Hace una semana se vivió un hecho desolador en Totolapan, en la zona oriente de Morelos, una de tantas zonas del país que han caído bajo el control de la delincuencia organizada.
Agentes de la Fiscalía General del estado detuvieron a José David “N”, conocido con los alias de El Güero del Gym, El 7 o El Sensual, presunto generador de violencia regional e integrante destacado del grupo delictivo Pueblos Unidos. Sin embargo, el éxito de la captura duró apenas un suspiro. En cuestión de pocas horas, las propias autoridades estatales ordenaron su liberación para canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente que habían sido secuestrados por los cómplices del detenido. Hoy, el líder criminal sigue prófugo.
La velocidad del repliegue institucional únicamente se explica por la violenta y articulada respuesta que desplegó la comunidad. Diversos grupos de pobladores actuaron en abierta colaboración con el crimen organizado. De inmediato instalaron bloqueos viales que se extendieron a comunidades cercanas, cerrando incluso un tramo de la autopista México-Cuautla a la altura del kilómetro 88. En las calles de poblaciones como Santa Rosa y Capulín surgieron columnas de humo provocadas por vehículos incendiados, según imágenes registradas en video por usuarios de redes sociales. Transportistas y vecinos cerraron entronques cruzando camionetas, quemando neumáticos y derribando árboles para bloquear el paso a los refuerzos policiales. Mientras esto sucedía, en distintos puntos del municipio, hombres en motocicleta, algunos cubiertos con pasamontañas y cubrebocas azules y negros, realizaban labores de vigilancia y patrullaje al servicio del grupo delictivo.
Totolapan no es un hecho aislado ni una anomalía imprevista. Es el episodio más reciente de un patrón de deterioro institucional que se ha repetido en distintas regiones del país durante los últimos años. En julio de 2023, pobladores de la Montaña Baja de Guerrero tomaron varios puntos la ciudad de Chilpancingo, secuestraron un vehículo blindado y retuvieron a trece servidores públicos para exigir la liberación de líderes transportistas vinculados con la organización de Los Ardillos. A comienzos de 2024, en comunidades de Juventino Rosas, Guanajuato, habitantes incendiaron vehículos e impidieron el avance de las fuerzas federales tras la detención de mandos del Cártel de Santa Rosa de Lima. Por esas mismas fechas, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, y en la Tierra Caliente michoacana, multitudes salieron a enfrentar a la Guardia Nacional para proteger a bandas de huachicoleros y redes de extorsión. Totolapan representa apenas el eslabón más reciente de una cadena donde comunidades enteras salen a proteger criminales para frenar el trabajo de la justicia.
Esta cruda realidad echa por tierra la retórica oficial sobre la violencia en el país. Uno de los ejes de la estrategia gubernamental ha sido la llamada “atención a las causas”, pero la evidencia muestra que tal enfoque no ha dado los resultados prometidos. No se puede sostener que se atienden con eficacia las razones profundas de la criminalidad cuando segmentos enteros de la población optan por asumirse como la base social y el brazo operativo de los delincuentes.
El gobierno jamás ha explicado con precisión qué entiende por “atención a las causas”. Parece asumir la premisa simplista de que la pobreza constituye el único motor del delito y que la violencia cesará de forma automática en cuanto la gente reciba los programas sociales. La experiencia reciente prueba que esa correlación no existe. Un subsidio no sustituye la presencia del Estado ni desarticula el control territorial que ejercen las bandas armadas sobre la vida cotidiana.
Es cada vez más claro que la visión oficial sobre el fenómeno delictivo está errada o, cuando menos, incompleta. Hace falta un enfoque distinto donde la recuperación de la presencia de la autoridad, la aplicación estricta de la ley y el respeto al Estado de derecho sean la guía para extirpar la impunidad y frenar conductas destructivas del tejido social como la extorsión. Mientras la autoridad confunda la política social con el cumplimiento de la ley, las células criminales seguirán contando con escudos humanos para burlar a la justicia.