Les pagan la maestría y ahora son vigilantes; pega política de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.

Como parte del proceso de profesionalización de su personal, en el año 2017 el Senado pagó 3.1 millones de pesos para financiar la maestría al menos a 35 de sus empleados, a fin de especializarse en Administración Pública, pero las políticas de austeridad generaron que 14 de ellos fueran despedidos y otros enviados de manera provisional a otras áreas, como la vigilancia en puertas de acceso.

Hace unas semanas, Excélsior informó que a partir de septiembre, cuando comenzó la LXIV Legislatura, el Senado realizó las nuevas contrataciones de personal, entre ellas de algunos que terminaron sus estudios, incluso se quedaron en el nivel bachillerato, pero ocupan puestos que les permiten ganar salarios superiores a los 80 mil pesos y asumir funciones de asesores, sin tener los conocimientos necesarios.

En 2017, el Senado ofreció a sus empleados una maestría en administración pública, impartida en sus instalaciones por los académicos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

De acuerdo con el contrato firmado el 12 de junio de 2017, entre los representantes del Senado y del INAP, “el costo total del programa ‘Maestría en Administración Pública’ asciende a la cantidad de tres millones 937 mil 500 pesos y que corresponde a un total de hasta 35 participantes”.

Detalla que el Senado aportó tres millones 150 mil pesos, “en una sola exhibición, mediante depósito bancario a la cuenta que el INAP indique a través de su representante legal”, en tanto que los 787 mil 500 pesos restantes fueron absorbidos por el INAP, “por concepto de servicios educativos”.

Y de acuerdo con la Convocatoria, el costo total del programa para cada uno de los alumnos “será de 105 mil pesos. Los aspirantes que resulten seleccionados podrán solicitar al Senado de la República el otorgamiento de una beca de hasta 60% del costo del programa”.

De esta manera, detalla que el Senado cubrirá el costo de 63 mil pesos y el empleado 42 mil pesos. “El monto a cargo del aspirante seleccionado deberá ser cubierto por éste en la forma y plazos que se le notifiquen al momento de su matriculación”.

La maestría concluyó el pasado 12 de abril e, incluso, se realizó una ceremonia en el salón de la Comisión Permanente, a la cual acudió el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Monreal Ávila. Sin embargo, ya para ese momento, 14 de ellos ya no eran formalmente trabajadores del Senado, porque fueron dados de baja.

Con base en la información proporcionada a Excélsior, ocho de ellos entregaron una carta a los órganos de gobierno del Senado, con la que piden la oportunidad de volver a trabajar en el Senado.

La baja de estos elementos tuvo dos momentos principales. Los que tenían el papel de asesores legislativos y administrativos concluyeron sus contratos todavía con la LXIII Legislatura, por tratarse del cierre de Legislatura; otro grupo de ellos, entre quienes estuvieron los relacionados con la estructura institucional, con puestos de subdirector, jefe de Departamento y director de Área, fueron liquidados ya en el proceso de la LXIV Legislatura. Hasta ahora, sólo una de los 14 despedidos ha logrado reincorporarse al Senado.

Entre los nombres más conocidos, por el trabajo que realizaron, están Heliodoro Luna Vite, quien trabajó en el Instituto Belisario Domínguez, y José Alberto Maciel Solís, quien fue el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores África.