Gobierno chino planea el renacimiento de su nación

PEKÍN, 13 de noviembre.– El Partido Comunista Chino (PCCh) está decidido a incrementar progresivamente el papel del mercado en la economía para alcanzar el “gran renacimiento de la nación” y garantizar su propia supervivencia como organización política.

El Tercer Pleno del 18 Comité Central del PCCh, que se cerró ayer tras cuatro días de reunión en Pekín, acordó una hoja de ruta de reformas para la próxima década que pasa por otorgar un papel “decisivo” a los mercados, reformar la administración y asignar derechos de propiedad a los campesinos sobre la tierra.

La cúpula dirigente estableció también las líneas rojas que no pretende traspasar. “Lo más importante es persistir en el liderazgo del partido”, se lee en el documento programático, que hace hincapié en el papel “preponderante” del Estado en la economía y el “socialismo con características chinas”.

El presidente, Xi Jinping; el primer ministro, Li Keqiang, y los otros 370 dirigentes de más alto rango de PCCh se reunieron a puerta cerrada desde el sábado pasado hasta ayer en el hotel Jingxi, un edificio de estilo soviético al oeste de Pekín. Tras las deliberaciones, ayer en la tarde publicaron un comunicado ambiguo, lleno de retórica administrativa, que traza los principios generales para reformar ámbitos tan dispares como la economía, la cultura, la defensa, la administración, la agricultura o el sistema impositivo.

Los efectos de estos cambios se harán sentir poco a poco, a lo largo de varios años, conforme los diferentes estratos del gobierno vayan precisando e implementando las políticas concretas. Las reformas progresivas son una de las señales de identidad de China desde que en 1978 Deng Xiaoping dejó atrás las campañas ideológicas del maoísmo para abrazar una vía más práctica de desarrollo, poniendo en marcha la locomotora de creación de riqueza más veloz que haya conocido la humanidad. “Cruzar el río pisando las piedras”, gustaba decir el hombre fuerte del régimen en aquel momento decisivo.

El objetivo final de la hoja de ruta fijada ayer por el Partido Comunista es “hacer realidad el sueño del gran renacimiento de la nación china”, un concepto invocado por Xi Jinping y por la mayoría de los líderes asiáticos desde Sun Yat-sen, que implica recuperar la posición de mayor economía mundial que tenía el país en la era preindustrial. Si el plan tiene éxito, la nación asiática podría resarcirse así finalmente de la humillación colonial sufrida a manos de Occidente durante el siglo XIX y principios del XX.

Sólo dos medidas concretas emergen por encima de los principios estratégicos enunciados por la cúpula dirigente: la creación de una comisión central para vigilar la implementación de las reformas y el establecimiento de un consejo de seguridad nacional. La primera podría tener una importancia capital. “En el pasado, eran los propios ministerios los que tenían que reformarse a sí mismos”, explica Dang Guoying, investigador de la Academia China de las Ciencias Sociales. “La creación de esta comisión refuerza el control central, lo que podría ayudar a vencer los obstáculos de los grupos de interés”, razona.

En el ámbito económico, el programa da una de cal y otra de arena. Por un lado, apuesta por “otorgar más derechos de propiedad a los campesinos”, “mejorar los mecanismos de fijación de precios por parte del mercado”, “eliminar las barreras de acceso para los inversionistas”, “acelerar la construcción de zonas de libre comercio”, fomentar “la libre elección del consumidor” y establecer una “competencia justa” entre las firmas privadas y públicas.

La reforma de la tierra era una de las más esperadas. Bajo el régimen actual, la propiedad de los campos de cultivo es colectiva. Los labradores explotan los terrenos con una especie de contrato de cesión de 30 años. No pueden vender, ni hipotecar, ni alquilar su parcela, lo que limita las opciones financieras para dar el salto a las ciudades.

Legalmente, además, la situación de los campesinos es muy frágil. Las autoridades locales –ávidas de ingresos y de proyectos industriales e inmobiliarios– han expropiado las tierras de decenas de millones de familias en las últimas décadas (16% de la población lo ha sufrido en carne propia, según un reciente estudio de la Universidad Tsinghua). Estas operaciones, condimentadas habitualmente con la corrupción y la violencia de los dirigentes locales, son la principal causa de disturbios en el país.

Por otro lado, los líderes defienden el papel “primordial” que debe seguir jugando el gobierno en la economía. Hay que “perseverar en el desarrollo de la economía estatal”, incrementando la “influencia, el control y la vitalidad de lo público” e “impulsar la mejora y la modernización de las empresas estatales”, establece el documento programático.

No es la reforma que esperaban los economistas liberales, ni los activistas pro derechos humanos. “La clave será ver hasta qué punto el Estado se retira y deja más espacio al mercado”, afirma Wang Fuzhong, economista y profesor de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Pekín. “Yo no veo ningún movimiento de reforma concreto”, opina. Las declaraciones aperturistas y reformistas de los líderes en el pasado no siempre han estado acompañadas de resultados concretos.

Otro de los puntos clave de la hoja de ruta es la reforma de la Administración. Consciente del resentimiento acumulado por gran parte de la población debido a la corrupción y los abusos de la clase dirigente, el Partido Comunista apuesta por un gobierno más limpio, eficiente y cercano a los ciudadanos. El comunicado propugna “la transparencia en los presupuestos” de los diferentes niveles del gobierno –un ámbito donde ya se han dado algunos pasos–, “luchar contra la corrupción”, “profundizar en la reforma del sistema judicial”, “mejorar la protección de los derechos humanos”, y “profundizar en la reforma del sistema impositivo”.

En este último punto, el documento defiende la necesidad de asignar ingresos tributarios a los niveles de la administración que tienen las responsabilidades de gasto. Hasta ahora, los municipios, que están a cargo de muchos servicios públicos, se veían obligados a financiarse a través de la venta y recalificación de tierras, una fuente de corrupción y tensión social por las expropiaciones.