En este país, las cárceles no son centros de reinserción social. Son, más bien, depósitos de la indiferencia institucional, un catálogo vivo de todo lo que el Estado mexicano decide no mirar.
El pasado miércoles 7 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025. El documento evalúa a 278 centros del país —con una población de 246 mil 531 personas privadas de la libertad— y nos confirma lo que ya sabíamos, que en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad hay un gran retroceso respecto de 2024.
La CNDH evidencia fallas estructurales que persisten año con año. La clasificación inadecuada de la población internada pasó de 94.5% en 2024 a 98.9% en 2025 en las prisiones estatales. Traducido a la cruda realidad del encierro, esto quiere decir que en casi la totalidad de los penales del país se mezcla a procesados con sentenciados y se ignora por completo la necesidad de espacios diferenciados para grupos de atención prioritaria.
¿De quiénes hablamos cuando decimos “grupos de atención prioritaria”? De 15 mil 117 indígenas que carecen de intérpretes en sus lenguas originarias o de asistencia legal con pertinencia cultural; de 8 mil 443 personas adultas mayores sin atención médica geriátrica —una deficiencia detectada en 85.7% de los CEFERESO—; de más de 19 mil personas con discapacidad física o psicosocial expuestas a la falta de ajustes razonables, y de 3 mil 927 integrantes de la comunidad LGBTQ+ castigados con el aislamiento bajo el pretexto de su propia “protección”.
Pero donde la discriminación estructural adquiere mayor crueldad es en los centros femeniles.
El diagnóstico reporta 132 mujeres embarazadas y 311 madres que viven con sus hijas e hijos en reclusión. Alrededor de 308 niños y niñas crecen tras las rejas. ¿Y qué respuesta ofrece el Estado? Ninguna. En 2024 se detectaron deficiencias en la atención a mujeres y menores en 33 centros estatales; para 2025, la cifra se duplicó a 66 centros.
México firma acuerdos internacionales, pero las Reglas de Bangkok y las Reglas Nelson Mandela quedan en retórica. La inobservancia de la Regla 48 de Bangkok —que exige alimentación gratuita, sana y especializada para bebés y lactantes— vulnera el derecho a la salud infantil. La falta de estancias o guarderías (violando la Regla 42 de Bangkok y la Regla 50 de Mandela) frena la reinserción social de las madres, al obligarlas a asumir el cuidado de sus hijos en dormitorios con sobrepoblación e insalubridad. Un doble castigo para ellas y una condena anticipada para la niñez.
A la carencia de insumos y trato digno se suma la violencia desmedida y la impunidad. El reporte contabilizó 990 incidentes graves, entre ellos 532 riñas y 51 homicidios. En derechos humanos, la CNDH documentó seis casos de tortura y/o maltrato en penales estatales durante 2025 —frente a uno en 2024—, y 100% de ellos ocurrió en un solo lugar: el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Las víctimas fueron mujeres, agredidas por personal de custodia y por otras internas.
Respecto a las muertes en reclusión, predomina la opacidad. En 2025 fallecieron 31 mujeres en penales estatales y federales. Se catalogaron como “suicidios” seis casos —incluidos los del CEFERESO 16 Femenil de Morelos, que registra 14 mujeres en riesgo suicida y sólo siete médicos para 772 internas—. La CNDH evidencia contradicciones entre los datos de los centros y las estadísticas oficiales de la SSPC, pues decenas de decesos se clasifican como “en estudio” o de “causa desconocida”. Sin investigaciones inmediatas ni perspectiva de género, no hay certeza de cuántas muertes encubren agresiones o negligencia.
El sistema penitenciario opera bajo una lógica de impunidad y omisión que invisibiliza las necesidades de la infancia, las mujeres y las comunidades vulnerables. Los diagnósticos están sobre la mesa; lo que falta es voluntad para evitar que la prisión sea un espacio de tortura y abandono sistemático.