Todos parejos

Tal como comenté en una colaboración anterior, la forma en la que se planteó la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción era como para que no se llegara a tiempo a buen puerto, y la realidad me está dando la razón. Ya desde ahora está siendo cuestionado y empiezan los dimes y diretes para ganar tiempo y, al final, no hacer nada.

Y es en estos tiempos cuando más se necesita tener un combate decidido y serio contra la corrupción privada y pública. Los famosos Papeles de Panamá, independientemente de que puedan haber sido manipulados en contra de algunos países, dejando a otros fuera, como Estados Unidos, brindan datos concretos sobre la terrible corrupción privada que existe en muchas naciones a través del enriquecimiento con las obras y adquisiciones públicas.

Aquí tenemos el caso del Grupo Higa, ligado a obras públicas, varias de las cuales, según los medios de comunicación, fueron asignadas directamente, sin concurso, y que han permitido a dicha firma enviar millones de dólares a paraísos fiscales. Gracias a la filtración de los papeles también nos enteramos del caso de la empresa Nadro del señor Pablo Escandón Cusi, de rancio abolengo, quien involucrando a su millonaria esposa adquirió la casa Marzam, también distribuidora de medicinas, con lo cual, según la prensa, logró acumular casi 50% del mercado de medicamentos en México.

Seguramente, la empresa tendrá el lema “socialmente responsable”. Además, el señor Escandón fue reconocido hace algunos años como el filántropo del año y da la casualidad de que ahora es, ni más ni menos, el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, organización líder en la ayuda y apoyo a la medicina pública. Hasta el día de hoy, ni el señor Escandón ni la empresa Nadro han dicho algo.

En algún momento deberán intervenir la Comisión Federal de Competencia  Económica (Cofece), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y esperemos que los resultados pronto sean conocidos y, en su caso, se apliquen las sanciones, porque uno de los problemas más graves en este país es que se conocen los hechos, y la tardanza para resolverlos es, muchas veces, injustificada.

En estos días ha habido un gran escándalo en las adquisiciones consolidadas del IMSS. Habría que aclarar que este esquema no es nuevo, es más, el primer concurso consolidado de medicamentos se realizó durante la administración del presidente López Portillo, es decir, hace más de 30 años.

Varios columnistas de Excélsior han comentado el caso de la contratación de servicios integrales de laboratorios de análisis clínicos, lo cual ha obligado a las autoridades federales a intervenir para saber qué está pasando, a través de, según la información, la participación de la Cofece, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad.

Se habla de colusión, de prácticas indebidas y se da el nombre de funcionarios involucrados de la administración anterior del IMSS, lo que es significativo porque en última instancia el anterior director ahora es el de Pemex. Cuando menos habría que preguntarle qué pasó y él a su vez tendría que preguntarle al anterior director de esta empresa pública qué sucedió con algunas asignaciones que han tenido que cancelarse, y así podríamos seguir.

Lo que está ocurriendo es que ya es imposible ocultar la corrupción y, a pesar de que a veces los participantes manipulen los datos, en la mayoría de los casos resultan verdaderos, como lo están comprobando las filtraciones.

Ésta es la mejor muestra de que en materia de corrupción estamos metidos en un gran problema, porque son muy pocos los que pueden alzar la mano por no haber sido parte de ella y menos todavía aquéllos que en el Congreso están decidiendo qué hacer con el Sistema Nacional de Anticorrupción.

A lo mejor en este tema se necesita una “primavera”, como en otros países, en la que la sociedad civil obligue a instaurar un sistema que investigue y sancione severamente, sean grandes filántropos o servidores públicos. Todos parejos.