No lo olvidemos: el delincuente es Lozoya

Este fin de semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo en Querétaro, donde fue a acompañar a la candidata de Morena, Celia Maya, que Lozoya “presentó una imputación en contra de 70 personas. Al momento —agregó— hemos revisado y denunciado a 18 de ellas”, incluyendo el exsenador Lavalle. Según Nieto, “la Fiscalía General de la República encontró un soborno por 53 millones de pesos en efectivo y nosotros habíamos detectado transferencias por más de 60 millones de pesos, lo cual no corresponde, evidentemente, con el ingreso que puede tener un senador”.

Lavalle ha negado haber recibido ese soborno y sostiene que sus ingresos devienen de sus actividades empresariales, suyas y de su familia, que dispone de recursos más que suficientes. Por lo pronto, la FGR logró que el exsenador quedara detenido en el Reclusorio Norte desde la madrugada del viernes, con prisión preventiva justificada como medida cautelar ante el presunto riesgo de que Lavalle intentara fugarse. Su situación debe definirse a más tardar el miércoles.

Evidentemente, no sabemos si la FGR o la UIF tienen más información de la que han hecho pública, pero lo único que sabemos a ciencia cierta en toda esta historia es que el corrupto, el que recibió sobornos y el que lucró antes y durante su paso por Pemex, es el acusador, el propio Lozoya, quien está en libertad y funge como testigo colaborador de las autoridades, precisamente, para librar la cárcel. Pero las pruebas que dijo que aportaría, por lo menos hasta ahora, no han aparecido por ninguna parte, salvo un video en el que se entrega dinero a dos empleados de la Cámara de Senadores.

Hay que recordar que toda la demanda del caso Odebrecht se basa en la declaración que hizo, ante autoridades de Brasil y Estados Unidos, Luis Meneses Weyll, quien fue el responsable por esa empresa de construir y administrar el andamiaje de sobornos a distintos funcionarios de varios países de América Latina. Sobre la declaración de Meneses Weyll se construyó también la denuncia contra Lozoya, a partir de la cual el exdirector de Pemex, ya acusado formalmente y detenido en España, negoció su regreso a México, adhiriéndose al llamado criterio de oportunidad, en otras palabras, convirtiéndose en testigo protegido por el gobierno.

Toda la acusación que hizo Lozoya se basa, a su vez, en que Odebrecht le depositó nada menos que 10.5 millones de dólares para, según Lozoya, financiar la campaña de Peña Nieto y para pagar sobornos que permitieran sacar la Reforma Energética durante esa administración. Agregó que también se pagó para aprobar una planta de etileno durante el gobierno de Calderón.

Pero el propio Meneses declaró que, en el caso de México, nunca se le pidió dinero para financiar la campaña de Peña Nieto ni para la construcción de una planta de etileno ni para la Reforma Energética. Que el dinero se le entregó a Lozoya para que éste entregara contratos de Pemex a la empresa brasileña. E insistió en que está dispuesto a declarar sobre ese tema ante la justicia mexicana, como ya lo ha hecho ante la brasileña y la estadunidense. El problema es que aquí nadie lo ha buscado para hacerlo.

Y los hechos, hasta ahora, le dan la razón a Meneses Weyll: los depósitos está comprobado que se hicieron a cuentas relacionadas con Lozoya, sus operadores y su familia, pero no existe constancia alguna que de allí se hayan dirigido al PRI, a Peña o a otros funcionarios, sea de Peña o de Calderón. En otras palabras, lo que dice Meneses, y parecen comprobar los hechos, es que el dinero fue para sobornar a Lozoya y que éste lo utilizó en su beneficio personal, familiar y de grupo.

¿Cómo se puede escalar la denuncia de Lozoya hasta los 70 exfuncionarios públicos, senadores, secretarios de Estado y hasta un expresidente, sin más pruebas que sus dichos? No dudo que con la alta capacidad de indagatoria que tienen la UIF y la FGR pueden encontrar, en muchos casos, manejos financieros irregulares y hasta faltas fiscales, pero, ¿cómo se da el salto mortal para saber que ciertos recursos, cualquiera de ellos, son producto de un soborno, sobre todo si se pagó en efectivo? ¿Alguien deposita 53 millones de pesos en efectivo provenientes de un soborno en una cuenta bancaria cuando, siendo senador, sabe que es un personaje cuyos movimientos financieros serán, tarde o temprano, indagados? Un depósito en efectivo de esa magnitud, realizado por cualquier ciudadano, genera alertas automáticas en el sistema bancario y en la propia UIF.

Hay que insistir en un punto. Si Lavalle, o quien sea, cometió un delito, debe ser castigado, pero los dichos de un criminal, como lo es Lozoya, no son suficientes, si no van acompañados de pruebas, para inculpar a alguien.