La narrativa sobre el presunto injerencismo en la vida política nacional debe ser alimentada de alguna forma, aunque se caiga en excesos evidentes. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, cometió un delito durante la operación del decomiso de un narcolaboratorio en el sur del estado, luego del cual murieron en un accidente el director de la agencia de investigación estatal, Pedro Oseguera Cervantes, y dos agentes de la CIA que habían participado como observadores.
Como dijimos aquí hace ya varias semanas, los agentes estadunidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la agencia de investigación de la fiscalía, con conocimiento del exfiscal del estado, a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, donde esos agentes no participaron operativamente.
La información original que dio el fiscal César Jáuregui no se ciñó a la realidad, mintió por lo menos en dos ocasiones al dar su versión de los hechos, le mintió incluso a la gobernadora del estado, por eso tuvo que renunciar y por eso la nueva fiscalía del Estado, a cargo de Gilberto Loya, le abrió una averiguación por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Eso no está a discusión.
Pero la FGR, siguiendo la narrativa injerencista, acusó al exfiscal de traición a la patria. Insisto, es evidente que el fiscal cometió un delito, pero no el de traición a la patria. Las palabras pesan y los antecedentes que se pueden establecer en estos temas también. ¿Qué dice el código penal federal sobre el delito de traición a la patria? Se aplica a los ciudadanos mexicanos que cometan actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con el fin de someterla a un gobierno o grupo extranjero. Entre las acciones consideradas traición a la patria se encuentran: tomar parte en actos bélicos de un Estado extranjero en contra de México; privar ilegalmente de la libertad a una persona en territorio mexicano para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México; entregar a una potencia extranjera datos, documentos o elementos de carácter militar o de inteligencia nacional; intentar enajenar parte del territorio nacional o someterlo a un protectorado extranjero.
Nada de eso ocurrió: Jáuregui debía de haber informado que había invitado a funcionarios extranjeros a un operativo y mintió cuando tuvo que explicar el accidente en el que murieron. Pero no enajenó territorio ni facilitó una invasión extranjera. En ese operativo se decomisó un narcolaboratorio y en el mismo, aunque fuera para dar protección, sí participaron fuerzas federales. Jáuregui debe ser castigado por los delitos que cometió, no por los que dicta la narrativa antiinjerencista del gobierno.
El tema es muy delicado, porque en México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadunidenses, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México: la DEA, Administración para el Control de Drogas; el FBI, Buró Federal de Investigaciones; la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el USMS, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; la OIA-DoJ, Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la OPDAT, Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional; el DHS, Departamento de Seguridad Interior; el CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; el ICE, Oficina de Inmigración y Control de Aduanas; el Servicio Secreto de Estados Unidos; la TSA, Administración de Seguridad en el Transporte; la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjero del Departamento del Tesoro. Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA y de otras agencias de inteligencia. Existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, incluyendo las misiones de entrenamiento existentes. Y no olvidemos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.
Todos los estados fronterizos del norte del país, y otros, tienen convenios de cooperación con las agencias estadunidenses, en la mayoría de los casos paralelos a los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos para ambos países.
Es muy probable que en esa compleja trama puedan existir excesos, errores e irresponsabilidades en los ámbitos federal o local. Y si hay delitos, deben ser sancionados. Pero no se debe de abusar ni de las palabras ni de las formas legales: la traición a la patria es otra cosa.
Por cierto, ¿qué pasa con los funcionarios que entregaron sus estados o municipios al crimen? ¿Con los gobernadores que para evitar investigaciones de EU en su contra ofrecen convertirse en colaboradores, incluso entregando información de seguridad? ¿Qué delito comete un jefe del CNI que entrega nombres de agentes de Estados Unidos y del propio CNI a rusos y cubanos? ¿No es traición a la patria? Es pregunta.