerlo, se permitió que se difundieran mitos sobre la Ley como ése de que con ella se cancela la posibilidad del regreso de los militares a las actividades castrenses o ese otro de que su propósito es volver permanente y legal un estado de excepción.

Ocho. Lo es porque aún antes de ser publicada ya pende sobre la LSI la posibilidad de que se entable una acción de inconstitucionalidad y, apenas publicada, se está pidiendo al Presidente que ejerza su derecho de veto para desecharla o enmendar su contenido.

Nueve. Lo es porque después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior subsisten más interrogantes que certezas. Porque las interrogantes generan incertidumbre y las certezas son preocupantes.

Diez. Lo es porque, al final, la estrategia de combate al crimen organizado y la consecuente necesidad de dar un marco jurídico a la actuación de las FFAA refleja que en México puede estar a punto de romperse, si no es que ya se rompió, el equilibrio estable que se logró al establecer de manera muy clara la frontera entre el poder civil y el poder militar: cuando se desmilitarizó la política y se despolitizó lo castrense.