Se salva hijo de Bachelet de juicio por corrupción
El hijo de la presidenta chilena fue sobreseído por la justicia de una investigación abierta hace tres años y que significó un duro golpe para el gobierno de su madre

SANTIAGO DE CHILE
La Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Rancagua revocó este martes un fallo de primera instancia y sobreseyó de forma definitiva a Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en el llamado Caso Caval, después de tres años de investigación.
El tribunal, tras escuchar alegados de las partes, acogió un recurso presentado por la defensa de Dávalos y anuló una resolución del Tribunal de Garantía de Rancagua, que el pasado 18 de diciembre rechazó, por cuarta vez, una solicitud de sobreseimiento, por considerar que no había claridad sobre la participación o no del hijo de Bachelet en los hechos investigados.
En la audiencia de hoy, la defensa de Dávalos reiteró que después de tres años de investigación, no había sido imputado formalmente por los delitos de tráfico de influencias, lavado, revelación de secreto, uso de información privilegiada y negociación incompatible de los que le acusó la Fiscalía a comienzos de 2015.
Se acoge la solicitud planteada por la defensa del imputado Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, dictaminándose por ende a su respecto, el sobreseimiento definitivo de la presente investigación en relación a los ilícitos antes mencionados", señala el fallo de la Corte en su parte resolutiva.
El caso se refiere a una compra de terrenos que serían urbanizados en la localidad de Machalí por parte de la empresa Caval, de la que Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, es socia y está imputada formalmente por delitos tributarios.
El negocio, que tuvo cuantiosas ganancias, fue financiado con un préstamo de 6 mil 500 millones de pesos chilenos, cerca de 9.7 millones de dólares, que concedió personalmente a Caval el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic.
Con esos recursos se compraron los terrenos, que después se vendieron por más de 9 mil millones de pesos, unos 13.5 millones de dólares.
El caso provocó a comienzos de 2015 la renuncia de Dávalos al cargo de director sociocultural de la Presidencia, que ostentaba en el Gobierno de su madre.
Tras conocerse el caso, la aprobación de la presidenta se desplomó y se mantuvo en niveles del 20 por ciento hasta hace pocos meses, cuando empezó a remontar, ya en las postrimerías de su mandato.
A la salida del tribunal, Dávalos leyó una declaración en la cual calificó a la Fiscalía de la región de O'Higgins de corrupta, mentirosa e indecente y anunció una querella por filtraciones y otras irregularidades que a su juicio se cometieron en su contra.
Agregó que pasaron tres años y que hasta el día de hoy no ha sido formalizado y menos aún acusado.
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