¿Cuántas alcaldías deberá tener la CDMX?
El Inegi acaba de publicar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 para el antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Para la realización de la encuesta el Inegi visitó al 98.9 de los hogares capitalinos, poco más de 161 mil y consiguió resultados que serán muy útiles para la próxima Asamblea Constituyente, pues la reforma recién aprobada permitirá modificar el número de demarcaciones en que se dividirá la Ciudad de México. Las demarcaciones que sustituirán a las actuales delegaciones tendrán alcaldías, integradas por un alcalde y concejales.
El propósito fundamental de las alcaldías es acercar el gobierno a la ciudadanía, no sólo por la forma de gobierno que adoptarán —en la que estarán representados el partido y/o ciudadano ganador y las otras fuerzas políticas que obtuvieron una cantidad importante de votos— sino también, incluso, territorialmente. La Encuesta del Inegi confirma un número importante de desigualdades que un diseño inteligente puede atemperar en la próxima Constitución. Por ejemplo, en la CDMX conviven delegaciones en las que habitan 137 mil personas, como Milpa Alta, y otras con un millón 800 mil como Iztapalapa. En cuanto a densidad poblacional, que mide el número de habitantes por kilómetro cuadrado, Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez tienen densidades superiores a los 15 mil habitantes/km2; Milpa Alta tiene 479 habitantes/km2 y Tlalpan y Cuajimalpa no llegan a los tres mil habitantes/km2. Milpa Alta y Tlalpan tienen 300 km2 de superficie mientras que Iztapalapa tiene 113 km2 e Iztacalco apenas tiene 23 km2.
La Asamblea Constituyente tendrá que decidir qué criterios serán los mejores para un gobierno cercano y eficiente en cada una de las alcaldías. ¿Se seguirá un criterio demográfico? ¿Será por extensión territorial? Tres delegaciones actuales concentran la mayor recaudación por el gobierno de la Ciudad. ¿Se dividirán las delegaciones tomando en cuenta también criterios socioeconómicos? La mayoría de las opiniones concuerda en que la ciudadtendrá que crecer a un número superior a las 16 delegaciones actuales, quizá entre 20 y 25 y aquí hay que evitar caer en una excesiva pulverización de los gobiernos locales.
Una de las preocupaciones que he recogido es la que anticipa un exceso de burocracia, costosa para la ciudadanía y una posible paralización en demarcaciones en las que haya una competencia política alta. Ambas son preocupaciones legítimas y la última palabra la tendrá la Asamblea Constituyente que podrá hacer cálculos numéricos al respecto, pero sobre todo podrá debatir un esquema de atribuciones para alcalde y cabildos que premie la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante tomar en cuenta que para la elección de 2018 todavía se elegirán 16 planillas, pues si se cumple a cabalidad el calendario para aprobar la nueva Constitución, ésta se proclamaría idealmente el 5 de febrero de 2017 y no habría tiempo para implementar la división mencionada.
La reforma al artículo 122 constitucional prevé que cada cabildo cuente con un alcalde y entre 10 y 15 concejales, dependiendo del tamaño y densidad de la demarcación. Imaginemos que resultan 23 alcaldías con un promedio de 13 concejales, cuyos sueldos estarán sujetos al tabulador de los servidores públicos del gobierno central. Los cabildos deberán tener un personal de apoyo enjuto y discreto de tal manera que en promedio aumentará su personal en 13 concejales y el personal de apoyo probablemente pueda encontrarse en los funcionarios actuales. El gasto extra total podrá oscilar entre los 15 y 50 millones en total, una cifra repartida entre las 23 demarcaciones hipotéticas y que resulta galácticamente lejana a la que se ha mencionado de cinco mil millones.
Se puede argumentar que lo mejor es no aumentar ni una sola plaza ni un solo sueldo. Depende que se entienda por lo mejor. Como están las cosas, el partido que gana la delegación tiene todo el mando sobre los recursos y las decisiones de gobierno; la ciudadanía, así como las otras fuerzas políticas, sólo puede intervenir a fuerza de manifestaciones, campañas en redes sociales, periodicazos, rumores, grilla, etc. Con la reforma, las fuerzas opositoras estarán representadas en el cabildo, tendrán acceso a toda la información oficial y tendrán en sus manos la responsabilidad de aprobar el presupuesto de la alcaldía y vigilar su cumplimiento. Que esto requiere más personas en el gobierno, sí, como lo han requerido instituciones que han traído bien al país como la CNDH o el INE. ¿La presencia de la oposición traerá el riesgo de la parálisis al interior de la alcaldía? Lo veremos en una próxima entrega; por lo pronto nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog