Policías, pieza clave de sistema acusatorio

En junio de 2016 se aplicará nuevo modelo en todo el país; Fromow dice que los agentes serán la columna vertebral, pues su papel cambia radicalmente

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23/04/2014 05:55 Isabel González

Segunda y última parte

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril.- La policía investigadora es la columna vertebral del sistema acusatorio mexicano, procedimiento por el cual se desarrollarán todas las investigaciones de los delitos y los juicios orales en el país, sin dilación, a partir de junio de 2016.

Así lo reconocen las autoridades, como María de los Ángeles Fromow, titular de la secretaría técnica del Consejo para Implementar el Sistema de Justicia Penal, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.

“Esa columna vertebral la constituyen policías, peritos y ministerios públicos, pero esencialmente la primera fase son los policías, su papel cambia radicalmente y ahora toman un protagonismo esencial en lo que es esta procuración de justicia, ellos serán los encargados de procesar la escena de los hechos del crimen, en su momento determinado, y también será bien importante que ellos puedan identificar a los testigos, puedan proteger a la víctima.”

Los impulsores de la reforma, como Ernesto Canales Santos, de la asociación Renace, destacan lo importante que será contar con policías calificados para que las decisiones judiciales tengan sustento, independientemente de cuál sea su sentido.

“El nuevo sistema requiere de una policía calificada que tenga capacidad de obtener pruebas para que se presenten en audiencia pública y sean las que den base a la decisión judicial.

“Forman el primer eslabón del sistema de justicia y con esa característica del nuevo sistema, de que los juicios de alto impacto se ventilan en una audiencia pública, la actuación de la policía va a ser precisamente observada y calificada, van a tener un incentivo, una razón para actuar de una manera que el público lo apruebe, sea creíble”, agregó Canales Santos.

“Hay escepticismo”

Frente a las nuevas atribuciones de los policías investigadores, los escépticos del sistema acusatorio lanzan cuestionamientos sobre el nivel de profesionalización que poseen los cuerpos de seguridad mexicanos, tanto a nivel local como federal.

Es el caso del abogado penalista Juan Velásquez, quien criticó la falta de experiencia profesional de los hacedores de la reforma del modelo de justicia. “Nada más que los hacedores de los juicios son eminentemente, y desde luego es muy loable, académicos, autores de libros, que nunca, nunca, nunca han litigado; bueno, yo diría que ni siquiera han sacado a un amigo preso por el alcoholímetro”, aseveró.

Por su parte, el diputado federal Alejando Carbajal, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, critica la tardanza en la certificación de los policías por parte de los gobiernos estatales, quienes primero tuvieron un plazo de cuatro años para evaluar a sus policías y tuvo que concedérseles otros dos años más a finales de la pasada administración, porque no existían avances sustanciales en la evaluación de sus cuerpos de seguridad y persecución de los delitos.

“Lamentablemente en todos los estados, el año pasado en esta Legislatura se prorrogó una vez más la certificación de las policías estatales, porque ellos lo que argumentan, los gobernadores, es que no tienen el recurso necesario, pero también creo que es una parte de negligencia, que no se ha presentado la suficiente coordinación y esto viene a entorpecer absolutamente todo, si no generamos esta certificación y además la profesionalización de los elementos, va a ser muy terrible, porque las investigaciones no serán lo profesionales ni científicas que se esperar”, advirtió el legislador.

En este contexto, el litigante Juan Velásquez, con más de 40 años de trayectoria profesional, alerta sobre lo difícil que será alcanzar el objetivo del sistema acusatorio cuando México tiene una de las “polecías” más corruptas del mundo.

“El problema es que en México tenemos una de las diez policías más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente, en México no tenemos policía, en México lo que tenemos es ‘polecía’ y entonces mientras que a nosotros los abogados se nos adiestra en la defensa de esos juicios, yo me pregunto si lo mismo está sucediendo con ese primer eslabón de la policía, cuando hay 400 municipios sin policía, 800 municipios con policías que apenas cursaron la primaria y gana mil pesos”, sentenció.

La certificación

De acuerdo con la asociación civil Causa en Común que preside María Elena Morera de Galindo, el ranking de la certificación policial en el país, hasta febrero de este año, se ubica así: los estados más atrasados en evaluar a sus cuerpos de seguridad son: Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Durango, Jalisco, Baja California, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Últimas dos entidades en donde el sistema acusatorio opera desde 2008 y 2009, respectivamente.

En tanto, Colima, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y Zacatecas se ubican en los primeros cinco lugares de avance de la certificación de sus policías, pero sólo en Oaxaca y Zacatecas opera el sistema acusatorio desde el 2007 y 2009, respectivamente.

El Distrito Federal se ubica, en este listado, en el lugar número 12 de un total de 32 entidades al evaluar a cerca de 95 por ciento de su estado de fuerza policiaca.

El reto para todas las autoridades mexicanas es mayúsculo, debido a que el nuevo modelo de justicia no sólo es un cambio de procedimiento para llevar juicios o construir acuerdos entre las partes de un conflicto; es también cultural ya que la pretensión consiste en reducir al máximo los casos que lleguen a tribunales orales y el ingreso de las personas a prisión.

“Todos tenemos que cambiar, incluso la sociedad, la sociedad tiene que ver que hay un nuevo rol en la justicia penal, que no es simplemente poner la denuncia y nos olvidamos sino que tiene la atribución de tener un asistente jurídico que va a poder conseguir una reparación del daño, se tiene calculado que más de 70 por ciento de los casos se van a resolver vía conciliación, mediación y un acuerdo que permita que exista una reparación del daño de la víctima”, expuso Fromow.

Es decir, que sólo un porcentaje muy pequeño llegará a la etapa del juicio oral, fase última del procedimiento acusatorio.

“Se pretende que quienes lleguen a un juicio oral y quienes lleguen a estar en privación de la libertad y en cumplimiento de una sanción penal sean los casos graves, sean los casos que verdaderamente la sociedad sintió un impacto”, abundó la funcionaria.

Contrario a esa percepción, Juan Velásquez subraya dos de las implicaciones que a su juicio impactarán en la sociedad los procedimientos abreviados que contempla el sistema acusatorio.

“Soy culpable y hay todas las pruebas en mi contra, me voy a declarar culpable en tanto una negociación, porque si logro negociar con el fiscal, está previsto que me impongan todavía un mínimo de la pena”, detalló un primer caso.

“Entonces entre que inocente o culpable, más bien en lo que esta historia va a acabar es en lo que se llama procedimientos abreviados, juicios abreviados, juicio sin juicio en tanto un reconocimiento de culpabilidad”, indicó como segunda posibilidad.

“Hoy por hoy en la cárcel hay más de 40 por ciento de los reos que se encuentran en prisión aun antes de haber sido condenados, precisamente porque se les aplicó la prisión preventiva que equivale a que sean culpables antes de que se les demuestre su culpabilidad; es decir, son presuntos culpables no presuntos inocentes como dice la Constitución y en este sistema se enmienda o corrige ese vicio de nuestro mundo penal”, destacó por su parte Canales Santos.

Éstos son los diagnósticos que se recogen entre la autoridad y los expertos, a dos años de que el sistema acusatorio ponga fin a la era de un procedimiento penal escrito, inquisitorio y con muchos vicios de origen.

Argumentos en favor y en contra sobre un sistema que llevará años construir, porque en los estados donde ya es vigente el modelo, los vicios del sistema escrito son evidentes, denunció el diputado Alejandro Carbajal.


“Los juicios adversariales lo que caracteriza es la oralidad y lo que hemos podido observar es que es mixto, llegan a leer los defensores, los jueces en su mayoría están más metidos, pero los defensores, el Ministerio Público ya traen su apuntador y lo que hacen es lectura, no a todos se nos facilita hablar en público, hay incluso ministros que les da pánico escénico, necesitamos cambiar los planes de estudio de las universidades.”

En el caso de los medios de comunicación, el modelo de justicia acusatorio demanda a los periodistas una profesionalización en cuanto a conocer las etapas que lo componen, las nuevas autoridades que surgen, así como las restricciones que la ley establece para evitar juicios mediáticos o alteración de la escena del crimen.

Los impedimentos para videograbar una audiencia de juicio oral por cualquier medio obligan a la creatividad y a pensar en la necesidad de recurrir a los servicios de dibujantes o caricaturistas para describir con ilustraciones e imágenes momentos importantes de un caso relevante.

En suma, la capacitación sobre el sistema acusatorio también es para periodistas y comunicadores, no sólo para abogados, consideró Fromow Rangel al precisar que sin limitar la libertad de expresión y el derecho a la información hay que trabajar en la capacitación de este sector de la sociedad para que la ciudadanía comprenda a cabalidad la transformación jurídica que implica el nuevo modelo de justicia.

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