Hay otras opciones

En esta economía mexicana tan robusta, con un ritmo de crecimiento de cuando mucho 1.5 por ciento y con organismos reguladores también vigorosos, profundos y muy supervisados, están sucediendo hechos que dejan mal parada a dicha robustez.

En dos magníficos artículos, que podríamos llamar de investigación, relativos al trabajo legislativo, publicados los pasados 15 y 16 de mayo en nuestro periódico Excélsior y realizados por Leticia Robles, Tania Rosas e Iván E. Saldaña, podemos apreciar uno de los mayores problemas de esta robusta economía: la falta de presupuesto público para que se cumpla con las propuestas y las leyes emanadas del Congreso.

Tal como leemos en esos artículos, no hay dinero para la puesta en marcha de la nueva Ley Penal, para la que se requieren al menos 20 mil millones de pesos; otro tanto se necesitaría para que entrara en funcionamiento el polémico Mando Único Policial que se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados; para el famosísimo Sistema Nacional Anticorrupción son necesarios 100 millones de pesos y también, por costosa, fue retirada la iniciativa sobre el derecho a la obtención gratuita de la reconstrucción mamaria a las mujeres que han perdido uno o los dos senos, entre otras.

Supuestamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que está vigente desde noviembre del año pasado, otorgó un plazo de dos años para que los centros de reclusión cuenten con las instalaciones adecuadas para brindar un trato digno a quienes ingresan en ellos, así como para implementar diversas disposiciones relativas a los familiares de los reclusos.

Sin embargo, lo que parece increíble es que, según algunos legisladores consultados por los reporteros de este periódico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les “solicitó” a finales del año pasado que aplazaran la aprobación de las leyes que implicaran un gasto extra, por lo menos hasta 2018, y únicamente se han aprobado aquéllas que tienen cuando mucho un costo de un millón de pesos.

Todo lo anterior es debido a la austeridad y recortes presupuestales que está viviendo el país y que ha implicado la reducción en apoyo económico de infinidad de programas de todos los sectores gubernamentales.

El cálculo que hacen de las repercusiones que tendrá la petición de la SHCP es que cerca de 80 por ciento de las iniciativas o minutas presentadas en el Congreso de la Unión tienen impacto presupuestal y, en consecuencia, van a ser frenadas. Como afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, “sale más caro para el país lo que estamos viviendo... cuánto le cuesta en vidas a cada familia... el tema económico es un tema de segundo plano y de segundo nivel”.

Si bien considero que el asunto económico no es de segundo plano y nivel, en lo que sí concuerdo totalmente con el diputado es en que no es posible que no se provea a las fuerzas del orden de los elementos necesarios, por restricciones presupuestales.

Este país no puede depender de una política económica fallida que lo único que busca es el famoso superávit para quedar bien con los organismos internacionales, sin tomar en consideración la crisis política que estamos viviendo. Y a pesar de que los recursos no alcanzan, sobre todo con el crecimiento pírrico del PIB, sí puede haber otras opciones que le den recursos al gobierno para apoyar aquellos aspectos que son más necesarios, como son los casos del combate a la delincuencia, a la pobreza, así como la atención de la salud y la educación.

Una de ellas es, sin duda, la urgente y necesaria Reforma Fiscal que de verdad haga que los que más ganan, empresas y personas, paguen más. ¿Quiénes se pueden oponer a esta propuesta? Tan solo el grupo muy minoritario que está en la elite.

No es con recortes presupuestales, no es con el diferimiento de obras, no es con las asociaciones público-privadas y no es con leyes de millón de pesos que los mexicanos vamos a salir adelante. Ya han sido muchos años de austeridad con los logros de: miles de muertos y 50 millones de personas en la pobreza.