El momento retrata al oficialismo. Lleva meses la protección a Rocha Moya, al grado de hasta ponerle “guardaespaldas”. Y para colmo, le mantienen el fuero a Inzunza desde el Senado de la República.
La Fiscalía General de la República entra al debate público a muy alta velocidad. “Traición a la patria” es el argumento para girarle orden de aprehensión al exfiscal de Chihuahua. Y es que la ideología pasa por encima de la lógica y la obligatoriedad del Estado. A la ciudadanía, a la que el crimen organizado “tiene de rodillas”, le regalan discursos demagogos de “soberanía nacional”. Lo que diga Estados Unidos no es escuchado, aunque su sistema de justicia se caracterice por ser robusto, que es capaz —incluso— de contener al propio Trump, uno de los presidentes estadunidenses más polémicos de los últimos tiempos.
El penal del Altiplano se ha convertido en una “horca pública”; así sucedió con Ernesto Ruffo. Hoy, César Jáuregui “es la nota”. Queda claro que la FGR se guardó algunas cartas, independientemente de la orden de aprehensión por traición a la patria. Ello quedó confirmado cuando el lunes pasado se informó que la Fiscalía investiga a Jáuregui por otros delitos.
Ha trascendido que Jáuregui habría pedido millones de pesos a empresarios chihuahuenses para no ser atacados legalmente, además de la “venta” de expedientes a las partes involucradas en diversos casos, así como adjudicársele ser dueño de casinos. Todo mientras fungía como fiscal del estado. ¿Serán ésos los “otros delitos” a los que se refería el Ejecutivo?
¿Podría ser entonces que se planeó “milimétricamente” la detención de Jáuregui para que el PAN sufriera un “golpe público” por los pecados del exfiscal en el estado que se disputaba Andrea Chávez (Adán Augusto) con el actual coordinador estatal de Morena, Cruz Pérez Cuéllar?
La cacería de Morena comienza en Chihuahua. México y Estados Unidos observan con atención. ¿Para cuándo la justicia? ¿Cuánto tiempo más pasará para ver a un “pez godo” en la cárcel? Llevan dos personajes de la oposición y ninguno de la 4T. Sin embargo, la lista es larga y está escrita por el gobierno estadunidense.
LOS DEMONIOS DEL DINERO
La honorabilidad de Guadalupe Taddei no está a disposición de quienes repiten una sospecha hasta convertirla en consigna, ni por “acumulación de titulares”. La tinta no sustituye a las pruebas. Es demasiado cómodo pretender que una persona pague con su reputación las cuentas pendientes de toda una industria, sobre todo cuando hay millones de por medio. El 16 de febrero de este año se hizo público que sólo el mercado nacional de boletas y materiales electorales para 2027 podría superar los tres mil millones de pesos.
Hablamos de un mercado en el que las decisiones de producción, contratación y distribución tienen consecuencias económicas considerables. Por ello conviene mirar también los pesos y centavos; las urnas, las mamparas, las cajas y las boletas representan pedidos, márgenes y oportunidades de facturación. Cada decisión puede modificar expectativas. Un debate al respecto que deje fuera esos intereses ofrece una imagen incompleta, por muy solemnes que sean las voces que intervienen. Y conviene abrir la hemeroteca: en noviembre de 2016, durante la presidencia del INE de Lorenzo Córdova, se publicó una investigación sobre las diferencias de precios de urnas y mamparas compradas por los organismos electorales locales. Se describió entonces un mercado “dominado” por cuatro proveedores y cuestionamientos de Ciro Murayama. Hace 10 años ya se discutía sobre proveedores.
La lectura política de lo que hoy acontece es que cuando hay millones en juego, la reputación de una presidenta electoral no puede quedar a merced de expectativas comerciales y egos lastimados. El tamaño de una factura y la intensidad del enojo ajeno no confieren autoridad moral. La corrupción se acredita con hechos. La discusión pública merece mayor seriedad y bastante menos teatro.