Segob rechaza 15 bloques de ajustes a plan B

El gobierno federal, mediante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó modificaciones al llamado plan B electoral, propuestos por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, para recuperar la constitucionalidad de la reforma.

El titular de Segob sólo aceptó seis de 21 paquetes de cambios urgentes, los cuales ya están incluidos en los dictámenes que se discutieron ayer en comisiones, dejando fuera ajustes para evitar que temas como la eliminación de 300 juntas distritales, duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos o la destitución del actual secretario ejecutivo del INE violen lo establecido en la Carta Magna.

Tras reunirse con el secretario de Gobernación, Monreal Ávila alertó que, de no realizarse dichos cambios, es altamente probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo la reforma a las leyes electorales, por inconstitucional.

SEGOB DA LUZ VERDE A PLAN B CON 6 CAMBIOS

EL SENADOR MORENISTA HABÍA PRESENTADO 21 PAQUETES DE MODIFICACIONES A LA REFORMA, PERO EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN RECHAZÓ 15

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó 15 de los 21 paquetes de cambios urgentes que necesita el llamado plan B electoral para quitarle la inconstitucionalidad a la mayoría de la reforma, planteados por Ricardo Monreal.

Durante una reunión de cerca de dos horas con los senadores de Morena, Partido Verde, PT y PES, quienes en su mayoría refrendaron el respaldo a la reforma electoral, aunque petistas y verdes le anunciaron que quieren cambios, Ricardo Monreal informó que en total son 21 paquetes de reformas que propuso, a fin de recuperar la constitucionalidad de la reforma, pero el secretario de Gobernación sólo ha aceptado 6 paquetes, que ya están incluidos en los dictámenes que se discutieron ayer mismo.

“Es una cortesía la que tenemos con el Secretario de Gobernación, quien ha sido muy receptivo, pero en estricto sentido, el Senado puede asumir las decisiones que tome, si la mayoría de legisladores así lo considera”, precisó Ricardo Monreal en entrevista al concluir la reunión.

Además de la cantidad de puntos de inconstitucionalidad que tiene el plan B están las evidentes fallas al debido proceso electoral que se registraron en la Cámara de Diputados y que serán difíciles de subsanar, porque se aprobaron dictámenes a los que no se les dispensaron los trámites, junto con dos reformas a las cuales sí se les dispensaron los trámites, lo cual es totalmente equivocado, precisó Ricardo Monreal.

Alertó que si no se hacen los cambios es altamente probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo esta reforma, precisamente por inconstitucional.

Rechazo del Ejecutivo

Los 15 paquetes de reformas que impulsa Ricardo Monreal para ser modificados y que no aceptó el Secretario de Gobernación incluyen el nuevo sistema nacional electoral, que es contrario al artículo 41 Constitucional, base V, Apartado A y que el plan B lo incluye en los artículos 28 Bis, 28 ter, con los nueve numerales y cinco incisos que contienen.

El segundo punto es la “limitación material y temporal de las facultades reglamentarias del INE y la emisión de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Limitación a la plenitud de jurisdicción del TEPJF en litigios por la elección de dirigentes partidistas y candidatos a cargos de elección popular. Limitar sanciones a infractores de la Constitución o la legislación electoral, que carece de bases constitucionales”.

Otro es la limitación de facultades constitucionales otorgadas a los Organismos Públicos Locales (OPLE), que violenta los artículos 41 y 116 constitucionales; la eliminación de 300 juntas distritales y la creación de órganos auxiliares temporales, así como la reformulación del procedimiento para designar funcionarios de casilla, que introduce elementos discrecionales, con lo cual se viola el artículo 41 constitucional.

Eliminar la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral viola el 41 constitucional; crear una comisión de administración, integrada por cinco consejeros electorales con facultades ejecutivas también viola el 41 constitucional.

Modificar en la ley las causas para la pérdida de registro de partidos políticos violenta los artículos 41 y 116 constitucionales; duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos viola el derecho de asociación, explica Monreal en su análisis; cambiar la denominación del titular del Poder Ejecutivo Federal viola el 80 constitucional; las acciones afirmativas para grupos vulnerables no tienen sustento constitucional.

La destitución del actual secretario Ejecutivo y la confirmación del titular del Órgano Interno de Control y ratificación de consejeros electorales violan el 41 constitucional y la autonomía del INE.

Para la reelección inmediata se incluyeron requisitos adicionales que no están en la Constitución; la definición de “votación válida emitida” incluye a los candidatos independientes de la deducción de votos, lo que es inconstitucional, dice Monreal; la eliminación de la Sala Regional Especializada del TEPJF para crear una sección resolutoria de la Sala Superior no está previsto en el 99 Constitucional; incorporar a la SEP para la elaboración de la papelería electoral viola la autonomía del INE.

El voto por internet en el extranjero viola el 41 constitucional con el principio de que el voto será libre, secreto y directo y toda la reforma a la Ley General de Comunicación Social viola el 134 constitucional y recientemente la SCJN declaró inconstitucional el mismo contenido que se plasmó en el fallido Decreto de Interpretación.

A eso se suma la sustitución ilegal de la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados y los cambios no aprobados por el pleno, detalla Monreal Ávila en su análisis que el secretario de Gobernación no apoyó.

ANTECEDENTE

Ayer, Excélsior dio a conocer que las comisiones unidas del Senado se alistaban a hacer 109 cambios, de los cuales 99 eran inconstitucionales y de fondo, entre ellos quitar la vida artifical a los partidos pequeños, al anular la transferencia de votos; la excepción para que mantengan el registro y tener prerrogativas locales sin tener registro estatal; echa atrás la especie de Estado indígena, al que no se le aplican las leyes electorales.

Sin embargo, mantienen la mayoría de los temas que han despertado la preocupación de especialistas, del INE y el TEPJF, como la eliminación de juntas distritales, la compactación del servicio electoral y la eliminación de la veda electoral, pues ratifica que los servidores públicos sí pueden hacer expresiones durante las campañas electorales.

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