Cada 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia, establecido por la ONU en 2007 en el natalicio de Mahatma Gandhi, nos convoca a una tarea urgente: impedir que la fuerza, el miedo y la humillación gobiernen nuestras relaciones. La paz requiere instituciones capaces de prevenir el daño, proteger a las víctimas y hacer efectiva la justicia.
La violencia tiene múltiples expresiones: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, laboral, política y digital. Sus clasificaciones varían; reducirla a un catálogo universal de 16 tipos sería impreciso. Un golpe lesiona; una amenaza somete; la humillación destruye autoestima; el control económico limita autonomía. Estas formas pueden entrelazarse y escalar hasta consecuencias irreparables.
Las cifras revelan la magnitud del fracaso. En noviembre de 2025, la OMS estimó que 840 millones de mujeres, casi una de cada tres, habían sufrido violencia de pareja o sexual durante su vida. Su análisis abarcó datos de 168 países entre 2000 y 2023. Además, 316 millones padecieron violencia física o sexual de pareja en los doce meses considerados. La reducción anual de esta última apenas alcanzó 0.2% durante dos décadas: una lentitud intolerable.
La expresión más extrema tiene rostro y nombre. ONU Mujeres y la UNODC estimaron que, en 2024, unas 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares: 137 cada día. Representaron alrededor de 60% de los 83 mil homicidios intencionales de mujeres y niñas. El feminicidio exige investigar razones de género; no debe confundirse automáticamente con cualquier homicidio ni atribuirse exclusivamente a la violencia sexual.
Estados Unidos muestra otra dimensión. Según Gun Violence Archive, los tiroteos con al menos cuatro personas heridas o muertas, sin contar al agresor, pasaron de 659 en 2023 a 503 en 2024. El descenso no elimina la gravedad: son cientos de episodios anuales. Tampoco permite afirmar que toda violencia aumenta. La normativa federal admite ventas de rifles y escopetas por comerciantes autorizados desde los 18 años y de pistolas desde los 21, con restricciones adicionales según el estado.
Atribuir estas matanzas solamente a drogas, juventud o internet impide comprenderlas. Deben examinarse el acceso a armas, las amenazas previas, los entornos violentos y las fallas de prevención. La respuesta necesita evidencia, almacenamiento seguro, atención oportuna y mecanismos de alerta.
En el ámbito digital sí hay señales claras de deterioro. Un informe de OMS Europa, publicado en 2024, estudió a más de 279 mil adolescentes de 11, 13 y 15 años en 44 países y regiones. Entre 2018 y 2022, el ciberacoso sufrido aumentó de 12% a 15% en los varones y de 13% a 16% en las mujeres. Son datos regionales, no una medición mundial, pero muestran que el daño alcanza incluso el espacio doméstico.
Europol advirtió en 2025 sobre comunidades que manipulan a menores para producir material sexual, autolesionarse y agredir a otros. La captación también ocurre en plataformas de uso cotidiano. No todo sucede en la dark web. El suicidio es multifactorial; reconocer la coerción digital exige evitar explicaciones simplistas.
Las redes sociales y la inteligencia artificial ofrecen enormes posibilidades educativas. Su desarrollo debe incorporar protección de menores, canales de denuncia accesibles, evaluación de riesgos y rendición de cuentas. Los predicadores del odio y quienes difunden desinformación pueden alimentar hostilidad y facilitar violencia. Combatir el extremismo violento, cualquiera que sea su ideología, exige investigar conductas y redes sin estigmatizar religiones ni criminalizar opiniones.
Necesitamos leyes robustas, sanciones efectivas, policías confiables y educación digital. La cooperación local, nacional e internacional debe compartir información y tecnologías con controles judiciales y protección de datos. La diplomacia bilateral y multilateral puede articular esa respuesta. La no violencia se construye con hechos cada día.
¿O no, estimado lector?