Excesos

En un informe, confirmó que los elementos de la Policía Federal cometieron violaciones graves a los derechos humanos en los hechos ocurridos en el rancho El Sol, que derivaron en la muerte de 43 personas, incluida una de esa corporación. La CNDH realizó una investigación exhaustiva por conducto de su primer visitador, Ismael Eslava, y señaló actuaciones al margen de la ley que  provocaron la pérdida de vidas y la afectación de la integridad física y mental de otras personas.

González Pérez expuso que hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencia y tratos indignos de al menos dos cuerpos; además de tortura y tratos crueles e inhumanos a los tres detenidos que afirmaron pertenecer al CJNG. En este operativo iniciado por policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (41 elementos) solicitando el apoyo de la Policía Federal, quien envió a 54 elementos y un helicóptero artillado operado por cinco elementos y que disparó una lluvia de más de cuatro mil proyectiles sobre la bodega y casa del rancho, en una demostración innecesaria de capacidad letal, en la que participaron 100 elementos. Los informes presentados por las partes policiales consignan horarios distintos a los del operativo, pues los policías federales usaron cuatro horas para manipular el lugar, sembrar armas, reubicar cadáveres, quemar unos y vestir a otros, pues seis muertos estaban descalzos con el torso descubierto y otro únicamente vestía trusa, lo que permitió a los peritos acreditados establecer que las personas se encontraban dormidas cuando inició el operativo.

La CNDH presentará la denuncia ante la PGR de Arely Gómez y solicitará que se investigue con el criterio de imparcialidad y con estricto apego a derecho. Así,  también, recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de Renato Sales colaborar en las indagatorias para fincar responsabilidad contra los elementos involucrados e iniciar el proceso de reparación del daño a familiares de los 22 ejecutados arbitrariamente (sólo 16 recibieron disparos por la espalda), así como a los tres detenidos mediante el pago de una indemnización por los actos de tortura y tratos crueles a los que fueron sometidos.

El titular de la CNDH expresó: “Este organismo no se opone ni busca inhibir las acciones que las autoridades lleven a cabo para garantizar la seguridad pública, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales su única opción sea repeler una agresión real en defensa de su integridad física, circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos ni de observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad y oportunidad inherentes al uso legítimo y debido de la fuerza”.

Renato Sales, titular de la CNS, manifestó que acatará la recomendación y argumentó que los federales actuaron en legítima defensa y negó que hubiera crímenes extrajudiciales. La pregunta es, ¿y los protocolos de actuación de uso excesivo de la fuerza que se realizaron después de la lamentable desaparición forzada y posible incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Nuestro país ha suscrito acuerdos internacionales para prevenir y castigar ejecuciones arbitrarias, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, lo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México abolió de todas sus leyes la pena de muerte para proteger el derecho a la vida. La Coparmex pide a gritos el uso de la fuerza pública contra los excesos de la CNTE, sin embargo, ahí sigue pendiente la investigación de los ocho muertos y más de 100 heridos que dejó el enfrentamiento con federales en Nochixtlán, Oaxaca, donde las autoridades de la PGR no han entrado al lugar de los hechos.

Fuerza racional sí y no excesiva.  ¿O no, estimado lector?