Trump desafía a la justicia de nuevo

WASHINGTON.— Mientras fue presidente, Donald Trump destruyó, se llevó e incluso tiró por el inodoro documentos de la Casa Blanca. Era frecuente que evitara usar el conmutador de la Casa Blanca y que, para comunicarse, usara su propio teléfono celular o los de sus colaboradores.

Esas acciones, las cuales han despertado un nuevo interés a partir de la investigación de la Cámara de Representantes sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio, han planteado la pregunta sobre si la actuación de Trump relacionada con el incumplimiento de las normas también constituye un delito.

La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara señaló que, al parecer, la gestión de documentos realizada por Trump representaba “transgresiones importantes” a la Ley de Archivos Presidenciales y anunció una investigación al respecto.

La oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos habló con el Departamento de Justicia sobre los procedimientos de Trump para proteger los registros luego de que descubrieron que, al dejar el cargo, se había llevado más de una docena de cajas de archivos presidenciales. The Washington Post informó que algunos de estos documentos estaban etiquetados como “ultraconfidenciales”.

Además, el uso de teléfonos celulares para tratar asuntos oficiales ha dejado grandes vacíos en los registros oficiales de la Casa Blanca en torno a sus llamadas del 6 de enero de 2021, cosa que dificulta los trabajos de los investigadores para construir un historial preciso de lo que estaba haciendo durante el asalto.

También podría estar infringiendo la ley si no conservó el historial del teléfono celular ni lo entregó a la oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos.

Una falla que ven muchos expertos en la Ley de Archivos Presidenciales es la falta de un mecanismo sólido para aplicarla. Aunque Trump podría ser acusado de otro delito por su tendencia a destruir documentos, si este hecho fuera parte de un intento de obstaculizar las investigaciones.

Según un estatuto de obstrucción, ahí habría una responsabilidad, pero en ese caso serían fundamentales los hechos y el contexto”, señaló David H. Laufman, exabogado del Departamento de Justicia que supervisó la investigación relacionada con el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

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