Cierran en San Lázaro “pinzas” contra factureras
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cerró el paso a las empresas factureras y con el endurecimiento de los controles fiscales para grandes contribuyentes
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cerró el paso a las empresas factureras y con el endurecimiento de los controles fiscales para grandes contribuyentes, al aprobar una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que limita deducciones y el aprovechamiento de pérdidas fiscales, con el objetivo de frenar la evasión y elevar la recaudación.
Con 26 votos del oficialismo y partidos aliados, a favor, y nueve en contra, se avaló en lo general y en lo particular, el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que, se prevé podría será subido al Pleno este martes.
Busca impedir que empresas utilicen sindicatos, gobiernos estatales y municipales, así como organismos vinculados con actividades académicas y autónomas, para emitir facturas falsas y simular operaciones inexistentes.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión, el morenista Carol Antonio Altamirano precisó que la reforma permite crear un mecanismo de control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal.
Con ello, se establecen límites para evitar que los contribuyentes reduzcan artificialmente su base gravable mediante esquemas de planeación fiscal agresiva”, remarcó.
La iniciativa también contempla ajustes a las reglas sobre intereses, anticipos, operaciones con acciones, aportaciones de capital y utilidades empresariales, además de eliminar el régimen de consolidación fiscal de grupos de sociedades, con la intención de homologar el tratamiento tributario y cerrar espacios a prácticas abusivas.
PRI y PAN alertan por inversión y empleo
El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que, aunque la reforma contiene medidas positivas, las nuevas restricciones podrían obligar a empresas que realizan gastos legítimos a pagar impuestos sobre recursos que no necesariamente representan utilidades disponibles.
Advirtió que limitar la deducción de intereses y la amortización de pérdidas fiscales también afectaría la capacidad de endeudamiento y de inversión de las compañías.
“Pareciera que el gobierno desconociera la realidad del mercado laboral y, en lugar de generar los cambios necesarios para incentivar la transición a la formalidad, hacen lo contrario”, reprochó.
El legislador planteó el caso de una empresa mediana que enfrenta aumentos inesperados en combustibles, fletes o mantenimiento de sus unidades de reparto. Si una parte de esos gastos no puede deducirse, explicó, tendría que pagar más impuestos y eventualmente recortar personal o frenar contrataciones para mantener sus operaciones.
La panista Verónica Pérez Herrera también cuestionó que se prometa a los empresarios recuperar fiscalmente gastos no deducidos durante los siguientes 20 años, cuando las compañías necesitan liquidez inmediata para cubrir nóminas, inversiones y costos operativos.
“Morena debería explicarle a los empresarios cómo se pagan las nóminas de este mes, con una deducción prometida para el futuro”, señaló.
El priista Jericó Abramo Masso, por su parte, reconoció la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), pero advirtió que los nuevos topes a las deducciones podrían desincentivar a las empresas medianas y grandes que buscan ampliar sus inversiones.
Además, citó cifras del INEGI según las cuales durante 2025 cerraron 37 mil empresas en México y alertó sobre las dificultades que enfrentan los negocios para sobrevivir en sus primeros años.
Morena defiende la reforma; PT plantea ajustes
En defensa del dictamen, la morenista Merary Villegas sostuvo que la reforma cumple con el mandato constitucional de contribuir al gasto público y aseguró que no crea nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes.
Afirmó que los cambios buscan corregir abusos, ordenar el sistema tributario y elevar la recaudación, al tiempo que facilitan el cumplimiento fiscal de pequeños negocios y profesionistas.
Entre las medidas de apoyo destaca la ampliación del RESICO: el límite de ingresos anuales para personas físicas aumenta de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para personas morales pasa de 35 a 50 millones. También se facilita la reincorporación al régimen.
Para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros, el ingreso anual exento de ISR aumenta de 900 mil a un millón de pesos, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, se amplían las posibilidades de deducción de inversiones para empresas que tributan en el RESICO y se incorporan estímulos fiscales a disposiciones legales para brindar mayor certidumbre a los inversionistas.
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, respaldó en términos generales la propuesta, aunque presentó una reserva al segundo artículo transitorio para precisar las restricciones a la aplicación conjunta de determinados estímulos fiscales y evitar interpretaciones que limiten beneficios previstos en la ley.
El petista también insistió en que su bancada buscará revisar el cobro de ISR sobre las horas extra, al considerar que gravar esos ingresos afecta a los trabajadores.
Durante la discusión se presentaron tres reservas al dictamen. Legisladores de oposición cuestionaron que algunas modificaciones se incorporaran sin suficiente tiempo para analizarlas y denunciaron que sus propuestas, así como observaciones de sectores privados y sociales, no fueron consideradas de manera efectiva.
Finalmente, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen con reservas. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, al advertir que el combate a las factureras y a la evasión fiscal no debe traducirse en mayores cargas para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias.