Se complica la verdad; caso Ayotzinapa a 8 años

La desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa cumple hoy 8 años. La única certeza acreditada por dos gobiernos distintos que han investigado el caso es que todos están muertos, que fueron asesinados.

Con ese mismo resultado” ambas autoridades, cada una en su momento, han querido cerrar el caso; su esclarecimiento total está pendiente: falta saber qué fue de los restos de los estudiantes desa-
parecidos a manos de policías municipales, estatales, federales y, supuestamente por elementos del Ejército, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, y el móvil de estos crímenes.

La falta de la verdad de los hechos en las nuevas investigaciones ha provocado, como en las del pasado, que grupos de normalistas radicalicen sus protestas.

Días antes de llegar a este octavo aniversario, encapuchados en torno al movimiento de los 43 atacaron con piedras, explosivos y pintas la base del Batallón 27 de Iguala, la 35 Zona Militar en Chilpancingo, la sede de Relaciones Exteriores, la embajada de Israel en México, las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), y lo que nunca había sucedido, el Campo Militar Número Uno.

Por todos estos hechos, con saldo de decenas de policías y soldados heridos, además de los destrozos, no hay ninguna persona detenida.

Aparejado a los hechos de violencia de los últimos días, subyace en el ambiente político lo que parece un choque entre las instancias del Estado que llevan las investigaciones. El sábado pasado, la FGR reaccionó, incluso antes de que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJCA), le solicitara una investigación por la filtración de información sensible del caso, que pone en peligro el debido proceso del mismo.

También está el hecho de que en momentos estelares, como el arresto del exprocurador Jesús Murillo, la presentación del informe preliminar de la CVAJCA, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, no haya hecho acto de presencia.

Si bien en el tiempo que lleva al frente de la fiscalía, desde el 26 de junio de 2019, Gómez Trejo ha mantenido un perfil discreto, pero en las últimas semanas, más bien se ha notado su ausencia.

De los restos de los jóvenes en general se sabe muy poco. Con mínimas porciones óseas, particularmente han sido identificados tres de ellos. La clave para avanzar en el esclarecimiento del caso está en los 114 restos, entre éstos, las 38 petrosas de huesos temporales, que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa tiene pendiente enviar a analizar por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2018.

Sobre el móvil, la CNDH hizo suyo el reclamo de los padres de los alumnos, que el 18 de febrero de 2015, en una reunión entre estas partes, plantearon, ¿por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Esta exigencia quedó en el reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015, sin respuesta.

Ninguna de las dos instancias investigadoras en estos ocho años ha dilucidado el móvil del crimen. Todo ha quedado en especulaciones: si la movilización de estudiantes hacia Iguala tenía carácter social —preparativos de protesta para el 2 de octubre—, que fue interpretada por los Guerreros Unidos como una movilización de sus adversarios, Los Rojos; hasta que esa movilización sí fue utilizada  por Guerreros Unidos para mover droga o dinero en alguno de los autobuses secuestrados por los estudiantes, a través de algún o algunos alumnos de normal al servicio de la delincuencia. Particularmente, y de forma insistente, se ha mencionado a dos personajes: el diputado por Morena Manuel Vázquez Arellano y David Flores Maldonado, conocido como La Parka, y quien desde tiempos del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un puesto en la Secretaría de Educación Pública. Hasta el 29 de julio de 2022 tenía cargo de jefe de área en la Jefatura de la Oficina de la Secretaría, según la plataforma de transparencia del Inai.

No solamente para aclarar qué parte de la llamada verdad histórica es real, sino para tener claridad del móvil, la declaración ministerial de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación en el momento de los hechos de hace 8 años, es clave. Zerón permanece prófugo en Israel, país que no tiene convenio de extradición con México.

Después de cuatro años de investigación, la CVAJCA llegó a la misma conclusión que la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), que lo hizo de manera vertiginosa en cuatro meses, con confesiones obtenidas bajo tortura, acreditadas por el juez federal Samuel Ventura Ramos.

Salvo las declaraciones de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, uno de los presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas, que el 30 de agosto de 2018 confesó a la CNDH sobre el destino de los normalistas y las de los hermanos Bernabé Sotelo Salinas y Cruz Sotelo Salinas, detenidos el 23 de enero de 2016.

El 18 de agosto de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la presentación de su informe preliminar del caso dijo: “Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo —preso desde el 19 de agosto de 2022 acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia—, en su verdad histórica dijo: “Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.

Las investigaciones de la PGR llevaron a la cárcel a cientos de personas, de las cuales 120 han recibido sentencias absolutorias por el juez federal Ventura Ramos, luego que se comprobó que habían sido torturadas. Entre los absueltos está Gildardo López Astudillo, alias El Gil, jefe de sicario de la banda de Gurreros Unidos, convertido en testigo colaborador con el nombre de Juan, que ha sido clave en cómo la CVAJCA ha ido reconstruyendo los hechos hasta poder etiquetar al caso como un asesinato de Estado.

También el juez Ventura absolvió al alcalde de Iguala en el momento de los hechos, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, a quienes la CVAJCA había acusado días antes de ser los autores intelectuales del crimen, igual que en la verdad histórica lo hizo la PGR.

Las 120 sentencias absolutorias dictadas por Ventura Ramos en el caso Iguala, que sería un elemento para desmontar la llamada verdad histórica que combate este gobierno es motivo, sin embargo, de un rechazo gubernamental de la medida del juez. El 22 de septiembre de 2022, el gobierno federal anunció que demandaría al juzgador, hecho reiterado por Encinas al día siguiente en una conferencia de emergencia ante la creciente violencia de los normalistas en el contexto del octavo aniversario. En la tarde del 23 de septiembre pasado el juez Ventura —un expiloto de la Armada de México—, fue acusado ante la FGR por abogados de la Secretaría de Gobernación y de la de Seguridad Ciudadana.

Las investigaciones de la CVAJCA, con base en los dichos de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, han provocado que la FGR tenga tras las rejas al exprocurador Jesús Murillo Karam; a cuatro militares, el general José Rodríguez Pérez, que en 2014 era coronel responsable del batallón 27 con sede en Iguala, Guerrero, a quien la CVAJCA acusó de haber mantenido con vida a 6 de los 43 estudiantes y luego mandar asesinarlos, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de primera de infantería Eduardo Mota Esquivel.

El 14 de septiembre la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa pidió al juez segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, retirar 16 de las 20 órdenes de aprehensión que había solicitado el 19 de agosto pasado, ya que las carpetas no estaban sólidas y se corría el riesgo de un proceso fallido.

De los secuestradores, torturadores y asesinos de los 43 estudiantes, que los dos distintos gobiernos han investigado desde 2014 a la fecha, nada se sabe aun tampoco.

Informes en abundancia

En estos ocho años de investigaciones, informes sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas abundan. Están las primeras indagatorias de la Fiscalía del estado de Guerrero, a cargo de Iñaki Blanco —con una orden de aprehensión cancelada—; la llamada verdad histórica de la desaparecida PGR; los tres informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); los cuatro reportes preliminares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, y el reporte preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El viernes pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció un nuevo informe, quizá se haga público hoy lunes en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes.

La Fiscalía de Guerrero dejó el caso cuando la PGR lo atrajo por incompetencia. Días antes de este octavo aniversario de la desaparición de los normalistas, ninguna de las averiguaciones hechas por Blanco habían sido desacreditadas por instancia alguna. Hasta que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, obtuvo la sentencia absolutoria del caso, aunque sigue preso por delincuencia organizada igual que su esposa, de supuestamente pertenecer al grupo delictivo Guerreros Unidos.

De hecho, muchas de las líneas de investigación, incluyendo testimonios de personajes relacionados desde el inicio de la investigación de Blanco han sido retomados por la Comisión de la Verdad que encabeza Encinas.

En los informes del GIEI del 15 de septiembre de 2015, del 24 de abril de 2016 y del 8 de abril de 2022. El primero es prácticamente el contrapunto de la verdad histórica de la PGR, rechazando que en el basurero de Cocula hayan sido incinerados los estudiantes. El segundo se basa en que las evidencias encontradas en el río San Juan, de donde según la PGR, se obtuvo una bolsa negra de plástico con restos humanos, fue sembrada por Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación. Y el tercer informe del GIEI es la revelación de un video filmado por la Marina con un dron, donde se ve a elementos de la Marina en el basurero de Cocula, entonces considerada como escena del crimen; aunque se trata de inducir que están manipulando el lugar, ni el GIEI, ni la Comisión de la Verdad ni la Unidad Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa han aclarado qué pasó ese día en el basurero de Cocula y qué hacían ahí los marinos.

Los informes preliminares de la CNDH son el Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015; el segundo, Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala, del 14 de abril de 2016.

El 11 de julio de 2016 presentó el Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida.

El 18 de junio de 2018, la CNDH dio a conocer su cuarto reporte preliminar titulado: Identidad de La Rana o El Güereque, presunto partícipe en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Equívoca detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez. En este documento, el órgano autónomo hace una narrativa del “grave” error de la PGR en este caso al haber detenido a un inocente como probable partícipe de los hechos; tiene gran significado sobre el derecho a la verdad que corresponde a las víctimas de los trágicos sucesos de la noche de Iguala y sobre su derecho de acceso a la justicia. Todos estos trabajos de la CNDH culminaron con la recomendación 15VG/2018 Caso Iguala, que especialistas, abogados y periodistas plantean como la investigación más acabada de los hechos ocurridos hace 8 años en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas (confirmado que están muertos); 6 personas ejecutadas, y al menos 40 lesionados, entre los que está el joven normalista Aldo Gutiérrez Solano, que vive desde entonces en estado vegetativo.

Andrés Becerril